La sociedad está de acuerdo con Bono en que la clase política está cada vez más alejada de sus representados. De hecho, según el último sondeo, es el tercer problema para los españoles después del desempleo y los problemas económicos.
De ahí que la apreciación de Bono sea muy oportuna en el sentido de señalar la necesidad de reformar la ley electoral para acercar a electores y elegidos, lo cual contribuiría a prestigiar a la clase política. Bono incluso va más allá de las listas abiertas, y propone el sistema del Reino Unido con el fin de establecer un mayor vínculo entre el votante y el diputado. Se trata como él mismo aclara, de abrir la puerta a cualquier otro sistema que otorgue "más autonomía a los electos".
Con una reforma de la Ley Electoral se podrían evitar acciones políticas como la promulgación de leyes no respaldadas mayoritariamente por los ciudadanos, y a las que para su aprobación se ha impuesto con eficacia la disciplina de voto por las "cúpulas" de los partidos a los demás miembros. Pero mientras llega esta reforma, algo habrá que hacer en el corto plazo, al menos para cuestiones trascendentales.
Un caso flagrante de la desconexión entre representantes y representados es el proyecto de ley de aborto, que Bono no sólo pasa por alto, sino que apoya a pesar de la oposición de la mayor parte de la sociedad. Y es que en el caso de este mal que es el aborto, y así debe siempre calificarse, el Gobierno actual pretende imponer por ley a la sociedad su reconocimiento como derecho, lo que por lógica implicaría el fomento de su práctica, al propiciar su aceptación social, lo más grave que ha acontecido en el s XX según Julián Marías. Otra cosa no debe esperarse del revestimiento legal del aborto, que, de delito, pasa a calificarse como derecho. Este rotundo vuelco legal modifica radicalmente el contenido y la configuración del principal derecho fundamental de todo ser humano: su derecho a la vida, incurriendo en un claro caso de inconstitucionalidad, al estar reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Constitución debe respetar. Por otro lado, se trata de un proyecto de ley sobre el aborto que desde que salió a la luz pública ha dividido a las fuerzas parlamentarias, a instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, y sobre todo a los ciudadanos, que en todo caso, se manifiestan mayoritariamente en contra de este proyecto en multitud de sondeos (éste, éste, éste o éste son algunos ejemplos). No nace pues del consenso, ya que hasta para su elaboración se convocó un Comité de Expertos formado exclusivamente por miembros pro abortistas y algunos incluso con intereses en la propia industria del aborto. Nace por tanto de una clara voluntad de imposición contraria al espíritu democrático. Voluntad que el Gobierno no manifestó hasta entrada ya su segunda legislatura, después de haber rechazado la posibilidad de introducir una reforma a la ley vigente en el programa electoral con el que concurrió en las últimas elecciones.
Siguiendo las declaraciones del entonces presidente del Gobierno y candidato a la reelección, su programa electoral: "sólo propondrá abrir una reflexión", al considerar que siendo tan "sensible" la ley que regula el IVE (aborto), ésta sólo debe modificarse si cuenta con un amplio consenso social y político. Efectivamente, la sociedad mayoritariamente ha demostrado que no está de acuerdo con acometer la reforma del aborto en los términos en los que ha sido hecha. Por el contrario, sí existen encuestas realizadas por organismos expertos como el Instituto de Política Familiar que recomiendan la importancia de acometer reformas a favor de la vida en aras de reducir el número de abortos. Todos estos son argumentos que ponen en evidencia la imposición a la sociedad de una ley formalmente apoyada por una mayoría escasa de los políticos del Congreso (a quienes en el PSOE no se les ha dado la libertad de votar en conciencia en un asunto moral tan grave como éste) pero distanciada de los intereses de la mayoría de los ciudadanos a quienes representan. Para estos casos excepcionales, como es el del aborto, y en espera de que una reforma de la ley electoral pueda acercar más a los políticos a la voluntad de sus electores, existe un mecanismo que podría corregir desviaciones antidemocráticas extraordinarias, y es el del referéndum. Se trata de un procedimiento excepcional, pero también lo son las circunstancias que rodean el proyecto legislativo del aborto.