España, en general, es un país donde abunda la pillería, pero también la irresponsabilidad, ya que no somos muy dados a admitir los errores propios y sí, en cambio, a echar balones fuera y buscar chivos expiatorios, a culpar a los demás de nuestros males y penas. El pueblo español tiene, sin duda, muchas virtudes dignas de mención, pero la madurez que implica asumir las consecuencias últimas de nuestros actos, ya sean estos conscientes o involuntarios, no es, por desgracia, una de ellas. La presente crisis es una buena prueba de ello.
Familias, empresas y sector público vivieron de prestado, muy por encima de sus posibilidades, durante los felices e irreales años de la burbuja gracias a la artificial expansión crediticia que impulsaron los bancos centrales; pero en lugar de exigir la supresión de la planificación monetaria y financiera, abogando por una banca libre y un dinero sólido, respetando así los principios básicos del capitalismo, son muchos los españoles que niegan la mayor, responsabilizando a los demás de lo que les pasa.
La culpa es de los banqueros, que nos engañaron y manipularon a sabiendas para que contratásemos una hipoteca que no podíamos pagar –teoría de Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ahora potencial alcaldesa de Barcelona–; la culpa es de Alemania por imponernos la austeridad e impedir que el BCE nos inunde de billetes (PSOE e IU); la culpa es de Zapatero (PP); de los especuladores, por exigirnos altos tipos de interés (prima de riesgo) sin justificación alguna (economistas de todo pelaje y condición); la culpa es del capitalismo (Podemos)...
Dicha exoneración es aún más palpable si nos referimos a casos concretos, como el de las preferentes, cuyos afectados alegan fraude y engaño, cuando el problema real de fondo residió en la insolvencia del emisor (cajas quebradas), o la estafa piramidal de Fórum y Afinsa, cuyas víctimas demandan responsabilidades al Estado por no detectar el chiringuito antes de que estallara el escándalo. Y así prácticamente con todo.
El ejemplo más extremo del "yo no he sido" colectivo de los españoles son los grandes accidentes mediáticos. La infección de la auxiliar de enfermería por el virus del ébola es el último caso. Los sindicatos sanitarios, muchos medios, políticos y buena parte de la población culpan del contagio a todos excepto a la propia técnico sanitaria, que, casualmente, ha sido casi la única en admitir su parte de responsabilidad. Según dicen, la culpa es del Gobierno por repatriar a los misioneros enfermos; de los recortes presupuestarios en la sanidad pública; de la nefasta gestión que han llevado a cabo el Ministerio y la Consejería de Sanidad de Madrid; de las farmacéuticas, implicadas en un complot internacional judeomasónico para enriquecerse mediante la extensión de la enfermedad a los países ricos u otras barbaridades del estilo...
Desmantela la sanidad pública, trae un virus mortal y no toma las medidas más básicas de prevención ¿Exterminio encubierto? #AnaMatoDimision
— Ada Colau #CodiEtic (@AdaColau) octubre 7, 2014
Gracias a los profesionales q defienden la sanidad pública frente a recortes criminales y virus mortales traídos x un gobierno irresponsable
— Ada Colau #CodiEtic (@AdaColau) octubre 7, 2014
Es decir, la culpa es de todos menos de la enfermedad en sí o de la propia auxiliar, víctima de un error o despiste al tocarse la cara con uno de los guantes tras atender a un paciente de ébola y, posteriormente, no advertir a su médico de cabecera de que había estado en contacto con el virus cuando empezó a registrar fiebre –razón por la que no se le aisló antes–. Afirmar tal extremo no significa, en ningún caso, "criminalizar" a la auxiliar, como denuncian muchos, ni quitar responsabilidad –que la tienen, y mucha– a las autoridades políticas, sino, simple y llanamente, señalar que es muy posible que el contagio tuvo por origen un accidente. Ni más ni menos.
Dada la naturaleza de la enfermedad y los numerosos factores exógenos en juego, este tipo de tragedias son muy difíciles de evitar. No en vano, desde que estalló la crisis de ébola en África, a finales del pasado año, el virus ha infectado a casi 400 sanitarios y matado a más de 200, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En unos casos por falta de protección y equipos, pero también por el uso inadecuado del material, como podría ser el caso de la auxiliar. De hecho, incluso adoptando todas las medidas de precaución pertinentes hay riesgo. Prueba de ello es que también se han producido casos de contagio entre el personal de la OMS (16 infectados y 10 muertos), pese a su elevada preparación y experiencia en este tipo de epidemias y pese a emplear los trajes más avanzados.
