Vaya espectáculo que dieron los médicos madrileños tras protagonizar cinco semanas de paro en contra del plan de reforma de gestión de hospitales y centros de salud de su comunidad. Lo cierto es que durante todo ese tiempo se arrogaron el derecho de convertir nuestros centros de atención primaria y hospitales en búnkeres privados en defensa de los privilegios de que gozan como funcionarios. Y así privaron a los madrileños de su derecho a la atención sanitaria pública.
Con el mantra de "Lo público es lo mejor", y queriendo hacernos creer que la huelga era para defendernos del monstruo privatizador, callan verdades que no dejan bien parado al sistema sanitario español. Lo cierto es que tenemos el peor acceso a la atención sanitaria especializada. En el Euro Health Consumer Index 2012, España ocupa el puesto 33 (de 35 países) en accesibilidad, y en el ranking general de sistemas sanitarios europeos el 24 (de 34).
Luego de la aprobación de la ley de acompañamiento en la Asamblea autonómica, los médicos especialistas madrileños anunciaron que desconvocaban la huelga indefinida. Así las cosas, el Servicio Madrileño de Salud procederá a adjudicar contratos para la gestión de seis hospitales y 27 centros sanitarios de atención primaria, el mayor plan de gestión de público-privada puesto en marcha en España. Desde una perspectiva europea, el plan madrileño no asombra a nadie más que a los españoles, ya que en la mayoría de los países europeos la gestión público-privada es la norma desde hace ya muchos años.
Pasada la ola de agitación, es hora de dar un paso más. Para ello es necesario alejarse de los discursos demagógicos y comprender en qué consiste la colaboración público-privada. Primero hay que señalar que existen distintos tipos de gestión público-privada y, sobre todo, muy distintos objetivos que cubrir. Esto último es muy importante, ya que determinará las características de la gestión. Básicamente, los objetivos pueden reducirse a dos: 1) hacer más eficiente la función pública y 2) empoderar a los ciudadanos. El primero no tiene, en sí, nada que ver con el segundo, si bien ambos se pueden combinar.
Lo más común es que, en tiempos de crisis, se busque pasar del monopolio estatal de la gestión sanitaria a la gestión privada, para ahorrar dinero; es decir, se busca un gestor más eficiente. El riesgo en este caso es que se pueda deteriorar la calidad del servicio. Por eso hay que ser exigentes a este respecto e insistir en la importancia de los requisitos relativos a la calidad y el rendimiento, pues el paciente sigue estando cautivo de un monopolio. Con el sistema de licitación el Estado delega su monopolio, a no ser que exista libertad de elección por parte del paciente, como ocurre en Madrid.
Ahora bien, cuando el objetivo es empoderar a los pacientes, hay que convertir a éstos en la instancia que decida quién va a recibir el dinero, como ocurre con todo producto que se ofrece en un mercado (si bien en este caso sin competencia de precios y con demanda subsidiada). Al existir una oferta variada, el consumidor irá seleccionando a quien ofrezca los mejores servicios. Esto implica un gran esfuerzo en pro de la total transparencia informativa, para que el paciente pueda actuar como un consumidor informado. Además, ha de asegurarse la libertad de empresa, para que exista una verdadera competencia entre los proveedores (este no es el caso de Madrid).
Una empresa siempre buscará maximizar sus ganancias, la pregunta es cómo. Maximizar la ganancia con un monopolio puede conducir a que la oferta sea muy deficiente, por lo que el financiador ha de plantear exigencias muy estrictas y tomarse muy en serio las funciones de control. Habiendo una amplia oferta y libertad de elección, será finalmente el paciente el que descarte al mal gestor. De ahí que se creen incentivos para que los gestores presten los mejores servicios y consigan atraerse el mayor número de clientes. Esto no de da en el Objetivo 1.
El Objetivo 2 es el mejor desde el punto de vista social, ya que en él tanto el gestor como el consumidor buscan maximizar sus beneficios, lo que conduce al establecimiento de un acuerdo de máximos y no de mínimos, a diferencia de lo que puede ocurrir cuando el Estado y las empresas quieren sólo reducir costes: entonces, ese acuerdo de mínimos puede acabar afectando negativamente a la calidad del servicio (sanitario, en este caso).
Una de las grandes ventajas de la reforma basada en la gestión público-privada es que permitirá no solo la sostenibilidad del sistema sanitario, sino establecer un sistema de contratación de los profesionales basado en la meritocracia, y retribuir a los mismos en función de sus resultados. También hace posible que médicos y enfermeras abran sus propios centros sanitarios de atención primaria o especializada, con la garantía del Estado como financiador (también ejercerá de regulador y controlador). Esta sería la mejor forma de dar la vuelta a la mala imagen que de sí mismos han dado médicos y enfermeras no solo en España, sino en el extranjero.
Finalmente, queda la gran tarea de modernizar y hacer más eficiente el sector sanitario que siga bajo gestión pública. Lo más recomendable es la transformación de los centros médicos y hospitales en empresas autónomas de propiedad pública, regidas por criterios empresariales de eficiencia y flexibilidad en sus formas de gestión y contratación. Pero para eso probablemente se deba ganar una nueva Batalla de Madrid contra el egoísmo corporativo y la defensa de los privilegios asociados al estatus funcionarial.