ZP es el mayor constructor de España

Como lo oyen. El presidente del Gobierno debería sustituir su segundo apellido, Zapatero, por el de Promotor. No es ninguna broma. La Administración Pública está decidida a salvar las ruinas del sector inmobiliario español inyectando fondos públicos e impulsando la construcción de infraestructuras y vivienda protegida. Es decir, usted, ciudadano, no sólo tendrá que cumplir puntualmente con el pago mensual de su hipoteca, sino que además se verá obligado a sufragar con sus impuestos la abultada deuda crediticia que acumulan las inmobiliarias españolas.

Si no quieres lentejas, toma dos platos. Zapatero, haciendo un uso irresponsable de parte de sus ingresos como trabajador, se ha convertido de facto en el mayor constructor del país y en uno de los más importantes de Europa. ¿Cómo? Hagamos cuentas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, ha puesto en circulación 5.000 millones de euros (casi 1 billón de las antiguas pesetas) para avalar la titulización de préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda protegida (VPO). Tales créditos, que se agotaron en el mismo momento de su emisión, servirán para financiar la salida al mercado de casi 30.000 pisos públicos en el presente ejercicio.

De este modo, sus impuestos, presentes o futuros (a través de la emisión de deuda pública) servirán para pagar la casa de su vecino. Pero tal cuantía tan sólo es el comienzo. Si se descuentan los cerca de 10.000 millones de euros en préstamos que el Gobierno pretende inyectar a las pymes, Zapatero pondrá a disposición de los promotores otros 25.000 millones de euros para facilitar la compra de VPO en 2009 y 2010.

Y todo ello con el objetivo de cumplir la promesa electoral de construir 150.000 vivienda protegidas al año. Más de la mitad de los pisos que se iniciarán anualmente en España durante los próximos ejercicios, según las previsiones que manejan los expertos del sector. Así, el rescate inmobiliario de ZP esconde, en realidad, la cuasi nacionalización del parque residencial español a lo largo de la presente legislatura. Además, el Ejecutivo pretende impulsar la construcción de obra pública mediante la inyección de miles de millones de euros en la licitación de infraestructuras de toda índole.

Si a ello sumamos el denominado Plan Renove para rehabilitar viviendas e infraestructuras hoteleras, cuyo coste alcanza los 5.000 millones de euros en créditos del ICO en 2009 y 2010, así como la intención de adquirir los terrenos sobrevalorados que acumulan las constructoras, la factura de dicho plan alcanzará, sin duda, cifras desorbitadas. Y todo este despilfarro ¿para qué? ¿Para salvar a un sector en crisis que se ha enriquecido de forma artificial gracias a la burbuja inmobiliaria de la última década? ¿Para evitar la sangría de trabajadores en paro que está provocando el derrumbe de una industria improductiva? ¿Para seguir fomentando el consumo y el endeudamiento extremo cuando, precisamente, lo que necesita la economía nacional es fomentar el ahorro y saldar cuanto antes las cuentas pendientes con los bancos?

Dos apuntes a modo de conclusión. El plan de créditos e inyecciones públicas a fondo perdido ideado por el Ejecutivo no conseguirá, en ningún caso, mantener a flote el sector inmobiliario nacional, sino que, además, hundirá por muchos años el mercado de la vivienda residencial.

En su denodado esfuerzo por salvar el cuello a algunos empresarios irresponsables y poco previsores, el fomento de la VPO tan sólo servirá para depreciar, aún más, el valor de la vivienda libre, poniendo a su vez en serios aprietos a todos aquellos ciudadanos que quieran poner su piso a la venta con el objetivo de saldar deudas e incluso obtener beneficios. Es decir, degradará más, si cabe, la riqueza patrimonial de muchos españoles que gracias a su trabajo y esfuerzo han adquirido un piso en propiedad. Tales efectos también se extenderán al mercado del alquiler de la vivienda libre, puesto que la Administración también pretende impulsar el arrendamiento de VPO.

La intervención pública en el mercado residencial agravará las consecuencias de la profunda crisis inmobiliaria que padece España, posponiendo en tiempo y forma el deseable ajuste de precios y oferta de pisos que, por sí sólo, se está encargando de aplicar el mercado. Olvídense, pues, de las recién caídas Martinsa o Colonial. El nuevo referente del sector inmobiliario español tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Promotor.