LA CAMPAÑA CONTRA LA COPE

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El pasado 27 de octubre el ministro de Industria José Montilla se permitió lo que pudo pensarse que era un ejercicio de desahogo, lanzando improperios contra un medio de comunicación. Se trata de la cadena COPE, a la que acusaba de lanzar "mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación y que sólo hacen sembrar cizaña e ir contra los valores que en teoría defienden los titulares de esa cadena". A ello añadió que "eso sí me parece que no es de recibo, eso no pasa en ningún país de Europa".

Montilla se duele de que haya críticas al Estatuto propuesto por el tripartito. El ministro de Industria reconoció que pensaba que "algunos entusiastas líderes de opinión" están "levantando banderas y cavando trincheras". José Montilla identifica la falta de críticas con la responsabilidad política y social, y advierte: "otras personas" tienen la responsabilidad en la sociedad "no estrictamente política", en referencia a "los creadores de opinión, la tienen los empresarios, la tienen los líderes sociales". Todo ello por adoptar una postura crítica en relación con el Estatuto del tripartito. Hay que recordar que del ministro Montilla depende la regulación de los medios de comunicación, por lo que su ataque a un medio concreto cobró especial relevancia.

Al día siguiente, alguien utilizó el clima generado por la invectiva del ministro contra el medio de comunicación para sembrar el miedo en la cadena COPE con un aviso de bomba anónimo mientras se emitía el programa La Mañana de Federico Jiménez Losantos. La emisión se cortó durante unos pocos minutos, pero luego se retomó con normalidad, con la llamada a la calma del director de programa.

Lo que entonces se pudo ver como una declaración aislada del ministro Montilla, no era sino el primer paso de toda una serie de ellas que tienen el mismo objetivo: atacar a la cadena COPE. Le tomaba el relevo el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), de quien depende la concesión de las emisoras. Su presidente, Josep Maria Carbonell, declaró el 29 de octubre que el CAC estaba estudiando si los contenidos de la cadena COPE violaban el artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la libertad de expresión. Carbonell reveló este movimiento de la agencia, dominada por el tripartito, tras las preguntas del diputado socialista Joan Ferran, quien invitó a Carbonell a actuar contra los "predicadores políticos" y "halcones" de la COPE, iniciativa que recabó el apoyo de ERC e ICV-EA.

Carbonell tranquilizó a estos grupos políticos diciendo que en caso de que el informe de la CAC demuestre que los contenidos "violan" los mandatos constitucionales, lo pondrá en conocimiento de la Generalidad, que es quien tiene la potestad en la concesión de emisoras de FM, para que tome "las medidas pertinentes". Todo indica a que el antecedente del cierre de tres emisoras de COPE de FM por la Generalidad en mayo de 1999, cuando estaba bajo el mandato de Jordi Pujol, podría repetirse. Entonces el gobierno regional cerró las emisoras de Barcelona, Tarragona y Manresa, aunque luego se vio obligado a permitir su reapertura. No fue hasta entonces, dos días más tarde de la apertura de hostilidades contra la cadena, cuando reaccionó el Partido Popular por boca de Eduardo Zaplana, quien exigió que se retirara el informe de la CAC.

El ministro de Industria y el órgano dependiente de la Generalidad iban a contar con el apoyo entusiasta del diario El Periódico de Catalunya, dirigido por Antonio Franco. El 30 de octubre el Periódico de Cataluña pide para "la Iglesia católica que está detrás de la COPE, un desprecio activo" y asegura que “los obispos catalanes no son nada optimistas” sobre “la posibilidad de que la COPE, emisora radiofónica propiedad de la Conferencia Episcopal Española (CEE), rectifique y abandone la campaña de mentiras y descalificaciones ofensivas hacia los dirigentes políticos, económicos y sociales de Catalunya puesta en marcha con motivo de la reforma del Estatuto". Después de arengar a los obispos catalanes, el diario de Antonio Franco lanza su ataque contra tres destacados periodistas de la cadena.

