Nadie lo diría en España, donde proliferan los jueces-Vedettes, pero la función que desempeñan, o deberían desempeñar los jueces no debería llevarles a ser protagonistas de los medios de comunicación o candidatos risibles al degradado Nobel de la paz. No obstante hay algo de inevitable en todo ello, pues algunas de las decisiones que toman tienen consecuencias de muy largo alcance. En Estados Unidos es el caso de los nueve miembros del Tribunal Supremo. Son elegidos por el Presidente siempre que reciban el visto bueno del Senado, y tienen carácter vitalicio. De modo que, aunque paran por el refrendo de los representantes del pueblo, no están sometidos al chantaje de ganarse de nuevo el favor de los políticos. Al final, lo más importante en la elección de un juez para el Supremo, a diferencia de lo que ocurre con el Constitucional en España, no es la servidumbre incondicional al partido que lo ha nombrado, sino la filosofía personal. La concepción del derecho y de la Constitución.
Recientemente abandonó su puesto en el Tribunal Supremo Sandra Day O'Connor, lo que puso en marcha la maquinaria de Washington para elegir a su sustituto. Cuando George W. Bush ya había elegido un nombre que proponer al Senado, el de John G. Roberts, se ha producido la noticia que todos sabían que llegaría pronto: la muerte del Juez jefe del Supremo William Rehnquist. En estas circunstancias, Bush ha decidido proponer a Roberts para el hueco dejado por este último.
El último ha sido uno de los jefes del Supremo más importantes en la historia de los Estados Unidos. Ha sido la figura más relevante de lo que se llama “nuevo federalismo”, un movimiento que quiere revertir en lo posible los excesos en la cesión del poder al gobierno central (federal). La Constitución otorga un conjunto de poderes claramente definidos al gobierno federal. Hamilton, para extender el poder central aún a costa de lo que decía la Carta Magna, ideó la cínica doctrina de los “poderes implícitos”. Hamilton decía que, de algún modo, permitía tácitamente al gobierno federal los poderes necesarios para poder encargarse de servicios esenciales. John Marshall, el jefe del Supremo más influyente de la historia de ese país, aumentó el poder de dicha magistratura e hizo lo posible para dotar al Estado central de más poderes. Pero la lucha más descarnada de la Casa Blanca por arrogarse poderes que no están en la Constitución fue la que libró Franklyn D. Roosevelt. Su New Deal sencillamente iba en contra de la Constitución, y decidió luchar contra un Tribunal Supremo hostil hasta domesticarlo en el curso de los 16 largos años que estuvo en el poder. La situación no se revirtió tras la II Guerra Mundial, e incluso fue a peor, con lideratos del Supremo como los de Earl Warren.
Rehnquist entró en la casa en 1972 y se convirtió en su jefe en 1986. Su mayor contribución a la herencia legal de ese país consiste en haber frenado esa carrera de legitimación del poder central, y haber fundamentado los legítimos derechos de los Estados. Fue uno de los dos votos en contra de la decisión Roe v. Wade, que instituyó la constitucionalidad del derecho al aborto, lo que dejaba fuera de la legalidad las leyes de los Estados prohibiendo dicha práctica. El argumento de Rehnquist se dirigía contra la idea de la “Constitución viva”, es decir, que lo que dice la Carta fundamental cambia con la sociedad y sus características, lo que permite a los juices a reinterpretarla según las modas del momento, vaciándola de contenido. Es la doctrina del activismo judicial, que ha dejado la Constitución en papel mojado.
Por otro lado escribió la resolución de 26 de abril de 1995 que rechazaba la ley federal que obliga a la creación en todos los colegios de una zona libre de armas, sobre la base de los derechos de los Estados para legislar dichas cuestiones. También redactó la sentencia de 27 de junio de 2002, que dictaba que los cheques escolares no iban en contra de la separación entre Estado e Iglesia (el 96 por ciento del dinero destinado a dichos programas acaba yendo a colegios religiosos).
En los 36 años que han pasado desde que Nixon se convirtió en presidente, solo 12 han estado ocupados por presidentes demócratas. La fuerza de ese partido en el Senado ha impedido que los elegidos para el Supremo sean, en conjunto, tan conservadores como hubieran querido la mayoría de los presidentes elegidos por los estadounidenses. George W. Bush tiene la oportunidad de cambiar esa tendencia.
