Lo que más llama la atención de las conversaciones grabadas por el ex líder del PSOE ibicenco es la naturalidad con que los participantes hablan de comisiones ilegales. Uno tiene una experiencia más bien limitada en la captación de convoluttos, pero se supone que cuando se habla de estas cuestiones debe fingirse cierto asquito por lo que se está perpetrando. Sin embargo, esta gente habla del asunto como si se tratara de los estados financieros de una empresa multinacional y el destino que se va a dar a los beneficios anuales. Todo con mucha naturalidad, ya digo.
Lo más sustantivo de este escándalo es que nos permite confirmar la recuperación de unos modos de hacer política que creíamos superados desde que el Capitán Khan nos devolvió a Roldán, después de su heroica captura siguiendo las órdenes precisas de Juan Alberto Belloc.
Cuando el PSOE era "El Partido", a mediados de los ochenta, esto de adjudicar obras y suministros a los empresarios afectos a la causa era una cuestión asumida con total sencillez en la mayoría de organismos. Cualquiera que haya trabajado durante los ochenta en la administración, incluso en algún departamento remoto como fue mi caso, sabe perfectamente de lo que hablo. Lo más llamativo de aquella época era que, en efecto, igual que en este caso destapado en Ibiza, el contratista en cuestión no se lo llevaba crudo por el afán de enriquecimiento típicamente burgués, sino para contribuir a mejorar la sociedad; y qué mejor forma de hacerlo que a través de "El Partido", llamado por la Historia a salvar a los pobres de su ominoso destino vital.
Luego llegó Borrell con su entrañable petición a los contratistas para que dejaran de pagar comisiones ilegales, suceso inédito en los ministerios de obras públicas del Occidente civilizado, y la lluvia de convoluttos comenzó a amainar. Con la llegada del nuevo socialismo propuesto por ZP, parece que las cosas empiezan a ser como antes, es decir, como deben ser, con la administración como un terminal financiero del partido de turno.
Por supuesto, la corrupción urbanística afecta a todos los partidos instalados en algún centro de poder. Pero lo que les distingue es que mientras unos realizan el chanchullo conscientes de su condición vil, otros lo hacen convencidos de que contribuyen al triunfo del progreso, fin último que justifica todos los medios.
En las provincias desafectas, principalmente Madrid, Valencia y, especialmente, Murcia, el discurso del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas se basa en la denuncia masiva de supuestos casos de corrupción del Partido Popular, algunos de ellos, es cierto, con ciertos visos de verosimilitud. Mas no parece que la trama ibicenca contribuya a esmaltar la campaña de regeneración moral emprendida por los socialistas periféricos. O igual sí. Recuerden la estrategia del PSOE madrileño cuando el tamayazo echándole la culpa de todo al PP, que casi les sale bien. Apuesto a que antes de cuarenta y ocho horas don José Blanco anuncia públicamente que todo esto de la corrución en Ibiza es cosa de la derecha. Extrema, por supuesto.