De Federico Jiménez Losantos dice que es "mordaz y demagógico en sus escritos y proclamas de radio, su gran obsesión es delinear moral e ideológicamente una alternativa al poder desde su particular liberalismo ultra. Hoy, sus dianas son el presidente Zapatero, la Catalunya donde vivió y la izquierda donde militó", por lo que le acusa de actuar con "La mala fe del converso", que “se dedica sólo al periodismo incendiario".

Los otros dos objetivos señalados por El Periódico son César Vidal, que dirige La Linterna, y el director de informativos de la cadena, Ignacio Villa. Del primero dice que "alimenta el discurso de la ultraderecha que ha intentado agredir al exsecretario general del PCE Santiago Carrillo con la acusación de que ordenó las ejecuciones de Paracuellos del Jarama en 1936", pese a que el historiador y periodista no es el único que ha explicado la participación de Carrillo en los hechos.

El ataque de El Periódico de Cataluña pasa entonces de lo particular a lo general, con una invectiva sobre toda la cadena COPE, “esa inquisición”, que “con frecuencia, insulta y descalifica groseramente a quienes no piensan como ella. Con frecuencia manipula y azuza los peores instintos". En relación con la postura elegida por la cadena sobre la propuesta de Estatuto de Cataluña, declara que "no ejerce la libertad de expresión: escupe. La Iglesia católica está detrás de la COPE; deja hacer esas cosas y es culpable”, por lo que la Iglesia "merece un desprecio activo". Por si faltan ideas sobre lo que deba ser ese “desprecio activo”, se refiere a los anunciantes en la cadena, a los que llama "cornudos y apaleados. Así deben sentirse bastantes anunciantes de la COPE criticados a menudo en la emisora".

Pero Antonio Franco sólo daba voz a un boicot sobre los anunciantes de la cadena que ya se había producido desde correos electrónicos enviados desde la Generalidad de Cataluña. Un mensaje enviado por Francesc. C. (omitimos el apellido) @gencat.net el 27 de octubre, el mismo día que las palabras de Montilla, a un anunciante, dice:

ASUNTO: publicitat a la COPE

Este refuerzo desde los medios de comunicación de la campaña contra la COPE no se agota en el diario del grupo Zeta. El diario El País se suma con un editorial en el que apunta sin nombrar, diciendo que "traspasar el amplísimo territorio de la opinión para adentrarse resueltamente en los pantanos de la desestabilización de las instituciones democráticas constituye otra peculiaridad española que no tiene parangón en el resto de Europa, y en cuya práctica destaca, de forma paradigmática, la emisión radiofónica de los obispos". Apuntala la acusación de Montilla de que la cadena llama al odio con las palabras: “hemos visto en demasiados lugares el papel decisivo de los medios y de la radio en particular en la construcción del odio. Cuidado con los aprendices de brujo. La derecha está bordeando la línea roja que marca el paso de la convivencia a la confrontación y algunos medios la han pasado hace ya muchos días”.

Si por un lado se acusa al medio de comunicación de crear la división, Iñaki Gabilondo, que en breve sería la estrella del Canal Cuatro, declara "no hay nada más parecido a España que la SER" y que no recibe lecciones "de nadie" y debería "dictar clases de cómo se fabrica un país".

El ataque contra la cadena de radio, de largo alcance, llega a un episodio destacado en un hecho insólito. En el debate en el Pleno del Congreso sobre la admisión a trámite del Estatuto de Cataluña propuesto por el tripartito, Josep Antoni Duran i Lleida, dirigente de CiU, lanzó una diatriba contra la COPE. Insistiendo en el discurso fijado por Montilla, Durán dice desde la Tribuna que "La Iglesia no puede permitirse ni un día más que desde algunos de sus medios de comunicación y alguno de sus profesionales se siembre a diario el insulto, el odio y la confrontación". Dirigiéndose a la Iglesia añadió: "es momento de decir basta ya", y por si alguien dudaba del sentido de sus palabras, precisó que “Jesús distingue entre el buen pastor y el mercenario. Obligación de la Iglesia es deshacerse de mercenarios y nutrirse con buenos pastores”. En sus palabras, "los insultos que se oyen dejan muy lejos lo de cretino o necio que Jesús condenaba”. No fue el único. Joan Puigcercós, portavoz de Ezquerra Republicana de Cataluña, cargó contra los “radiopredicadores y la prensa derechista madrileña que está al servicio del PP”, a quienes acusó de fomentar "el odio contra Cataluña".

