El mantra del "pacto fiscal" se ha convertido en el tópico recurrente con el que los nacionalistas catalanes reafirman su esencia identitaria cada vez que ésta puede verse en entredicho en virtud del pragmatismo que impera en su política práctica. El último ejemplo nos lo ha dado Artur Mas, hace poco más de una semana, cuando, para compensar el apoyo parlamentario de CiU a los planes reformistas del Gobierno, se ha despachado declarando a Le Monde que, si ese pacto fuera rechazado, "Cataluña podría perfectamente ser un Estado independiente dentro de la Unión Europea".
Son interesantes estas declaraciones porque, en ellas, se desgranan todos los tópicos que forman parte del cansino discurso nacionalista: por una parte, la apelación al agravio de los catalanes revestido de déficit fiscal, de manera que se alega que éste supone entre el 8 y el 9 por cien del PIB regional y, de paso, se sugiere que las dificultades financieras de la Generalidad viene de lo mucho de Cataluña paga a España, pues "si fuéramos independientes, tendríamos entre 10.000 y 15.000 millones de euros más"; por otra, la inevitable comparación con Alemania, en cuyo Estado Federal, se dice, "el déficit de los länder está limitado al 4 por ciento", para a continuación afirmar que eso mismo «es lo que nosotros queremos»; y, finalmente, la idea de que la sublimación del autogobierno constituye una condición necesaria para la continuidad del desarrollo económico, singularmente en estos tiempos de crisis, y por ello resulta ineludible declarar que "Cataluña es una nación y debe tener derecho a decidir su futuro".
Conviene someter estos tópicos al análisis y al contraste empírico. El del tamaño del déficit fiscal no resiste el primer embate, pues de acuerdo con las estimaciones que publicó en 2008 el Instituto de Estudios Fiscales, su cuantía es del orden del 6,5 por ciento del PIB si, como recomienda la sensatez metodológica, se calcula bajo el prisma de la "carga-beneficio"; o sea, si se tienen en cuenta por una parte los impuestos que soportan realmente los residentes en un territorio y, por otra, los beneficios que esas mismas personas obtienen del gasto público.
Pero más allá de la cifra concreta a la que se llegue, lo verdaderamente relevante es el hecho de que cualquier déficit fiscal se ve compensado siempre por un superávit comercial. Y así, según nos informa el Instituto de Estadística de Cataluña en sus últimos cálculos de la Contabilidad Regional, en 2010 el saldo comercial de la región con el resto de España sumó 12.162 millones de euros; o sea, una cantidad equivalente al 5,8 por ciento del PIB catalán.
El lector no debe sorprenderse de que esto sea así, pues ello no es sino el resultado de una identidad contable, de manera que los países o las regiones que disponen de una sólida posición exterior —y por ello exportan más bienes y servicios de los que importan— siempre presentan un flujo financiero negativo, del mismo modo que las economías menos competitivas —que saldan su comercio con más compras que ventas— siempre registran un saldo financiero positivo por la sencilla razón de que alguien de fuera tiene que poner los dineros que se necesitan para pagar ese exceso. Y como Cataluña es una de las regiones más industriosas de España, nadie debiera asombrarse porque venda más que compre y tenga un saldo fiscal negativo.
¿Nadie? Bueno, es claro que a Artur Mas lo que acabo de señalar sí le asombra. Este político catalán, como tantos otros de su cuerda nacionalista, responde al prototipo que, hace ya muchos años, en las páginas finales de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, describió John M. Keynes como el de "los hombre prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, … (que) oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás … (y) son generalmente esclavos de algún economista difunto". No hay que ser un lince para comprender que, en este caso, el economista difunto, el mal escritor académico, no es otro que el que fuera catedrático de economía política en la Universidad de Barcelona, don Ramón Trias Fargas, pues no en vano da su nombre a una de las fundaciones vinculadas con Convergencia Democrática de Cataluña.
