Suenan las fanfarrias que celebran el fin de la unilateralidad. Se acabó lo de ir por libre. Forcadell le dijo al juez que no volvería a pasarse la Constitución por el arco del triunfo y su presencia en las listas de ERC garantiza que, en la nueva etapa, los de Junqueras actuarán en el ámbito de la ley. Puigdemont se ha puesto el traje de saco y ha ungido en su frente un grumo de ceniza. No había una mayoría suficiente, ha dicho, para proclamar la independencia por el artículo 33. Se acabaron los modos impositivos. Fin de las lentejas.
Incluso la trágica muerte del fiscal Maza en Buenos Aires se invoca como presagio de una nueva era. Él era el cancerbero de la ley, el signatario de las querellas que han llevado a la cárcel a los impulsores del desafío. El Gobierno trataba de conseguir de él, después de haberle exhibido como el cave canem del Estado, mordiscos menos expeditivos. Pero su sentido del deber estaba por encima de las mareas políticas. Él no hubiera puesto fácil el regreso al zoco de las componendas que se anuncia para después del 21-D.
Habrá quien piense que un nuevo paisaje de francachelas post electorales sería una buena noticia. El Gobierno podría presumir de haber pinchado el globo de la unilateralidad con la aguja del 155. Los socialistas, de haber evitado que el calibre de la aguja hubiera sido mayor. Ciudadanos, de haber impulsado el pinchazo en los momentos de duda. Y los comunes, de ser los encargados de atraer a la mesa de conversación a los que hasta ahora estaban enfrascados en un terco soliloquio. Junqueras les ha señalado a ellos como socios predilectos.
Siguiendo fielmente el papel que se le asigna en este nuevo paisaje, Ada Colau escribió en un tuit el 6 de noviembre: "Referéndum pactado, libertad presos políticos y retirada del 155, puntos comunes del catalanismo para el 21-D". En la misma línea, este sábado fue Elisenda Alemany, la número dos de la lista de Domenech, quien se refirió al referéndum pactado como si se tratara de una demanda irrenunciable. "Es irrenunciable no porque lo diga En Comú Podem, sino porque existe una mayoría social en Cataluña que lo avala".
Si a los impulsores de la vía unilateral se les hubiera ofrecido la celebración de un referéndum pactado a cambio de suspender la escalada independentista, el procés se habría detenido en el acto. Pero la oferta no llegó. No podía llegar si no era a costa de cargarse las prescripciones constitucionales. La única vía que quedaba para conseguirlo era la de la acción unilateral, cuya única ventaja –para los defensores de la Nación española– consistía justamente en que era un culo de saco mientras el Estado siguiera comportándose como tal.
La unilateralidad era destructiva, turbadora, caótica, cismática, temeraria, fratricida, desgarradora. Todo eso y más. Por eso era reprobable. Pero tenía una gran ventaja: era un viaje a ninguna parte. Mientras fuera la vía de aproximación a la demanda irrenunciable que según los comunes avala la mayoría social de Cataluña, el fracaso de la empresa estaba asegurado. La mejor manera de garantizar que los independentistas no alcanzaran sus propósitos era obligarles a perseverar en ese camino. Por ahí solo podían llegar a la cárcel o al exilio.
El hecho de que se anuncie el cambio de sendero no solo no es una buena noticia, sino que puede llegar a ser la peor de todas. Si el mensaje que se pone en pie a partir de ahora es que es posible pactar un referéndum entre todas las fuerzas políticas para que los catalanes puedan decidir si quieren seguir siendo españoles, el artículo 2 de la Constitución se convertirá en papel mojado y el derecho de autodeterminación quedará reconocido por la vía de los hechos. Ni siquiera aunque el referéndum se celebrara en toda España sería legítimo facilitar el ejercicio de un derecho proscrito.
No nos dejemos enredar por las palabras. Referéndum pactado significa derecho a decidir. Y derecho a decidir es exactamente lo mismo que derecho de autodeterminación. Podemos lo sabe y asume a cara descubierta que su papel a partir del 22-D será el de sumar sus fuerzas a las de los independentistas –mayoría absoluta garantizada– para que ese derecho, aun sin estar reconocido en la Carta Magna, pueda ejercerse en Cataluña lo antes posible. Ese es el peligro que nos aguarda al doblar la esquina, en cuanto se descorra el telón del 155.
Si el PSOE cae en la tentación –y me consta que le merodea– de abandonar la entente con Ciudadanos y PP a cambio de que los independentistas arríen la estelada, conviertan la República en una conquista virtual, reduzcan a una fotografía trucada la reivindicación del Gobierno legítimo y se apeen de la hoja de ruta del procés, la piedra angular del Régimen del 78 saltará por los aires y la Nación española que heredamos de nuestros padres se irá a pudrir malvas al camposanto de los recuerdos. Si ese es el precio del fin de la unilateralidad, prefiero un millón de veces seguir como estamos.