Los ataques contra la cadena COPE han suscitado una respuesta por particulares y asociaciones en nombre de la libertad de expresión. Cabía esperar que una de ellas sería la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), como así ha sido. No obstante la FAPE, dirigida por Fernando González Urbaneja, ha sido muy tibia, a la luz de otras reacciones anteriores. Urbaneja destaca que Montilla “es regulador”, por lo que “hay que ser muy prudente y muy templado, y yo creo que él no ha sido ni prudente ni templado”. Además suma que “yo creo que son unas palabras no afortunadas, que además consiguen el efecto contrario a lo que pretenden; es decir, que en vez de producir más distensión, y de hacer apelaciones a la tolerancia, a la concordia, y a la templanza, es subir la temperatura, de manera que yo creo que ha sido desafortunado”.

Esta respuesta destaca por la moderación y el buen talante con el Gobierno en ejercicio. Y contrasta con su actitud hacia el ya ex presidente del Gobierno, José María Aznar, quien criticó a la Cadena SER, sin citarla, refiriéndose al Poder Fáctico Fácilmente Reconocible. En ese momento, cuando Aznar era un ciudadano reintegrado al ámbito privado y sin capacidad ejecutiva, González Urbaneja utilizó un tono muy diferente. Dijo entonces: "... se excedió y se pasó (...) no cumplió con las tareas de ejemplaridad de un líder político hacia la sociedad". Según Urbaneja, el ex presidente "no entiende el fenómeno de la opinión pública, del periodismo y de cómo se trabaja en las redacciones". Consideró también que Aznar colocó a los medios "en la picota, en protagonistas forzados e indeseables, en una trinchera en la que no hay que estar". "No podemos ser –continuó– ni tan importantes ni tener tanto protagonismo. Somos más instrumentos, más medio que fin".

Pero también se han producido muestras genuinas de apoyo a los profesionales de la cadena. Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, declaró que "desde el Grupo Intereconomía vamos a defender la libertad de expresión de la COPE y de todos sus comunicadores, como defenderíamos la de la SER o cualquier otro medio de comunicación que la viera conculcada". Y añadió que "si van a por la COPE, a Intereconomía la encontrarán a su lado. Si quieren cerrar la COPE al día siguiente tendrán que cerrar Intereconomía". La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión no ha querido quedarse atrás, y ha denunciado en un comunicado la "auténtica campaña" contra su libertad de expresión, que reconoce "sin precedentes". La Federación ha advertido de que "Si quienes persiguen ese objetivo lo consiguiesen, quedaría seriamente dañado el pluralismo ideológico en España y nuestra calidad democrática se quedaría bajo mínimos".

La propia cadena reaccionó el último día de octubre, haciendo público un comunicado en el que advertía que "no nos van a callar ni vamos a callar". En el comunicado declaraba que "La Cadena COPE manifiesta un respaldo total a sus comunicadores y profesionales, así como a nuestros anunciantes, que están siendo objeto de acoso, insultos y descalificaciones, por el simple hecho de realizar su trabajo en libertad". Advirtió de que esta campaña se va a intensificar. En este contexto, existe el peligro real de que en alguna Comunidad Autónoma se intente adoptar una decisión política para no renovar licencias radiofónicas y ahogar así la voz de la Cadena COPE en dicha Comunidad, lo que supondría un ataque a la libertad de expresión, sin precedentes en nuestra reciente historia democrática, y a la actual legislación, que establece que las frecuencias radiofónicas se renovarán salvo falta grave, cosa que nunca ha sucedido". Esa advertencia se produjo antes de los ataques desde el Parlamento de la Nación proferidos por Durán i Lleida y Puigcercós.

