Presa de un repentino furor filantrópico, el tripartito ansía evitar "que los inmigrantes se sientan abandonados a su suerte al llegar a Cataluña", según conmovedora confesión de cierta Carme Capdevila, consejera de Acción Social –o algo así– de la Generalidad. Al parecer, el libre albedrío es cruel penitencia que sólo los autóctonos deberían padecer. En consecuencia, los recién llegados gozarán de un "servicio universal de acogida". A cada inmigrante liberado de sí mismo merced a los cósmicos desvelos de Capdevila le será asignado, pues, un "agente de acogida".
Ya bajo custodia del agente de la condicional, acogido y acogedor procederán sin mayor demora a rellenar impresos y matrícula para "un curso de catalán a fin de adquirir competencias básicas en este idioma". Treinta y cuatro millones de euros derramará la Generalidad en el empeño; todo con tal de que "el catalán sea la lengua común y vehicular del proceso de acogida", a decir de la susodicha.
Por lo demás, y en previsión de que algún desagradecido trate de rehusar la acogedora acogida de los agentes acogedores, la Generalidad ya anda mangoneando con Zapatero que el plan suponga peaje ineludible para obtener el permiso de residencia. Una eventualidad que abriría la veda de las más sugerentes hipótesis. Por ejemplo, ¿qué deberían hacer los Mossos tras sorprender a un nigeriano residente en Almería hablando castellano impunemente en pleno casco histórico de Gerona? ¿Habría de penar su conducta en territorio catalán, debería ser extraditado a la realidad nacional andaluza o, por el contrario, procedería su inmediata repatriación a África? A saber.
En fin, "es una ley pionera", ha concluido Capdevila con palmario desconocimiento tanto de la historia de Cataluña como de la de su propio partido. Y es que la buena señora ignora la magna obra de la izquierda catalanista de Macià y Companys con aquellos primeros inmigrantes de los años treinta, por más señas, sus abuelos. Así, la Tarja d´Obrer Aturat (Tarjeta de Obrero Parado): el charnego que no la llevase encima se exponía a ser devuelto a Murcia por las bravas. O la no menos ejemplar Comissió Pro Obrers sense Treball, que ya entonces expedía certificados de "buena conducta" a los meridionales que comenzaban a llenar los arrabales de la Ciudad de los Prodigios.
Ya ve, Capdevila: nada nuevo bajo el sol.