Lo que no sucede en la capital pasa inadvertido hasta en la periferia, especialmente en el terreno político. Esa es la razón principal de que los líderes autonómicos acudan periódicamente a Madrid a espetar un discurso en cualquier foro propicio; esbozan unas cuantas obviedades con pretensiones de originalidad para aparecer junto al ministro de guardia en la crónica complaciente que al día siguiente publicará la prensa amiga. La caja de ahorros provincial solía financiar el ágape posterior y la estancia de los invitados en el hotel madrileño de lujo con cargo a su obra social, y al día siguiente, una vez desaparecidos los últimos vapores destilados, todos volvían al terruño con un importante dolor de cabeza y la satisfacción del deber cumplido.
Esa venía ser, a grandes rasgos, la aportación anual del líder autonómico al debate político desde una perspectiva aproximadamente liberal. Sin embargo, hay ocasiones en que las franquicias locales de los principales partidos toman decisiones de calado, que implican un fuerte compromiso con las ideas y cuestionan, de paso, la esclerosis desnortada de su partido matriz.
Tradicionalmente ha sido el PP madrileño el que ha impulsado medidas en defensa del libre mercado, de acuerdo con el ideario liberal que antes solía defender el Partido Popular. Ahora hay que anotar también entre las delegaciones sospechosas de liberalismo a la filial murciana, cuyo Gobierno regional ha impulsado un programa de reformas que tiene como eje central la liberalización de la economía y la eliminación de trabas burocráticas para favorecer el desarrollo de la actividad empresarial.
Esta pequeña revolución política ha pasado inadvertida en los grandes medios, pero el decreto de liberalización supone un claro compromiso de los dirigentes del PP murciano con ideas y principios que no gozan precisamente de gran predicamento en la sede nacional.
En Murcia hay ya libertad de horarios comerciales, y los empresarios gozan de numerosas ventajas para instalar su negocio. Entre ellas, y tal vez la más importante, la eliminación de farragosos trámites burocráticos relacionados con el talibanismo medioambiental, que convertían la puesta en marcha de cualquier actividad económica en una carrera de obstáculos capaz de llevar al suicidio al cuerpo técnico del Alcoyano.
La reforma legal pretende dinamizar la economía y crear empleo a través de la simplificación administrativa, la bajada de impuestos y la disminución del peso del sector público. No está claro que Rajoy vaya a situar también esos principios elementales en el centro de su programa para esta legislatura (si es que se inicia), pero al menos cabe constatar un hecho relevante: en la defensa del libre mercado, el PP madrileño ya no está solo.