Muy preocupado debe de estar Enrique Bacigalupo para decidirse a solicitar un encuentro privado con Pedro Jota Ramírez, el periodista que durante años ha venido criticando en sus editoriales diversas actuaciones de este juez de la Sala Segunda del Supremo; ciertamente debe de estar muy preocupado para reunirse con Ramírez, aceptando las condiciones impuestas por el director del “El Mundo”, el periódico que reiteradamente ha venido pisando los talones al juez argentino; aunque es bastante inverosímil, esa reunión se ha producido; tan inverosímil como imaginar a Javier Gómez de Liaño solicitando venia a Polanco.
La ficha que ha movido Enrique Bacigalupo revela que el asunto de su pensión de privilegio le ha dejado muy tocado. Lo lógico es pensar que ese temor se debe a una mala conciencia: mientras Argentina agoniza, Bacigalupo y otros 9000 compatriotas suyos siguen siendo unos privilegiados. En el caso de Bacigalupo, este juez es doblemente privilegiado ya que también en España goza de uno de los mayores salarios públicos que un funcionario puede cobrar.
La ficha "oficial" que ha movido Bacigalupo tampoco ha resultado muy eficaz y aún no sabemos por qué. En enero solicitó la suspensión de su pensión de privilegio –que no es lo mismo que renuncia– y, sin embargo, en febrero y marzo ha vuelto a cobrar. La Seguridad social argentina anuncia que el siguiente ingreso se efectuará el 25 de abril y, al parecer, la petición de suspensión todavía no se ha formalizado y eso no se entiende muy bien. En Argentina aseguran que en menos de 24 horas un ministro argentino que deja de ser ministro tiene reconocida su jubilación especial. Y viceversa, si ese ex ministro volviera a la política, en menos de 24 horas los ordenadores de la Seguridad Social recibirían la orden de suspender esa pensión.
Bacigalupo está preocupado y con razón porque teme una investigación de Hacienda. Tampoco es imaginable pensar que el mayor experto en delitos económicos del Tribunal Supremo pudiera incurrir en un fraude fiscal. Es demasiado inteligente para meter la pata de esa manera, pero la verdad es que, por ahora, no está actuando como se podía esperar de él. Bacigalupo ha debido de declarar en España esas pensiones de privilegio y no en Argentina porque en ese país están exentas de tributos; otra injusticia más.
Los jueces deben aplicar las leyes, pero también es conveniente que tengan sentido de la justicia, algo que dudosamente será predicable de aquellas personas que se comportan consigo mismas con criterios mucho más ligeros que los que aplican a los demás. La ética pública es exigible a todos los ciudadanos pero con mucho mayor rigor a los servidores de un Estado, fundamentalmente a aquellos que tienen el máximo poder para imponer su criterio al resto. Bacigalupo acaba de sentar jurisprudencia en el Tribunal Supremo rebajando la prescripción en el delito fiscal, de 5 a 4 años.
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