En el proceloso panorama político español, en el que ningún despropósito adicional parece que vaya a sorprender, ha surgido como por ensalmo, con ocasión de la celebración institucional del aniversario de la Constitución, un nuevo caso capaz de epatar al ciudadano más avisado. El ministro Wert, aludiendo a las feroces críticas que nacionalistas y socialistas han lanzado sobre su proyectada reforma de la enseñanza obligatoria –los unos porque prevén la fisura de su totalizante sistema de inmersión lingüística y los otros porque creen arrumbado su ilusorio método para aparentar la igualdad de todos los españoles mediante el expediente del aprobado general–, citando a Miguel Henández, señaló: "Como el toro me crezco en el castigo".
El verso –que los más creyeron prosa y que se publicó originalmente en 1936 como parte de un soneto que figura en la colección de poemas de El rayo que no cesa– fue interpretado por lo más granado de la clase política opositora como una genuina manifestación del rancio nacionalismo español y, como tal, como una cutre provocación a quienes se consideran a sí mismos progresistas y garantes de los valores democráticos. Triste apreciación ésta del poeta revolucionario; parece como si se quisiera anular, para hacerlo real, el valor metafórico de esos otros dos versos en los que Hernández se confiesa "marcado por un hierro infernal en el costado"; como si se quisiera emular a la policía salazarista que lo detuvo en Portugal o a quienes, ya en España, acabaron encerrándolo en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde murió.
El episodio ha servido, además, para evitar la molesta discusión acerca del ruinoso estado de nuestra educación; un estado al que condujo la reforma educativa de 1990 y que se hizo manifiesto una década más tarde, cuando las primeras generaciones de la ESO llegaron a la universidad. Los indicadores más llamativos del asolado sistema de enseñanza que aún está vigente son los que se refieren al fracaso escolar y al bajo nivel de conocimientos que se adquieren en las aulas españolas. Recordémoslos.
El fracaso escolar, o si se prefiere el abandono prematuro de los estudios por parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años, no dejó de aumentar a lo largo de la década de 2000 hasta llegar, en su año final, al 31,2 por ciento; un porcentaje éste sólo superado por Malta y Turquía, que más que duplicaba el promedio europeo, situado en el 14,4 por ciento. A nadie sorprenderá, por ello, que al acabar esa década sólo el 61,2 por ciento de los jóvenes españoles de entre 20 y 24 años hubieran cursado y acabado, al menos, el bachillerato. Por cierto, que la proporción que acabo de mencionar era cinco puntos porcentuales inferior a la de diez años antes y estaba 18 puntos por debajo de la media europea. La que algunos consideraron como la generación mejor formada de la historia de España iba en franco retroceso gracias a un sistema educativo nada exigente en el que se estaban gastando alrededor de 5.500 euros por alumno todos los años, dilapidándose así una buena parte de tales recursos. Esto último lo tenemos bien cuantificado gracias a un estudio de Ángel de la Fuente y Juan Francisco Jimeno que ha publicado recientemente Fedea. En él se señala que el coste del fracaso asciende a 2.121 euros por alumno, con lo que se han volatilizado casi cuatro de cada diez de los euros que el Estado se ha gastado en la enseñanza secundaria.
Pero eso no es todo. Además, los conocimientos que exhiben nuestros escolares dejan mucho que desear. Los informes PISA de la OCDE, referidos a los estudiantes de secundaria, a los que ahora se añaden las pruebas Pirls y Timss para los de primaria, dejan bien claro que, en promedio, el nivel de los conocimientos y competencias adquiridos por aquellos es inferior al que alcanza el conjunto de los países más desarrollados. Más aún, esos informes y pruebas señalan que tal resultado no es obra, principalmente, del grupo de alumnos más retrasados, sino sobre todo de lo exiguo del número de los más adelantados. La élite escolar es, en España, muy pequeña, y lo que más llama la atención es la gran extensión de la mediocridad que impregna los resultados de nuestro sistema educativo. Por cierto, que la cuestión de la lengua vehicular de la enseñanza no es ajena a esto último, pues, como dejó meridiano un estudio de Ferran Ferrer, Òscar Valiente y José Luis Castel que publicó la Fundació Jaume Bofill en 2008, en el caso de Cataluña los alumnos castellanohablantes obtenían, en la valoración de sus conocimientos, puntuaciones significativamente inferiores a las de los catalanoparlantes, lo cual señala los efectos discriminatorios que, a la postre, se derivan del sistema de inmersión lingüística.
Son estos asuntos los que aborda la que, con justicia, puede ser denominada revolución Wert, que empezó en la regulación de las universidades, tal como señalé en un artículo anterior, y ahora se adentra en el sistema de enseñanza obligatoria y postsecundaria. Una revolución que se basa, sobre todo, en el sentido común, que recoge la experiencia de los mejores sistemas educativos del mundo y que pretende restaurar la exigencia de esfuerzo y conocimientos entre nuestros escolares. Una exigencia que va de la mano del respeto a los profesores –y también de la mejor formación de éstos–, de la realización de pruebas externas de nivel para cerrar los ciclos educativos –y para justificar, de paso, la expedición de los correspondientes título acreditativos–, de la introducción de sistemas de evaluación de los centros de enseñanza, asociando a sus resultados los incentivos al profesorado, y también, cómo no, del respeto a los derechos de elección lingüística que se contienen en las leyes y han sido aclarados reiteradamente en las sentencias del Tribunal Supremo en las que se resuelven las demandas interpuestas por los ciudadanos que, además de haber sido discriminados, han tenido el mérito de revolverse, exigiéndolos, contra sus gobernantes autonómicos.
Es triste ver un país que agota sus energías en discusiones estériles para eludir abordar sus problemas más acuciantes. Tal es lo que está pasando con la revolución Wert, cuando, en vez de entrar a modelar las mejores maneras para atajar la ruina del sistema educativo, el debate público se desvía hacia cuestiones que, si se cumplieran las leyes, estarían ya resueltas. Pero ya sabemos que nuestros políticos gustan de alimentar los recelos y que su comportamiento responde a la pauta que dejó escrita el juez en el sumario sobre el asesinato de Santiago Nasar, "de su puño y letra y con la tinta roja del boticario", según relata Gabriel García Márquez en su Crónica de una muerte anunciada:
Dadme un prejuicio y moveré el mundo.