Es sabido que la memoria histórica de una sardina o un besugo no alcanza cuanto haya acontecido en su avatar vital mas allá de los últimos tres segundos. Auque ese fenómeno, el de la amnesia súbita, no solo se da en la zoología marina. Sin ir más lejos, con el periodismo hispano viene a ocurrir algo parecido. Repárese, si no, en todos esos fervorosos monárquicos de ocasión que ensalzan como suprema virtud del Rey el que haya sido el único representante institucional, dicen, presto a pedir público perdón por su proceder. Huelga decir que nada más lejos de la verdad. Saliendo gratis como el perejil en las fruterías, bien raro sería que nadie antes lo hubiera hecho.
Así las cosas, y tal como cualquiera puede confirmar hurgando un rato en Google, se cuentan por docenas los precedentes. Al respecto, recuerdo que, allá por 2004, cuando el Tripartito de Maragall, la consejera de Sanidad, una Marina Geli, compareció ante las cámaras de la televisión nacionalista para rogar clemencia por sus graves pecados y manifestar propósito de enmienda. La falta que la buena señora ansiaba expiar no era otra que el euro sanitario. Geli suplicó indulgencia por el primer amago de sensatez de aquel Gobierno catalán. Nos rogó misericordia tras haber tratado de lo prescrito: la realidad. Y por hacerlo incurriendo en lo impronunciable: la verdad.
Y es que a aquella gestora del PSC se le había ocurrido algo muy parejo a lo que luego harían tanto Mas como la Comunidad de Madrid: cobrar un euro por consulta médica a los usuarios. Ello con el argumento de que el sistema sanitario público iba de cabeza a la quiebra. Aún corría, vuelvo a repetir, el año 2004. Y, por cierto, ya el consumo de medicamentos de los pensionistas españoles superaba en un cuarenta por ciento al de sus homólogos en Suecia, Dinamarca, Bélgica, Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido. Lugares todos ellos donde los jubilados cooperan con algún tipo de desembolso monetario al coste de los fármacos. Asunto nada baladí si se repara en que el setenta por ciento de las recetas se concentra en ese veinte por ciento de la población española que estaba exenta de pago. Inconstitucional o no, ésa es la realidad.