No seré yo quien defienda al Gobierno por la pésima imagen que está ofreciendo España y la muy deficiente gestión efectuada en esta crisis sanitaria, pero una cosa es eso y otra muy distinta culpar directamente a los autoridades políticas del contagio concreto de la técnico, cayendo así en un peligroso e irresponsable ejercicio de demagogia.
De hecho, creo que el Ejecutivo del PP cometió un grave error repatriando a los misioneros, aunque por causas diferentes a las que se suelen aducir –el hecho de que sean religiosos o los riesgos asociados al virus–, y que la ministra de Sanidad, Ana Mato, debería haber dimitido el mismo día en que protagonizó esa bochornosa rueda de prensa para explicar el contagio de la auxiliar. Sin embargo, la responsabilidad política en la mala gestión de la crisis no quita que la causa de la primera infección por ébola registrada fuera de África resida en un error humano, según indica la investigación e incluso ha reconocido la propia paciente. Negar este hecho y culpar a los demás es un claro síntoma de la irresponsabilidad general que padece España.
El gobierno no puede, después de tantos errores cometidos, cargar contra los profesionales de la sanidad pública. Debería defenderlos.
— PODEMOS (@ahorapodemos) octubre 9, 2014
No es el único ejemplo. Hay más. Hasta el momento, la investigación judicial en curso apunta al maquinista del Alvia como principal y único responsable del trágico accidente que aconteció en Santiago de Compostela en 2013, después de que la Audiencia Provincial de La Coruña estimara esta semana los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce excargos de Adif, limitando así, por segunda vez, la imputación al conductor.
Tras el descarrilamiento, la opinión pública apuntó al Ministerio de Fomento como cómplice necesario del desastre por el diseño del trazado, las insuficientes medidas de seguridad adoptadas, las balizas, la señalización, etc., de ahí que se intentara encausar a la cúpula de Adif y a algunos técnicos en el procedimiento judicial.
Sin embargo, el auto de la Audiencia es muy tajante al respecto e insiste en que las medidas de seguridad adoptadas cumplían la ley. "No existe un deber normativo que imponga un sistema de supervisión automático" de velocidad, en referencia a la ausencia de ERTMS en el trazado; "la señalización se ajustaba a la normativa" y si el conductor hubiera "prestado atención a cualquiera de ellas le hubieran permitido percatarse inmediatamente de dónde estaba y de la necesidad de disminuir la velocidad [...]", añade.
El tren, pese a quien pese, descarriló porque el maquinista entró en la fatídica curva de Angrois a casi 180 kilómetros por hora cuando el límite máximo era 80, debido a un despiste o a una imprudencia involuntaria que, por desgracia, costó la vida a decenas de personas. Y lo increíble es que muchos intenten diluir su responsabilidad cuando el propio conductor, en un acto de dignidad que le honra, fue el primero en admitir su culpa y, luego, pedir "perdón" a las víctimas.
El accidente de Spanair acaecido en 2012 en el aeropuerto de Barajas también es reseñable. Durante meses se apuntó, igualmente, a Aena, a la cúpula de la compañía, a los mecánicos e incluso al fabricante del avión como posibles culpables del accidente, pero la Justicia ha dictaminado, finalmente, que la causa de la tragedia fue un error de los pilotos, ya que no activaron los flaps y slats para posibilitar el despegue. Son numerosos los accidentes que han ocurrido alrededor del globo por este mismo motivo. Los desastres aéreos son rarezas en los países ricos, pero la cuestión es que suceden. El hombre es falible y, por tanto, el riesgo cero no existe.
El "yo no he sido" y la consecuente búsqueda de chivos expiatorios son una clara señal de inmadurez social, un infantilismo del que se aprovechan los políticos para ganar terreno y poder a la sociedad civil. No en vano, si los españoles se comportan como niños, incapaces de asumir su responsabilidad, necesitarán en todo momento del cuidado y atención de Papá Estado para decirles lo que está bien y lo que está mal y, en última instancia, protegerles de ellos mismos. Somos nosotros los que exigimos ayuda al Estado y los que nos enrabietamos con él cuando las cosas no salen como queremos.
Así pues, no es de extrañar que España sea uno de los países más estatistas de Europa, y que los españoles, a pesar de no se fiarse de los políticos, quieran darles más poder para, de este modo, no responsabilizarse de casi nada. ¿Y luego se extrañan de que los políticos no dimitan de sus cargos ante un escándalo de corrupción o una mala gestión? Dicha actitud no es ninguna anomalía, sino un reflejo más del "yo no he sido" tan característico de la cultura y la idiosincrasia española. Tenemos los políticos que nos merecemos. Mientras no cambiemos nosotros, tampoco cambiarán ellos.