No voy a relatar cómo viví el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. No tiene la menor relevancia. Los sentimientos pertenecen a la intimidad de cada individuo y exponerlos de forma pública, además de supone un exhibicionismo gratuito tiene, en mi opinión, algo de pornografía emocional. Cada uno interioriza los dramas como puede y los integra en su experiencia vital según su educación y su concepción de la moral. A nadie más le interesa.
Pero el caso del asesinato del joven concejal de Ermua tuvo una relevancia política que sí es necesario destacar, sobre todo cuando diez años después de su asesinato tantas cosas han cambiado en España.
Durante las horas que transcurrieron entre su secuestro y su asesinato, España entera se echó a la calle. No tiene tampoco ningún mérito. Es la reacción mínima que un acto de estas características debe provocar en una nación que no haya abandonado hasta el último vestigio de decoro colectivo. Los políticos, todos, fueron interpelados por los ciudadanos que pagamos sus sueldos para que se pusieran de acuerdo en algo tan elemental como es acabar con una banda terrorista. La protección de vidas y haciendas de sus ciudadanos es la principal obligación del Estado, pero aquí tuvo que morir cruelmente asesinada una persona en la flor de la vida para que la clase política empezara a plantearse la necesidad de hacer su trabajo. Da vergüenza ajena admitirlo, pero así fue.
Cuando los líderes políticos acudieron esos días al País Vasco para sumarse a las movilizaciones populares, entre ellos los nacionalistas digamos moderados, la gente les abría un pasillo y les aclamaba. No era un gesto espontáneo de agradecimiento ni de aprobación. Era más bien, según yo lo viví, una forma de exigir a los políticos que además de las "condenas enérgicas" tras cada atentado, empezaran a trabajar unidos para acabar con una banda de delincuentes.
Sólo dos partidos interpretaron correctamente las señales de hastío colectivo que el pueblo llano les lanzó durante aquellos dos días y actuaron en consecuencia: el PP y el PNV, aunque por motivos y con resultados completamente opuestos como es bien conocido. En cuanto al PSOE, su ambición de poder es tal que años después protagonizaría el mayor espectáculo de esquizofrenia moral ofrecido hasta el momento por una organización democrática, Mientras proponía un pacto global para aislar a los terroristas de las instituciones, negociaba con sus representantes con vistas a no desperdiciar los réditos electorales de un final dialogado de la violencia cuando llegara al poder.
No es lícito aprovechar la lucha antiterrorista con motivos electorales, dicen. ¿A quién se le ocurrió semejante majadería? Por supuesto que se puede rentabilizar electoralmente el hecho de que un partido presente un expediente brillante de firmeza frente al terrorismo. Es algo que está al alcance de cualquiera, también del PSOE, especialmente ahora que está en el poder. Si los socialistas prefieren el diálogo con los terroristas y el desprecio a sus víctimas como estrategia política son muy libres también de presentarse a las próximas elecciones con esa "conquista" en su haber. Quien sabe si pueden salir beneficiados; ha cambiado tanto España que los mismos que hace diez años exigían seguir en una dirección, ahora se felicitan de que el Gobierno apueste por la contraria. Al final, votar al partido de Miguel Ángel Blanco va a resultar, antes que una decisión política, una cuestión de decencia cívica.