La muerte del fiscal Nisman, además de la pérdida invaluable de una vida, es una catástrofe institucional. Este sismo político ha puesto en riesgo nuestro sistema de convivencia. Los legos en asuntos policiales no podemos discernir si se trata de un homicidio o de un suicidio inducido, pero en cualquier caso sabemos que ha sido una tragedia azuzada por poderes ocultos y siniestros.
Independientemente de quiénes hayan sido los culpables de la inducción o del homicidio, el Gobierno kirchnerista ha sembrado todos los vientos para que esta muerte represente un momento de incertidumbre, falta de confianza y falta de seguridad. Han colonizado parte de la Justicia con ardides de punteros, con prebendas y con desinformación, ya sea para comprar a los leales o para amedrentar a los independientes. Han perseguido a los periodistas de investigación con las agencias impositivas, con el espionaje más brutal, incluso en complicidad con Gobiernos extranjeros. Han protegido sus actos de corrupción con una cadena de operaciones mediáticas, manipulación de los organismos de seguridad, expulsión de funcionarios probos y falsificación de los centros de medición. Han pervertido todos los mecanismos de control del delito. En este pantano de irregularidades se produce la muerte del fiscal que acababa de arriesgarlo todo para denunciar un posible pacto de impunidad, venal y traicionero, entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la República Islámica de Irán.
Cualquiera que haya atendido a los principales productos mediáticos oficialistas desde la masacre de la redacción de Charlie Hebdo en París hasta la muerte de Nisman habrá notado que las plumas y los micrófonos subvencionados, a través de la corrupción, por el erario público difamaban a los dibujantes asesinados y minimizaban la barbarie de sus asesinos; tomaban partido tibiamente por los fundamentalistas y atacaban ferozmente la libertad de expresión. Es en ese contexto, precisamente, de alianza con dictaduras como la iraní y de desprecio por democracias como la francesa en el que se produce esta muerte catastrófica.
Por supuesto que no es lo mismo el contexto que la muerte: si sólo se tratara de la corrupción, de la colonización de parte de la Justicia y de la persecución a los disidentes, eso no implicaría al Gobierno en la muerte de Nisman. Pero sí lo implica en la incertidumbre absoluta que vive nuestra sociedad en este momento. Porque han logrado que la palabra oficial no valga nada. Han dejado de ser garantes del Estado de Derecho.