A lo largo de las próximas semanas, se aprobarán en la Asamblea Legislativa Plurinacional las leyes que regularán a las principales instituciones de la democracia boliviana. Una vez más se pone a prueba el concepto de democracia verdadera. Aquella que define esencialmente a un sistema de poder limitado y distribuido en diversas entidades, tanto a escala nacional como departamental y local.
Generalmente, confundimos la democracia con una de sus características: las elecciones de autoridades a través del voto popular. Sin embargo, tan importante como el hecho de elegir a las autoridades mediante el sufragio es el conjunto de reglas que limitan el ejercicio del poder por parte de estas autoridades.
Esto es el sistema democrático: un conjunto de instituciones que evitan la concentración del poder, que lo distribuyen y lo desconcentran para proteger el bien más preciado de una sociedad, la libertad y la vida de los ciudadanos que la componen. Un sistema en el cual, al mismo tiempo que gobierna la mayoría, se protege el derecho de las minorías, atropellado inevitablemente por la tiranía en la que degenera toda concentración del poder.
Por eso, las leyes relativas a la organización del órgano electoral, del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, del régimen electoral, del marco de las autonomías, que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, definirán si se consolida en Bolivia el sistema ‘chavista’ de fachada democrática, en el cual aparentemente existen las instituciones que caracterizan a una democracia, pero que en los hechos están controladas por el Ejecutivo mediante un sistema de elección que asegura que quienes están en el poder tengan el control de las personas que dirigen a estas instituciones.
Todo indica que éste es el camino que estamos siguiendo. Las leyes correspondientes están siendo tratadas sin mayor debate en la Asamblea, y en su contenido está claramente establecido un diseño de control total del poder por un solo partido. El MAS ya domina los poderes Ejecutivo y Judicial, y pretende tomar en los próximos meses el Judicial y el Electoral.
En estas condiciones, los ciudadanos y las minorías no tienen instancias ante las cuales acudir cuando sienten que sus derechos son atropellados por el poder. Peor aún, sienten que la democracia desaparece como el sistema por el cual resolvemos pacíficamente nuestras diferencias, debido a que las elecciones pierden credibilidad, y la alternancia democrática se vuelve una quimera imposible de alcanzar.
En este contexto, una de las pocas fuentes de equilibrio que queden serán las autonomías departamentales y municipales, debido a que incluso en aquellas dominadas por el MAS inevitablemente se desarrollarán nuevos liderazgos y nuevas demandas de descentralización del poder que resistirán el proyecto totalitario y serán los espacios en los que se preservará la democracia, en su pluralismo y diversidad. Por eso es que la autonomía no es sólo un sistema para administrar mejor el Estado, es el camino a la libertad democrática que debe caracterizar a una sociedad de hombres y mujeres libres.
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