Las muestras espontáneas de apoyo a la cadena provienen de distintos sitios. Los propios lectores de El Periódico de Cataluña, que pudieron comprobar el ataque ordenado por su director, Antonio Franco, reaccionaron con palabras de condena de la campaña y de aliento con la cadena. También se sumaba la CONCAPA, "agrupación que representa a más de tres millones de familias", que "defienden la libertad de expresión por encima de las presiones gubernamentales orquestadas por un Presidente que desprecia la libertad, el consenso y el diálogo, que predica pero no practica". Hazte Oír pidió en un comunicado al ministro Montilla que "rectificase sus ataques a la Cadena COPE o que, en caso contrario, dimitiese". También manifestaron su "apoyo y solidaridad a los profesionales y amigos que trabajan en la Cadena COPE ante este intento de amordazar la emisora". El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, declaró que es intolerable que alguien que tiene "competencias sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y facultades administrativas exprese esos juicios de valor", por lo que "esta demostrado que no va a ser un árbitro imparcial".

Por lo que se refiere al ámbito político, Esperanza Aguirre se mostró escandalizada por los ataques que ha sufrido la Cadena COPE, y en especial por el expediente abierto por el Consejo Audiovisual de Cataluña. Aguirre ha recordado que "la política es luchar porque aquel que más discrepa de usted pueda expresarse, eso es la libertad de expresión, lo contrario son las dictaduras". Jaime Mayor Oreja animó "a que sigan manteniendo con el mismo vigor las convicciones que están defendiendo y además sé que lo harán" pese a la "repugnante" campaña. El Partido Popular pidió la comparecencia del ministro Montilla ante el Parlamento por sus palabras contra el medio de comunicación, y más tarde, tanto Eduardo Zaplana como Ángel Acebes salieron en defensa de la cadena después de las palabras de ataque de Duran desde la Tribuna del Congreso.

Una parte de la estrategia contra la cadena pasa por el intento de que la Conferencia Episcopal de distancie de algunos profesionales. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio Cañizares, aludió a las palabras de Durán contra la cadena, que condenó "a título personal". Cañizares se expresó diciendo que "creo que una sociedad cae si no hay libertad y uno de los riesgos que tenemos en este momento es la falta de libertad, falta de libertad de expresión, religiosa, de enseñanza, de libertades verdaderas. Es necesario tenerlo muy presente y reconducir esto" y echó en falta en las palabras de Durán "que no se refiera a la libertad de expresión, que la Iglesia también debe garantizar, y que un medio propio de la Iglesia también debe garantizar, ya que es un derecho fundamental". Por su parte, el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, considera que "poco menos, no se si será un poco duro, como que estar pendiente de una caza de brujas en los medios de comunicación y particularmente en la COPE". A ello añadió desde las ondas de la cadena "Yo aplaudo a la COPE, escucho la COPE y desde luego creo que está haciendo un enrome servicio a la democracia y a la verdad".

Federico Jiménez Losantos, editor de Libertad Digital y director del programa de la Cadena COPE La Mañana, declaró en una entrevista condedida al diario El Mundo que la "estrategia liberticida en España" pasa por "liquidar a la COPE, sea asesinando a los comunicadores, sea liquidándoles civilmente, sea chantajeando a la empresa hasta que cierre". En este sentido, los ataques de Montilla estarían en la "típica táctica nacionalsocialista. Lo típico de los gobiernos totalitarios es acusar a los que quieren reprimir de lo que ellos hacen. Entiendo que es una amenaza a la Cope, a la que quieren destruir. Quieren quitarnos las emisoras en Cataluña y robárnoslas, y ya presumen de que se las van a dar al Grupo Zeta, el que más méritos está haciendo en esa tarea. El Gobierno quiere amenazar a uno de los pocos medios que le llevan la contraria, muy al estilo de Hugo Chávez en Venezuela". Jiménez Losantos ha recordado que COPE ha sido la única emisora que ha contado el hundimiento del Carmelo "o el chanchullo del 3%. Y ahí les duele. La Cope es demasiado catalana para los que quieren usurpar el nombre de Cataluña al servicio de los intereses particulares".

