Cada vez estamos más cerca de que se cumplan las previsiones de los negacionistas y que no haya sentencia sobre el estatuto de Cataluña nunca. El caso es que sus señorías han decidido cumplir las órdenes de una de las vicepresidentas del Gobierno y han cerrado el chiringuito por elecciones como cabía esperar. De hecho, y no es para disculpar a los magistrados, el principal problema que tienen ahora es que no todos los que están a favor o en contra de declarar la constitucionalidad del asunto lo están por los mismos motivos, con lo cual es fácil ponerse de acuerdo para rechazar un determinado borrador, pero no en redactar uno alternativo. Eso por un lado.
Por otro, ¿y qué más da que no haya sentencia? Dice una reportera de La Sexta que la falta de sentencia "aumenta la crispación en Cataluña"; entre los no nacionalistas, claro, porque a los nacionalistas les importa muy poco. Para empezar, esta semana el mismo Tribunal ha decidido suspender los derribos del barrio del Cabañal porque si después se anula la ley valenciana que sirve de fundamento a la remodelación del barrio, los derribos y las obras serían irreversibles o de muy difícil reposición. Eso es razonable. Lo que no es razonable es que el nacionalismo catalán lleve cuatro años legislando en desarrollo del estatuto, como si no pudiera ser anulado y como si no estuviera pendiente de sentencia. Si hoy se hubieran puesto de acuerdo los magistrados el problema no hubiera sido dejar sin efecto las previsiones del estatuto y de las normas dictadas para desarrollarlo; el problema hubiera sido que los que deben hacer cumplir eso –el Gobierno y la Generalitat– hubieran acatado mucho la sentencia, pero no hubieran cumplido ni una coma de todo lo que tuviera que ver con la lengua, la educación o la financiación autonómica. A la pobrecita de La Sexta que ha dicho que la falta de sentencia aumenta la crispación en Cataluña hay que decirle que nada impedirá a los nacionalistas seguir legislando, por muy irreversible que sea lo que hagan.
Y lo que ahora es un problema técnico derivado de la desidia y de la irresponsabilidad, mantiene la incertidumbre de cara a las elecciones. Tanto CIU como ERC pensaban que cualquier sentencia mínimamente restrictiva les iba a hacer la campaña gratis y no ha sido así. La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU, porque las cosas se apretaran más entre CIU y el PSC de lo que dicen las encuestas.
Y el problema lo sigue teniendo el PP. Que no haya sentencia le queda como un guante a Rajoy que no quiere tener opinión sobre nada. Pero les coloca en el centro de las iras nacionalistas en la campaña electoral: los nacionalistas les acusarán de que la situación de espera es culpa del recurso presentado por el PP –de hecho, eso dijo una vez Carmen Chacón– y que van contra Cataluña y toda la basura habitual. Claro, que de haberse dictado sentencia habría sido peor. Y el PP no está para defenderse. Han pasado de pedir que se anule el contenido esencial del estatuto, a pedir que se diga si es o no constitucional, que no es lo mismo. Nos vemos en el próximo rumor.