Pocas cosas debe haber en este valle de lágrimas que resulten más modernas que la tradición. Así, en el noventa por ciento de los casos, las muy veneradas "tradiciones seculares" de pueblos y naciones son puros inventos decimonónicos. Meras estafas intelectuales ingeniadas hace apenas un cuarto de hora para consumo de cándidos de todo credo y condición. Por ejemplo, tan "ancestral" es la famosa falda a cuadros de los escoceses, ese taparrabos identitario diseñado por un aristócrata inglés a mediados del siglo XVIII, como los célebres "derechos históricos" del País Vasco reconocidos y amparados por la Constitución de 1978.
Y es que el "legendario" cupo vasco, origen último del guirigay de agravios comparativos que envenena la financiación de las Comunidades Autónomas, procede de un período tan lejano y perdido en la noche de los tiempos como... la Restauración alfonsina. En concreto, el chollo tributario vasco-navarro data del 21 de julio de 1876. Tal día, una ley de Cánovas resucitó ese inaudito privilegio medieval "para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas", según rezaba su preámbulo.
De ahí, pues, que vascos y navarros no aporten hoy ni un céntimo al Fondo de Suficiencia, el que articula la solidaridad financiera entre todas las regiones de España. Ni un céntimo. Nada de nada. Conviene recordarlo, ahora. Justo ahora, cuando la misma derecha que se llena la boca de entusiasmo foralista salta escandalizada por el "egoísmo" de Cataluña. Porque claro que el Estatut viola de modo flagrante los principios de igualdad, solidaridad y multilateralidad que predica la Constitución, los mimbres del consenso moral que convierte a la Nación en algo más que una simple comunidad de propietarios.
Pero lo cierto y verdad es que ni los catalanistas fueron los primeros en romper la baraja de la equidad territorial, ni tampoco han de ser los últimos, por desgracia. Repásense si no las mezquinas miserias particularistas incrustadas de los reformados Estatutos de Andalucía, Aragón o Baleares. Por no hablar de ese patético traje a medida que responde por "cláusula Camps". Sin ir más lejos.