En esta estrategia hay varios actores. El Gobierno, por boca del ministro de quien depende la regulación de los medios de comunicación, la Generalidad del tripartito o el Partido Socialista. Pero Jiménez Losantos añade que "todo el PSOE es de Polanco. No sólo es que José Luis Rodríguez Zapatero y todos los demás le sean sumisos, es que el PSOE es suyo. Si mañana Polanco hiciera un editorial diciendo que se habían terminado las concesiones a los nacionalistas catalanes o vascos, se terminarían las concesiones. Si mañana muere Polanco y el sobrino le sucede y dice en un editorial que venga José Bono porque éstos se cargan a España, tenga la seguridad de que se cargan a Zapatero y viene Bono. El poder de Polanco sobre la izquierda española es total y absoluto". Por lo que la actitud del Grupo Prisa es especialmente significativa.

Es en este momento cuando se producen los últimos ataques a la cadena, procedentes del líder de Canal Cuatro, Iñaki Gabilondo. El director del informativo de las 9 de la cadena, ha advertido a la Conferencia Episcopal que no puede seguir manteniendo la "aparente distancia con sus estrellas". Para Gabilondo, "o la Iglesia ha perdido la cabeza o no entiende lo que pasa o merece una reprimenda de la sociedad y un día u otro la va a recibir, porque no es bueno lo que está haciendo". Es más, "la Conferencia Episcopal no está detrás de todo lo que dice la COPE, igual que Bergareche no está detrás de lo que dice Luis del Olmo, ni Polanco de la Ser, pero sí está claro que si a la Iglesia no le gustara lo que sale por su emisora, no saldría". Su conclusión es que la cadena de radio "no puede seguir en el papel que juega porque las razones y los argumentos sirven, pero no el lenguaje incendiario, porque es peligroso". Iñaki Gabilondo, que había declarado que la SER "dicta clases de cómo se fabrica un país" pero que no recibe lecciones "de nadie", ha dicho en el desayuno informativo de Europa Press del viernes, 11: "no puedo concebir que sean las emisoras de la Iglesia las que siembren la discordia y la tensión en España".

Josep Antoni Duran i Lleida acusa veladamente a los catalanes de sumarse a su campaña copecida, al decir el 11 de noviembre que ha recibido numerosos apoyos a su discurso contra la COPE desde la Tribuna del Congreso, al añadir que los mensajes de "felicitación podrían ser el 95 por ciento procedentes de Cataluña y los de recriminación y otras perlas, en un 95 por ciento del resto del Estado", dice, en referencia al resto de España. Durán ha llegado a medirse en la eficacia mutua de los mensajes contra este medio de comunicación, al pretender que sus ataques hacen "más daño" que los de Montilla.

Las declaraciones de Durán midiéndose con el ministro de Industria son del 14 de noviembre. Dos días antes, Montilla se había aplicado en sus críticas. En un foro sobre la Alianza de civilizaciones, dijo: "Son los señores Rouco y Cañizares quienes tendrían que explicar a todos los católicos y todos los ciudadanos por qué la COPE miente, por qué la COPE insulta, por qué la COPE incita al odio y por qué la COPE manipula. Y sobre todo, por qué lo hace con absoluta impunidad y atacando a todo el mundo. Hasta el propio Jefe de Estado ha estado insultado (sic) con impunidad y la Conferencia Episcopal ha amparado estos ataques. Los responsables de la Iglesia tendrían que dar explicaciones. Estos señores, los señores Rouco y Cañizares".

