"Cataluña asumirá bien la sentencia del Estatut", acaba de profetizar el ministro de Justicia con sorprendente, insólita rotundidad. Inaudita clarividencia la suya, toda vez que tan optimista dictamen exige dos premisas, a saber, que el Gobierno disponga ya de la sentencia, y que Zapatero haya aprendido –por fin– a conocer a los catalanes. El problema es que lo primero constituiría un delito de revelación de secreto expresamente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico; y lo segundo, un milagro.

Así, que Zapatero no tiene ni idea de cómo son los catalanes lo acredita el que pusiera patas arriba el consenso constitucional por ese papel que, al final, refrendó un irrisorio 35 por ciento del censo; que asintiera a dinamitar los cimientos mismos del Estado a cuenta de algo que no importaba a nadie. Por lo demás, el disponer ahora del veredicto del Tribunal tampoco serviría demasiado a su ministro Caamaño, que, obviamente, no ha leído el Estatut. Porque si conociera el redactado que cometió Alfonso Guerra en la Comisión Constitucional, al menos sabría que el vocablo "nacional" no sólo emerge en el preámbulo.