Ahora que se están poniendo de moda las divagaciones polisémicas en torno al significado de la palabra "nación", no estaría de más que hiciéremos alguna con la palabra "diálogo". Ambas expresiones están incluidas en el catálogo de reclamaciones independentistas. En concreto, lo que ellos quieren es que se les reconozca como nación, en el sentido más universal del término, el que abarca todas sus acepciones, etimológicas, sociales y jurídicas, y que además se haga de manera dialogada, de tal modo que puedan recibir aquello a lo que no tienen derecho con la anuencia de quienes no están autorizados a dárselo. Eso es lo que significa para ellos la palabra diálogo: modo cordial de conseguir que te den la razón, aunque no la tengas, o que te den lo que no pueden darte.
El concepto "diálogo", consideraciones literarias aparte, sólo puede ser una de estas dos cosas: o intercambio de ideas o afectos entre dos o más personas, o discusión en busca de avenencia. En el primer caso ya hemos tenido bastante diálogo sobre el asunto catalán. Las ideas y los afectos de los independentistas han sido expuestos hasta la saciedad y son de sobra conocidos por la totalidad de los españoles que han querido enterarse. Y los de los no independentistas, también. Bueno, más o menos. En el segundo caso, ya sabemos todos que la consecución del acuerdo que ellos pretenden es imposible. Fuera de esos dos casos, el significado de la expresión "diálogo" no da más de sí.
Sirva lo escrito hasta ahora para decirle a la alta comisionada del enredo catalán, la no tan alta Soraya Sáenz de Santamaría, que haría bien en buscar una excusa distinta para justificar su llegada al despacho que se ha hecho instalar en Barcelona. Ir a Barcelona está bien. Debería ser obligatorio, por muchos y variados motivos. Tal vez el único que no cabe esgrimir, sin embargo, es precisamente el de buscar el diálogo en una materia en la que ninguna de las partes que dialogan tienen jurisdicción suficiente. Los independentistas no pueden hacer el referéndum que reclaman porque la soberanía no es sólo suya, es de todos, y el Gobierno no puede permitir que lo hagan por la misma razón. Es lo que dice la ley de leyes. La diferencia es que unos se la quieren saltar y los otros, no. Al menos, eso espero.
El único pacto o avenencia posible sería el de cambiar la Constitución para que pase a permitir lo que ahora prohíbe. ¿Está Soraya dispuesta a hacer tal cosa? Y si no lo está, ¿para qué va a Cataluña con tanta trompetería? Sus interlocutores entienden el diálogo de forma equivocada y ventajista. Sólo acceden a él si se les garantiza de antemano que al final se van a salir con la suya. Su postura, sobradamente conocida, es que el referéndum se hará en cualquier caso, ya sea con las bendiciones gubernamentales o sin ellas. ¿Es a ese diálogo al que quiere prestarse Soraya? Si es así, adjetivemos bien la clase de diálogo a la que nos referimos. Es de sordos si los interlocutores no están dispuestos a prestarse atención, y de besugos si sus argumentos carecen de coherencia. En este caso habría que acuñar un término nuevo que englobe a ambos. Propongo diálogo de moluscos. Los moluscos también viven en el mar y son muy duros de oído.
El recibimiento que los del otro lado de la mesa le brindaron a la vicepresidenta, sin duda como gesto de una voluntad que es de todo menos buena, queda descrito en estas tres noticias que saludaron su aterrizaje en El Prat: la Asociación de Municipios por la Independencia envía cartas a más de cuatrocientos municipios de todo el mundo, incluidos varios del Kurdistán, Burkina Faso y Senegal, para mantenerles informados de la marcha del "procés". Los cinco miembros de la CUP acusados de haber quemado fotos del Rey durante la última Diada dejan plantado al juez que les investiga. Puigdemont convoca para el 23 de diciembre una cumbre con todos los integrantes del Pacte Nacional del Dret a Decidir para tejer un consenso político y social en torno a la celebración del Referéndum. Su disposición al diálogo, como se ve, es digna de museo.
Estoy seguro de dos cosas. Una buena y otra mala. La buena es que el Gobierno no cometerá la felonía de permitir que Puigdemont y su cuadrilla perpetren la ilegalidad que están maquinando. La mala es que tratará de impedirlo con el estúpido convencimiento de que los independentistas han puesto precio a su claudicación y que basta con pagar ese precio -más dinero, más competencias, menos Estado- para conseguir que se den por satisfechos. No sólo es una estupidez creerse semejante patraña, sino que además supone una injusticia mayúscula para los catalanes que aspiran a sentirse protegidos por el Estado al que pertenecen, y del que no se quieren separar, en el ámbito de sus libertades individuales. El fortalecimiento del catalanismo separador no es en absoluto inocuo. Tiene terribles consecuencias.
Debilitar el Estado significa agravar la orfandad de quienes buscan su cobijo. Hay muchos españoles, de nación catalana, que aspiran a educar a sus hijos en castellano, a rotular sus negocios como quieran, a hablar con la Administración en su lengua materna, a experimentar la eficacia de las decisiones judiciales dictadas para su amparo, a exhibir las señas de identidad que la Constitución les reconoce como propias, e incluso a aplaudir al Madrid en el Nou Camp, cuando Sergio Ramos empata un partido en el último minuto, sin que salgan los mamarrachos de turno a decir que eso es una afrenta que pone en riesgo la convivencia pacífica.
¿Cuánto tiempo hace que el Gobierno no dicta una sola norma en esa dirección? ¿Y cuánto desde que Inés Arrimadas no lleva esa clase de iniciativas al Parlament, aunque las sepa derrotadas de antemano? ¿Y cuánto desde que el PSC se desentendió de esa causa? Tal vez si el diálogo empezara por ahí, y no nos dejáramos enredar por la perversión del lenguaje, podríamos hablar de un estilo nuevo de hacer política en Cataluña. Mientras tanto sólo habrá, con toda la apariencia novedosa que se quiera, más de lo siempre.