Pero el ministro no puede acusar a la COPE de mentir por recordar que La Caixa ha condonado 6 millones de euros al PSC al que él pertenece y desde el ministerio ha favorecido la OPA hostil de Gas Natural, participada por La Caixa, sobre Endesa. Precisamene otro miembro del PSC se ha sumado el 14 de noviembre a la campaña contra la emisora privada. Se trata de Miguel Iceta, quien no ha ocultado su deseo de que se le retiren las emisoras a la cadena: "Hay teólogos que se preguntan en público si a Dios le hacen falta emisoras de radio. Nosotros lo tenemos clarísimo: a Dios no le hacen falta emisoras como la COPE, a otros quizás sí". Y remite al informe de la CAC, que luego será tenido en cuenta por la Generalidad, administración de la que depende la concesión de emisoras.

En este ambiente comienzan a producirse las decisiones administrativas contra la emisora. El Gobierno de Cantabria, formado por una coalición de PSOE y regionalistas, ha tomado la decisión de excluir a la cadena COPE en la concesión de diez emisoras de radio en la región. Resulta beneficiado, sin embargo, el Grupo PRISA, así como varios empresarios afines a los partidos en el Gobierno. Por lo que se refiere a Polanco, su grupo obtiene una frecuencia en Santander, que se suma a las que ya tiene en la ciudad para SER, 40 Principales, Dial y M-80 Radio. También obtiene otra licencia en Santoña. La tercera cadena privada en audiencia, Onda Cero, también obtiene una licencia, pero no la segunda, la cadena COPE.

La diputada popular María Dolors Nadal declaró en el Pleno del Congreso ante la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que si la prioridad del Gobierno fuera la transparencia no admitiría que Montilla tachara de "amorales" y "servidores de la derecha más extrema" al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y al periodista de la COPE Federico Jiménez Losantos, por su información sobre la financiación del PSC. Nadal expuso ante la vicepresidenta que "el máximo responsable en el sector de telecomunicaciones y ordenación del espacio radioeléctrico amenaza a los medios de comunicación que tienen la osadía de criticar al Gobierno" y le pidió que "aclare si mantiene esta posición, teniendo en cuenta que la política informativa del Gobierno depende de su Departamento". De la Vega justificó las amenazas de Montilla amparándose en la libertad de expresión del Gobierno.

Las amenazas del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) no eran en vano. El órgano regulador, en manos del tripartito, ha enviado su informe a la COPE, para que presente alegaciones. El dossier se centra en los programas La Mañana de Federico Jiménez Losantos y La Linterna, de César Vidal y les critica por "anticatalanes". El dossier podría servir de coartada política para cerrar las emisoras de COPE en esa comunidad autónoma.

La campaña contra la cadena de radio privada no podría entenderse sin dos claras posiciones de la COPE. Por un lado su actitud crítica respecto del Estatuto de Cataluña. Por otro la denuncia del triángulo de La Caixa condonando mil millones de pesetas al PSC, este partido aportando un ministro al Gobierno en la cartera de Industria, y el ministro, José Montilla, favoreciendo la OPA que Gas Natural, participada por La Caixa, sobre Endesa. Esta postura de los profesionales de la cadena COPE es considerada por el obispo de Gerona, Carles Soler Perdigó, como "denigrar al pueblo de Cataluña". Idéntica postura han tomado el Ayuntamiento de Barcelona y CiU, que se han negado a defender la libertad de expresión. Todo, porque en estos momentos la defensa de la libertad de expresión es la defensa de COPE.

En este ambiente, Monseñor Cañizares ha salido nuevamente en defensa de ambas. Cañizares declaró sobre los profesionales de la cadena, que "nunca he oído decir a ninguno de ellos sobre nadie que debería recibir una bala en el corazón; y esto se ha dicho y se ha plasmado en un medio de comunicación sobre alguno de estos comunicadores". Las palabras del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española se refieren al artículo del Juez Fanlo en las que declaraba que los terroristas de Terra Lliure que atentaron contra Federico Jiménez Losantos "fueron crueles" al herirle "en la pierna", ya que "de haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él".

