No sé si merece la pena una palabra, cuando se trata de vituperar un prejuicio fuertemente arraigado en la sociedad. Uno empieza a estar harto de las buenas intenciones de los "creadores de opinión" desinformados, más aún que de las opiniones de los interesados y malintencionados.
Como todos los años por estas fechas -cumplido el estúpido rito de la estúpida foto de (habitualmente) dos estúpidos ante las puertas del Congreso, y no me refiero a los leones-, los medios de comunicación focalizan la información en el debate presupuestario. Y, como todos los años, cuando la economía no va bien y las cuentas son difíciles de cuadrar, tirios y troyanos dejan a un lado sus diferencias y de consuno dirigen su dedo acusador hacia los funcionarios. La Función Pública se ha convertido en el chivo expiatorio de los males presupuestarios del país; la pesada carga que lastra el desarrollo. Así las cosas, es lógico que la salvación de la economía nacional se fiara a la reducción de los sueldos de los funcionarios, de sus días de permiso y de sus vacaciones. Salvados, pues.
Nunca sería más acertado como en este asunto afirmar que los árboles no dejan ver el bosque. Es más, deliberadamente se resalta la imagen de unos pocos árboles y se pone delante de las narices para que, faltos de perspectiva, no podamos divisar la inmensidad del bosque. Porque ese es el verdadero problema del presupuesto público: unas estructuras administrativas duplicadas, triplicadas y cuadriplicadas para una misma competencia; y un sector público hipertrofiado y elefantiásico.
Interesadamente, y de modo impropio, se recurre a la sinécdoque para identificar con el todo (empleados del sector público) lo que no es más que una -ni siquiera la mayor- de sus partes (funcionarios públicos). Precisamente esta parte, además de ser el único instrumento constitucional para el ejercicio de las potestades públicas, es la única necesaria. Los únicos empleados que, conforme a la Constitución, pueden ejercer funciones públicas son los funcionarios. El Estado puede funcionar sin el sector público empresarial y sin la administración instrumental; pero de ninguna de las maneras puede existir la Administración sin funcionarios. Aquí lo que sobran son, pues, los que no ejercen funciones públicas o los usurpadores, que las ejercen al margen de la ley.
Lo que verdaderamente es una carga pesada para el contribuyente es el enjambre de parlamentarios, consejeros varios, secretarios de no sé qué, diputados provinciales y concejales; la legión de asesores ajenos a la Función Pública que sestean en parlamentos, consejerías, diputaciones, municipios, consorcios y chiringuitos varios; la miríada de empleados de fundaciones, agencias, empresas públicas, asociaciones, entes y organismos que no sirven para nada, con su piara de liberados sindicales. Ese es el auténtico problema. Esa es la clientela de la partitocracia, ese es su factor humano. Y eso es lo que sobra. Curiosamente, en Andalucía, paradigma de este modelo, se han eliminado en el año y medio de "gobienno de pogreso" 15.000 puestos de funcionarios en la educación, la sanidad y la Administración General, y, sin embargo, se han creado 5.000 en los chiringuitos de la administración instrumental.
Para legitimar ese modelo (y, en el caso de Andalucía, no sólo legitimarlo sino blindarlo ante una eventual pérdida del poder) es absolutamente necesario desprestigiar la Función Pública.
El partido socialista se volcó en la tarea desde el primer minuto de su gobierno en el año 1982. Intento que plasmaron en la Ley de la Función Pública de 1984, y del que nos salvó (ahora en la distancia vemos que milagrosamente, pues hoy, tal vez, no sería igual) el Tribunal Constitucional en 1987. Tras el paréntesis de Aznar, volvió la burra al trigal y Zapatero a sus zapatos; y, así, tenemos hoy el nefasto Estatuto del Empleado Público de 2007, donde el concepto de funcionario se difumina y hasta se proscribe. Lo que resulta llamativo es que el PP colabore mansamente en esta campaña de desprestigio y liquidación del modelo constitucional; Cristóbal Montoro le está haciendo el trabajo sucio al PSOE.
Claro, que, ¿qué gobernante no prefiere poder hacer y deshacer sin control, nombrar y cesar a capricho, y que el personal se deba no a la ley y al interés general sino al partido, y sea complaciente y tolerante con la corrupción de los jerarcas?
¿Es eso lo que desean los atenienses? Si es así, pido perdón por ser funcionario, continuaremos tomando la amarga cicuta.