A estas alturas todos sabemos que Donald Trump es un xenófobo peligroso que, en un gesto inédito, ha intentado cerrar las puertas de los Estados Unidos a los musulmanes. Un intento que ha sido detenido por la Justicia norteamericana, en lo que es la primera victoria de la larga guerra por desalojar de la Casa Blanca al monstruo que la habita.
Éste es el relato que encontramos casi de modo exclusivo en los medios españoles y que aquí vamos a intentar matizar.
A finales de enero la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que cerraba el país durante 120 días a todos los refugiados y prohibía viajar a Estados Unidos durante 90 días a los naturales de siete países, todos ellos de mayoría musulmana: Iraq, Irán, Siria, Yemen, Sudan, Libia y Somalia. El objetivo, según la Administración Trump, era poner orden y conseguir tiempo para revisar los procedimientos de admisión. Una explicación que no parece disparatada a tenor de la experiencia europea, que ha demostrado que en medio de los miles de refugiados que llegan de Oriente Medio se pueden colar terroristas, como de hecho ha sucedido.
Como era de esperar, los grupos izquierdistas se lanzaron a la yugular de Trump, y la precipitación con que había sido redactada la orden tampoco fue de gran ayuda. Al no explicitar excepciones de sentido común, como es el caso de los residentes permanentes en Estados Unidos o de los aliados iraquíes de las tropas estadounidenses, la orden presentaba evidentes flancos débiles. Para acabar de arreglarlo, el anuncio de su entrada en vigor un viernes por la tarde pilló a muchos por sorpresa, incluso a los funcionarios responsables de ejecutarla, lo que provocó un fin de semana de caos en los aeropuertos norteamericanos.
En este contexto, el juez de Seattle James Robart bloqueó la orden y la envió al Noveno Circuito, donde ha quedado paralizada. No se discutía la legitimidad del presidente Trump para regular el acceso de extranjeros a los Estados Unidos (la sección 212(f) del Acta de Inmigración y Naturalización le da poderes para "suspender la entrada de todos los extranjeros o de una clase de extranjeros que considere como apropiada"), sino que se alegaba que era discriminatoria, al tratarse, de hecho, de una Muslim ban, una prohibición de entrada de musulmanes y, en consecuencia, una discriminación basada en motivos religiosos.
Llegados a este punto, se abría para la Administración Trump tres vías: tirar la toalla (algo a lo que Trump no es muy aficionado), litigar ante el Tribunal Supremo o renunciar a esta orden y emitir una nueva, presumiblemente mejorada. La opción del Supremo era plausible (la Administración Obama ya había puesto restricciones a los naturales de los países incluidos en la orden), pero se presumía larga y prolija. Finalmente se ha impuesto el realismo del secretario de Estado, Rex Tillerson, y se ha optado por una nueva orden ejecutiva, asumiendo una pequeña humillación en aras de la eficacia. Así, el pasado día 6 Donald Trump firmó la orden ejecutiva 13780, Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States, que sustituye a la polémica orden 13769 del mismo título.
La nueva orden ejecutiva rectifica algunos de los errores más obvios de la primera. Se mantiene la suspensión de 120 días del U. S. Refugee Admissions Program y un límite de 50.000 refugiados al año, pero se ha eliminado a Iraq de la lista de países afectados (los iraquíes serán tratados caso por caso), y la prohibición indefinida que afectaba a los sirios también ha desaparecido. Además, se incluye toda una serie de excepciones, que benefician a los poseedores de una green card y a los extranjeros que viajan con un visado diplomático. También se incluye un rechazo explícito a cualquier interpretación que considere que la orden discrimina a los musulmanes con la aclaración de que está pensada para proteger a las minorías religiosas perseguidas, sean éstas cristianas, yazidíes o musulmanas. El New York Times ya se ha rasgado las vestiduras insistiendo en que estamos ante un caso de discriminación religiosa, pero esta vez la posibilidad de que prospere cualquier traba es bastante remota. De hecho, en esta segunda versión la palabra islam solo aparece cuando se afirma el interés por defender de la discriminación a las personas de esa religión allí donde sean minoría perseguida, e islámico solo cuando se nombra el acrónimo ISIS. ¡Ah!, y en esta ocasión han contemplado un periodo de diez días entre la publicación de la orden y su entrada en vigor.
Todo ello no ha sido suficiente para que, esta vez desde Hawai, Douglas Chin haya denunciado la orden sobre la base de que impide que "los familiares inmediatos que viven en los países afectados" visiten a sus parientes en los Estados Unidos y que "universidades, empleadores y otras instituciones puedan contratar a individuos cualificados de los seis países designados". El problema es que no parece que exista ningún derecho constitucional a entrar en Estados Unidos, tanto si se tiene familia allí como si no, ni tampoco las universidades y otras instituciones tienen un derecho inalienable a contratar extranjeros. No parece que se esté dirimiendo aquí una cuestión estrictamente legal, sino que más bien estamos ante una batalla política en la que el Poder Judicial está intentando limitar de facto las atribuciones de la Presidencia. Los famosos checks and balances no solo siguen funcionando en Estados Unidos, sino que amenazan con crear una situación a la italiana, en la que los jueces invaden sutilmente competencias del Poder Ejecutivo, amenazando con sumir la Presidencia de Trump en un caos de litigios.
A la espera de ulteriores desarrollos, el asunto de la Muslim Ban, que mejor habría que calificar como Terrorist Ban, pues tiene como objetivo proteger a los Estados Unidos de la infiltración de terroristas, nos confirma que a la Administración Trump no le van a dejar pasar ni media (es más, van a intentar bloquear su acción de gobierno incluso en lo que legítimamente le corresponde), pero también que la precipitación no es buena consejera. Acuciados por el estilo ejecutivo de Trump, a quien gusta asemejarse a un vendaval, lanzaron una orden ejecutiva con errores, secundarios si se quiere, pero que en el actual contexto no son admisibles. Si hay que hacer algo, es mejor hacerlo bien a la primera... aunque esto te tome algunos días o semanas. Es muy probable que Rex Tillerson lo haya aprendido.