En su particular balance del ejercicio que está a punto de concluir, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó el pasado viernes que si 2012 fue el año de los ajustes y 2013 el de las reformas, 2014 marcará el inicio de la recuperación económica. Por desgracia, ninguno de estos tres postulados se sustenta sobre bases sólidas. Frente a la tan manida austeridad que insiste en pregonar el PP y, por desgracia, pretende condenar el conjunto de la oposición, lo cierto es que el Estado gastará el próximo año casi 355.000 millones de euros -sin contar la refinanciación de deuda-, unos 63.000 millones más que en 2007, cuando España experimentaba los últimos coletazos del espejismo económico derivado de la burbuja crediticia. Es decir, los famosos recortes, en realidad, se han traducido en un aumento del gasto estatal próximo al 22% durante la crisis, muy similar al incremento presupuestario que han registrado las comunidades autónomas.
En cuanto a las reformas, es cierto que el Gobierno ha aprobado un ingente número de nuevas normas y enrevesadas regulaciones durante los dos últimos años, pero, una vez más, este intenso esfuerzo legislativo no se ha traducido en grandes cambios, capaces de convertir España en un lugar idóneo para atraer capital foráneo y desarrollar una fructífera actividad empresarial, factores clave para impulsar un crecimiento sólido con el que reducir de forma rápida la insostenible tasa de paro actual. La reforma laboral de 2012 supuso un indudable avance con respecto al rígido marco previo, auténtico culpable de la histórica destrucción de empleo padecida durante la crisis, pero sigue siendo insuficiente para solventar el drama del paro; la reforma financiera ha apuntalado parcialmente la solvencia de las cajas de ahorros, pero a costa del bolsillo de los contribuyentes, convirtiendo deuda privada incobrable en más deuda pública; la reforma energética ha sido una chapuza, cuya factura seguirá reflejándose en una luz cada vez más cara, con la consiguiente pérdida de competitividad económica; o qué decir de la tan cacareada reforma de las Administraciones Públicas, convertida en papel mojado antes incluso de empezar a aplicarse, por poner tan sólo algunos ejemplos. El dato más relevante en esta materia es que España, lejos de registrar una mayor libertad económica, se ha desplomado seis puestos en el último ranking mundial de facilidad para hacer negocios, hasta la posición 52, a la altura de Túnez y México. De hecho, es uno de los países de la OCDE que ha sufrido un mayor deterioro en su clima empresarial en el último año, debido, sobre todo, a la confiscatoria política fiscal desarrollada por el PP, ya que en materia de impuestos España cae de golpe 34 puestos.
Así pues, ni austeridad ni reformas. Tampoco recuperación. La economía nacional ha salido de la recesión, al igual que sucedió en 2010, pero ello no significa que vuelva a crecer a un ritmo lo suficientemente fuerte y estable como para regresar al nivel previo a la crisis a corto o medio plazo, ni mucho menos. Es posible que el PIB avance un 1% en 2014, incluso que el sector privado comience a crear empleo neto, pero aun así España afronta la recuperación más lenta y frágil del mundo desarrollado. Todo apunta a que registrará un crecimiento muy exiguo y una marginal creación de empleo durante los próximos años, y eso, siempre y cuando no se reproduzca la crisis del euro, con la consiguiente inestabilidad financiera que implicaría, lo cual no se puede descartar en ningún caso. De este modo, más que de recuperación se debería hablar de estancamiento, lo cual es muy distinto.
La razón no es otra que los dos factores citados anteriormente. Por un lado, España sigue contando con un sector público totalmente sobredimensionado, propio de una burbuja económica ya desaparecida, lo cual se traduce en un déficit y una deuda públicos de los mayores del mundo desarrollado, al tiempo que los españoles soportan el mayor esfuerzo fiscal de la Zona Euro. Y, por otro, la libertad económica, clave para poder crecer, sigue siendo una quimera. Con estos mimbres, el cesto, simplemente, no resistirá. No por casualidad, muy pocos reparan en que, si bien la mayoría de empresarios, expertos independientes y organismos internacionales coinciden en que la recuperación avanza en mayor o menor grado, todos ellos insisten de inmediato en que aún queda mucho por hacer. El Gobierno se esfuerza en destacar tan sólo la primera parte del mensaje, pero la que realmente importa es la segunda, ya que si no se acomete lo mucho que queda por hacer, la recuperación acabará esfumándose tarde o temprano.