El ministro Montilla, a cuyo partido ha condonado La Caixa más de mil millones de pesetas sin que las haya devuelto, ha retomado en el tercer fin de semana de noviembre su invectiva contra la Cadena COPE, que comenzó el 27 de octubre. El domingo 20 de noviembre Montilla carga contra "toda la caverna mediática, liderada por la emisora eclesiástica COPE, con Jiménez Losantos y el director de un diario con pretensiones planetarias". En su escalada de ataques verbales, el ministro de José Luis Rodríguez Zapatero se lanza ahora contra el Partido Popular, al que llama "la derecha nacionalcatólica", cuya "desvergüenza" no tiene "límites ni parangón posible".

Pese a haberse destacado por acumular insultos y ataques personales, Montilla pide a la Iglesia "juego limpio" y que "deje de actuar como un satélite de la derecha política contra el Gobierno y de aparecer como servidores y portavoces de la España más intolerante". El ministro no está solo. El lunes, 21, Josep Lluís Carod Rovira, presidente de ERC, le toma el relevo diciendo que la mayoría de los católicos catalanes están "en contra" de lo que llamó "actitud anticatalana" de la COPE. Y anima al Gobierno de Rodríguez Zapatero a "revisar si los acuerdos existentes entre dos Estados, el español y el del Vaticano, tienen que seguir igual o bien han de ser adaptados a los nuevos tiempos, al siglo XXI".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acudió el martes, 22 de noviembre a los cuartos Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. Sin aclarar si se refería a su compañero de gabinete José Montilla, que había arremetido repetidamente contra el diario así como contra la cadena COPE, declaró que había que estar "vigilantes" en defensa de la libertad de expresión. El mismo día, El Periódico sugirió en un editorial que Pío Moa y César Vidal deberían ir a la cárcel por historiar la Guerra Civil. Al día siguiente, Eduardo Zaplana preguntó en sede parlamentaria a Fernández de la Vega por los recurrentes ataques de Montilla contra varios medios de comunicación. De la vega eludió responder, preguntando "¿de qué medios me habla? ¿de aquellos que (ustedes) intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar?" De la Vega se refería con esas palabras al caso Sogecable. Recordemos que por ese caso Polanco no acabó en la cárcel, mientras que el juez que acabó con la carrera del juez que lo instruía, Javier Gómez de Liaño.

El último episodio se produjo el 23 de noviembre, cuando el gobierno del tripartito envió una comitiva al Vaticano para presentar una queja formal por los contenidos anticatalanes y contra los valores católicos que difunde la cadena COPE, en especial desde el programa "La mañana", que dirige y presenta Federico Jiménez Losantos. La comitiva estaba encabezada por el secretario general del consejero primero, Xavier Vendrell, e integrada asimismo por la directora general de Asuntos Religiosos, Montserrat Coll. Se dirigieron a la secretaría de Estado de la Santa Sede pero no pudieron ser recibidos por Angelo Sodano y les atendió un minutante –un oficial de segunda– de este departamento. La visita incluía la entrega de un dossier que estaba integrado, entre otras cosas, por un documento firmado por cuarenta intelectuales católicos en denuncia de los contenidos de la cadena y una transcripción de algunos comentarios y editoriales de la cadena. COPE ha sido muy crítica con la propuesta del tripartito de un nuevo Estatuto para Cataluña. El texto incluye una práctica legalización del aborto, del matrimonio homosexual y de la poligamia. El PP de Cataluña ha criticado que la Generalidad "malgaste recursos en hacer viajes para acallar a una emisora de radio".