En efecto, fue Trias Fargas el que, en su Introducción a la economía de Cataluña, publicada en 1972, después de recordar a sus lectores que «por definición … a un superávit en la balanza comercial ha de corresponder u déficit en alguna de las otras cuentas», hizo una pirueta intelectual para afirmar que, en el caso de Cataluña, «parece que el superávit de mercancías —que, por cierto, él estimó en el 3,6% del PIB para 1967— es más que compensado por el déficit de las otras cuentas, y queda, al final, un déficit general, más o menos grande, en nuestra balanza con el resto de España». Naturalmente, después de esta cabriola no podía esperarse otra cosa que la instauración de los dos fundamentos doctrinales de carácter económico que el nacionalismo catalán ha venido repitiendo desde entonces: el primero señala que ese desequilibrio metodológicamente imposible pero cuantificable según la particular invención estadística de su autor, "priva a Cataluña de fondos para autofinanciarse"; y el segundo afirma que "Cataluña podría subsistir sola".
Pero dejemos el incorrupto legado intelectual de don Ramón Trias Fargas —tan venerado, sin saberlo, por sus epígonos, los actuales dirigentes del que fuera su partido— para adentrarnos en la cuestión de si, además del agravio español, existe otro cuando se compara a Cataluña con las regiones alemanas. Convivencia Cívica Catalana, la meritoria asociación ciudadana que opone in situ las virtudes democráticas a los excesos totalitarios del nacionalismo, acaba de publicar un informe que viene muy bien para elucidar este asunto. Se titula Mitos sobre el déficit fiscal catalán: comparación de Cataluña con los länder alemanes; y en él se muestra que, en Alemania, «los mecanismos de nivelación interregionales no incorporan en absoluto ninguna limitación en las balanzas fiscales de los länder del 4%». Además, esa restricción del 4% del PIB, tan cacareada por los nacionalistas catalanes, no se menciona «en ninguna sentencia judicial del Tribunal Constitucional ni en artículo alguno de la Constitución alemana». Y, para corroborarlo empíricamente, el informe recoge, a partir de los datos del Statistiches Bundesamt Deutschland y de la Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen, las estimaciones para 2005 del déficit fiscal de Hessen (10,1 por ciento del PIB), Baden-Württemberg (9 por ciento), Hamburgo (7,4 por ciento), Baviera (6,7 por ciento), Nordrhein-Westfalen (2,4 por ciento), Schleswig-Holstein (1,6 por ciento) y Rheinland-Pfalz (0,9 por ciento). Unos déficit fiscales que, lógicamente, financian los superávits que contabilizan Bremen, Sarre, Baja Sajonia, Berlín, Mecklenburg-Vorpommern, Turingia, Brandenburgo, Sajonia-Anhalt y Sajonia.
Las conclusiones de Convivencia Cívica Catalana, no por demoledoras, son menos ciertas. Y con ellas me quedo: «es falso que el déficit fiscal de los länder alemanes esté limitado al 4 por ciento de su PIB como afirman destacados dirigentes de CiU; … también es falso que Cataluña tenga más déficit fiscal que los länder alemanes». Por ello, recuerdan los autores del documento, es exigible «a los políticos que nos representan honestidad intelectual» para que «no falseen la realidad en beneficio de sus intereses partidistas y electorales».
Llego al final, pues en el extremo de todo esto no está sino la idea de que, para que el progreso de la sociedad y de la economía hermosee los hogares y haga más apacible la vida de los catalanes, es necesario profundizar en el autogobierno como si existiera un «dividendo económico de la descentralización». Andrés Rodríguez-Pose, catedrático en la London School of Economics, ha dedicado un extenso programa de investigación a este asunto, con análisis empíricos de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Brasil, China, India, México y, naturalmente, España. Es posible que, algún día, con más espacio disponible, dedique un artículo a explicar a mis lectores los pormenores de estos interesantísimos trabajos. Pero, por ahora, baste con señalar que las ventajas económicas de la descentralización no aparecen por ninguna parte y que el desarrollo económico de las regiones, aunque no se ve impedido por la progresión en la autonomía de sus gobiernos locales, tampoco se ve impulsado por ella. El autogobierno no es, por ello, la panacea del bienestar.
El Sr. Buesa Blanco es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.