Cuando la legislación y el Gobierno nos garantizan a todos el ejercicio de nuestros derechos individuales, podemos decir que disfrutamos de libertad, la cual sólo debe quedar limitada por los derechos de los demás, pero no por los intereses de los demás. La gente no se puede ajustar a los deseos e ideas de todos, por lo que resulta inevitable que el ejercicio de sus derechos y de su libertad nos afecta a los demás. Y para lograr la convivencia se necesitan normas que coordinen y compatibilicen los actos de la gente, pero esas normas deberían dirigirse a proteger los derechos iguales de todos y no para dirigir sus actos o sus iniciativas.
¿Qué es un derecho? Cuando hablamos de derechos individuales no nos referimos a las aspiraciones que la desprestigiada Naciones Unidas –bajo la influencia de los socialistas norteamericanos que la organizaron como el que en ese entonces fue agente secreto del Kremlin, Alger Hiss, posteriormente acusados de traición y encarcelado–, dispuso llamar derechos humanos para no usar la palabra "individual", contraria a su filosofía colectivista. Algo parecido ocurre con lo que se llegó a llamar "derechos sociales", como si la sociedad no estuviera integrada por seres humanos individuales. El nombre sociedad es sólo la designación dada al conjunto de personas, pero la sociedad no tiene cerebro, ni corazón, ni extremidades propias. La sociedad no peca, no tiene virtudes, no piensa, no duerme, no come, no actúa, no toma decisiones, y, por ello, el adjetivo social o humano a los derechos se utiliza sólo como opio para adormecer al pueblo y socavar los verdaderos derechos individuales.
Por ejemplo, el derecho a una vivienda. Poseer una vivienda es una laudable aspiración y todos tenemos derecho a obtenerla pacíficamente si contamos con los medios necesarios. Pero usted no tiene la obligación de proporcionarme una casa a mí y yo no le puedo exigir a usted que me la regale. Usted tiene el derecho a educar a sus hijos, pero no me puede exigirme a mí que se los eduque. Un caso absurdo es que, según la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, todos tenemos derecho a dos semanas de vacaciones pagadas, aunque no hayamos sido contratados como empleados y sin precisar quién tiene la obligación de sufragarlas.
Un derecho es la facultad de una persona de ejercer un acto o de disponer de algo por decisión propia, sin tener que pedir permiso o autorización de nadie. Los reglamentos y las leyes solamente se lo pueden impedir legítimamente cuando se violan los derechos de otros. El único límite aceptable a la libertad son los derechos de los demás. Por eso, para que sean aceptables y justos las leyes que limitan lo que cada uno puede hacer deberán afectar y aplicarse a todos por igual, sin excepciones, como también haber sido aprobadas con anterioridad a su aplicación. Cuando la ley o los reglamentos afectan a la gente de manera distinta, surge la discriminación, el expolio y el descontento general hacia unas normas que no merecen ni el respeto ni la aceptación general. Es decir, esa ley o reglamento deja de tener legitimidad.