El Parlamento de Cataluña ha elaborado una ley audiovisual que prevé "una multa desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses", en caso de infracciones muy graves. Dentro de éstas se encuentran "incumplir los deberes impuestos por la ley en relación con la protección de la infancia y la juventud", la difusión de "publicidad subliminar" o bien el "incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales". El texto exige que "la información difundida por los medios de comunicación audiovisual ha de ser veraz" y determina que "todos los operadores privados que presten servicios de comunicación audiovisual tienen el deber de transparencia en relación con todos los aspectos de su actividad que son relevantes para la libertad de comunicación y el pluralismo". La veracidad de las informaciones quedará determinada, en última instancia, por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). El cargo de miembro del CAC estará recompensado con una pensión vitalicia de hasta 53.583 euros al año

El proyecto de ley audiovisual de Cataluña es una iniciativa del tripartito, con el apoyo de CiU, y previsiblemente servirá para cerrar tres emisoras de COPE en la comunidad autónoma. El Partido Popular de Cataluña (PPC), bajo el mando de Josep Piqué, decidió sumarse a la aprobación del proyecto de Ley, según pudo saber Libertad Digital. Al día siguiente, 29 de noviembre, el PPC se echa atrás, rectifica, y solicita un informe del Consejo Consultivo sobre el proyecto legislativo regional. Esta petición paraliza la tramitación, que estaba prevista para el día 15 de diciembre. Ahora tendrá que esperar a la resolución del Consejo, que puede retrasarse hasta un mes.

El intento de callar a la COPE en Cataluña no es nuevo. El anterior presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, denegó en mayo de 1999 la renovación de tres emisoras de la cadena en Barcelona, Tarragona y Manresa. El martes, 29 de noviembre, la sección cuarta (contencioso-administrativa) del Tribunal Supremo falla en favor de la COPE, ya que reconoce el derecho de la cadena a la renovación de la licencia de sus emisoras. COPE temía perder de forma definitiva dichas emisoras, ya que la Generalidad está en proceso de cambiar las condiciones de dicho concurso, en plena campaña del gobierno socialista y del tripartito catalán contra la libertad de expresión de la cadena.

El portavoz de la Generalidad, Joaquim Nadal, ha reaccionado haciendo mención a futuras concesiones de emisoras. Nadal dijo en concreto que "Si se trata de una sentencia firme y siendo del Supremo lo es –reconoció Nadal–, el Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla. Otra cosa es la acción del Gobierno catalán en materia de concesión de licencias de radiodifusión que continuará ejerciendo con sus propias competencias y en los términos de cumplimiento de la legislación vigente". Nadal también aprovechó su mención a la sentencia para recordar el dossier que contra los programas La Mañana y La Linterna ha elaborado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Por otro lado, nueve periodistas españoles han tenido la iniciativa de cursar una petición al Parlamento Europeo (PE) para instarle a desactivar la "campaña política contra un medio de comunicación. Lo anunció Luis Herrero, periodista y eurodiputado, que ha enviado un texto de denuncia al PE que alerta de que "la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se antoja inminente". Los primeros firmantes de la carta son

Pedro J. Ramírez, director del diario “El Mundo”

Antonio Mingote, miembro de la Real Academia de la Lengua

Alfonso Ussía, escritor y periodista

Javier Rubio, director de “Libertad Digital”

Tomás Cuesta, miembro fundador del diario “La Razón”

Melchor Miralles, director general de “El Mundo TV”

Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense

Cayetana Álvarez de Toledo, Doctora en Historia por la Universidad de Oxford

Luís Herrero-Tejedor, MEP y periodista

Libertad Digital ha habilitado un especial para que los lectores suscriban con sus firmas el apoyo a la libertad de expresión, que en estos momentos es un apoyo a la COPE.

La reacción ciudadana en defensa de la libertad de expresión de la cadena privada de emisoras recibe la respuesta del entorno independentista el miércoles, 30: Un grupo de radicales enmascarados se encadena a la sede de la cadena COPE bajo la coordinación de dos diputados de Esquerra Republicaña de Cataluña (ERC), Joan Puig y Joan Tardá. Los encapuchados mantenían pancartas insultantes contra el medio de comunicación y pedían su cierre. La operación estaba perfectamente orquestada, ya que el encadenamiento fue presenciado en directo por varios medios de comunicación que habían sido avisados para el acto. La pancarta que sostenían los radicales, vestidos de amarillo, decía en catalán "detengamos la cadena del odio".