El Tribunal Supremo dejó bien claro que el castellano debe ser reintroducido como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña y ordenó que la Administración educativa catalana adoptará las medidas necesarias para hacerlo posible. La inmersión en lengua catalana es una de las principales líneas rojas trazadas por el nacionalismo catalán para delimitar su campo de juego y para evitar que ninguna institución o particular, nada ni nadie, las traspase acuden a la coacción y a la manipulación.
Al cobijo de la sombra del mandaMás han florecido plataformas como Som Escola o Escola en Català, que han enviado miles de correos electrónicos y han convocado manifestaciones delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para advertir a los magistrados de que si se atrevían a saltar la raya del monolingüismo catalán corría peligro la paz social. El Parlamento catalán, por su parte, ha desafiado al Poder Judicial aprobando resoluciones en las que declaraban que el catalán sería la única lengua vehicular de enseñanza, con independencia de lo que dijeran los Tribunales.
En ese contexto, el Tribunal catalán le ha pegado un capotazo al toro y lo ha devuelto, casi entero, al Tribunal Supremo. Le ha faltado valor. Recrimina a la Administración catalana que no haya ejecutado la sentencia, pero achica seguidamente los espacios y reduce las medidas para hacer posible que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza a una enigmática “situación jurídica individualizada” que delega la forma de concretarlas en el centro donde estudien los niños de las familias afectadas. Conscientes de que la solución no es la definitiva, los magistrados sugieren en el controvertido auto que la última palabra sobre este tema la tendrá, otra vez, el Tribunal Supremo.
Al Poder nacionalista le ha faltado tiempo para tratar de confundir a la opinión pública. Tras salir con el espantajo de la segregación y de las dos líneas separadas y recordar por enésima vez a Franco, se atreven a afirmar, sin pestañear, que la inmersión lingüística ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia catalán. Falso. De hecho de los veinticuatro magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sólo uno –el que ha emitido el voto particular- ha defendido que el catalán debe ser la lengua vehicular de la educación. Los veintitrés restantes no han dicho ni una palabra al respecto y, por el contrario, han reiterado que el castellano también debe ser lengua docente en la enseñanza.
La guinda la ha puesto la valoración de la Consejera de Enseñanza. Las sentencias del Tribunal Supremo se jibarizan y quedan comprimidas por la Honorable convergente en un grotesco derecho a la atención individualizada en castellano en la educación infantil, que sarcásticamente es definido como “un mecanismo para tranquilizar a las familias”, es decir, un placebo. El engrudo, según Rigau, consiste en que: “Si tienes la sensación de que un niño no te ha entendido a la hora de explicar unas normas, en vez de hacerlo públicamente y repetirlo todo en castellano, después te diriges a él y le dices: mira, lo que queríamos decir es que, al acabar la clase, la silla se pone sobre la mesa. Son una serie de pautas y de instrucciones que se personalizan.”
Esa rueda de prensa la tiene que ver el Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que analice como la Generalitat cumple las normas educativas en Cataluña y se decida, de una vez, a modificar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación para incluir el derecho de los alumnos a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y a poner los medios para hacerlo efectivo. Así de sencillo.
El Sr. Domingo es presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado del Parlamento de Cataluña.