Contemplar retrospectivamente la trayectoria independentista del Partido Nacionalista Vasco en los albores del siglo XXI mientras se observan los acontecimientos separatistas en Cataluña constituye un ejercicio no exento de interés. Parece como si la historia se estuviera repitiendo una vez más, tal vez como tragedia, tal vez como farsa, a la manera que, en El 18 brumario de Luis Bonaparte, Marx atribuyó a Hegel. En ambos procesos encontramos los mismos elementos, aunque su orden cronológico los diferencia de forma evidente. En Euskadi, Ibarretxe se adentró en la secesión para hacer honor al Pacto de Lizarra que su partido había firmado con ETA, toda vez que su predecesor en la presidencia del Gobierno vasco –José Antonio Ardanza– había renunciado a hacerlo, y de paso a la Lehendakaritza. Y para ello, una vez reelegido en los comicios de 2001, empleó toda una legislatura para dar forma al Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, comúnmente denominado Plan Ibarretxe, que el Parlamento vasco aprobó en su última sesión de 2004. Se trataba del texto jurídico que había de arbitrar la separación de España para dar lugar a una nación independiente, y que en febrero de 2005 sería abrumadoramente rechazado por el Congreso de los Diputados. Nada parecido se encuentra en el procés català, en cuyo arranque hay que anotar una confusa consulta independentista municipal realizada en 2009 –el mismo año en el que el nacionalismo vasco emprendió el camino de vuelta, una vez derrotado y apartado del poder en la conducción del País Vasco–, aunque el pistoletazo de salida se diera al año siguiente, cuando el Tribunal Constitucional enmendó del estatuto de autonomía pergeñado entre Pasqual Maragall, Artur Mas y José Luís Rodríguez Zapatero. El procés se concibió fundamentalmente como una extensa campaña de propaganda en la que los tópicos del nacionalismo, con su promesa de enriquecimiento para los catalanes, toda vez que la independencia habría de librar a Cataluña del expolio español, afloraron en un sinnúmero de manifestaciones populares y declaraciones institucionales. Una campaña que habría de culminar en un referéndum de independencia para dar paso, una vez establecida ésta, a la redacción de una Constitución republicana.
Por cierto, que, en el curso del Plan Ibarretxe, una vez expresado el rechazo del Parlamento español, también se planteó un referéndum –en el año 2008– que habría de realizarse de acuerdo con una norma aprobada al efecto por la Cámara de Vitoria. El caso es que esa Ley de Consultas fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y ello impidió la convocatoria correspondiente, toda vez que Ibarretxe no se atrevió a contravenir su sentencia. Digamos también que el lehendakari tampoco fue capaz de arriesgarse a ir a la independencia por la vía de los hechos, para lo que le hubiese bastado publicar su Estatuto Político en el boletín oficial de la comunidad autónoma, tal como estaba previsto en la propia norma. Pero en Cataluña el referéndum sí se realizó –ilegal, camuflado y sin la menor garantía democrática– el 9 de noviembre de 2014. Es cierto que ello no satisfizo las necesidades de legitimación del secesionismo catalán y que, por tal motivo, sus promotores tuvieron que improvisar una realimentación del proceso convocando las que se pretendieron como unas "elecciones plebiscitarias", cuya celebración tuvo lugar casi un año más tarde.
Las elecciones plebiscitarias también estuvieron presentes en el caso de Euskadi, pues cuando Ibarretxe, en aquella soledad casi radical con la que se enfrentó a la votación del Congreso de los Diputados, vio cómo se rechazaba su Estatuto, decidió convocarlas para el 17 de abril de 2005. Esta fecha marcó un hito muy relevante para el partido sabiniano, pues el retroceso experimentado por el PNV –que se presentó coaligado con Eusko Alkartasuna– resultó ser el comienzo del camino hacia la pérdida del poder, lo que ocurriría cuatro años más tarde, y también de la hegemonía del nacionalismo, pues no le quedó otra posibilidad que depender del apoyo parcial de los epígonos de ETA, entonces representados por el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El paralelismo con el caso catalán es obvio, pues en las elecciones de 2015 –de cuyo carácter plebiscitario parece haberse olvidado su promotor– el partido de Artur Mas resultó arrasado y su poder minorado, quedando en manos de una coalición precaria cuya capacidad de sacar adelante la acción legislativa está siempre pendiente de la Candidatura de Unidad Popular –una especie de Batasuna a la catalana–.
En Euskadi, el momento decisivo para la independencia llegó, como he señalado, en 2008. El PNV no se atrevió a llevar adelante la ruptura y emprendió la ruta de retorno, en la que se pasó cuatro años apartado del poder y cuatro más contestado en su hegemonía por el partido de ETA –EH Bildu–, principalmente en Guipúzcoa, de manera que sólo en 2016, tras las elecciones autonómicas, vio restaurada su posición tradicional. Para ese momento había repudiado la independencia y renovado su discurso reclamando para el País Vasco la condición de "nación foral" –o sea, de territorio privilegiado dentro de España, pues la foralidad sólo es posible si la nación se subsume como grupo diferenciado en la estatalidad española, como marca la tradición de las Leyes Viejas–, aclarando para su parroquia que dentro de la Unión Europea no es posible arbitrar secesión alguna y que a lo que cabe aspirar es a renovar, con progresos en el autogobierno, el Estatuto de Gernika dentro del marco de la Constitución española.
En Catalunya ese instante rotundo parece que vaya a llegar en los próximos meses. ¿Será entonces un déjà vu de lo acontecido hace casi una década en el País Vasco? ¿Se verá cómo los nacionalistas se encogen ante el insondable abismo que se abre ante ellos? Son muchos los que apuestan a que así ocurrirá, y entre ellos no faltan quienes gobiernan España. Pero sería preferible atenerse a los precedentes, y éstos no son los de la caballerosa retirada de los vascongados sino los de la vociferante turba de los separatistas conversos que han tomado como por asalto las instituciones del Principado.