Pasada la resaca de las elecciones catalanas, parece obvio lo que tendría que hacer cualquier gobernante con la mínima visión de estadista.
Paso uno: recordar sin descanso a los olvidadizos nacionalistas que han de seguir los procedimientos legales para cualquier propuesta. ¿Que quieren convocar referendos en los que solamente los catalanes puedan decidir si España se liquida o no? Pues que se presenten a unas elecciones generales con ese punto en el programa y, obtenidos los votos y los apoyos necesarios de otros partidos, que propongan modificar la constitución que ellos votaron con entusiasmo en 1978 o redactar una nueva que así lo contemple. Y si consiguen redactar esa constitución y que la mayoría necesaria de diputados y después los ciudadanos la aprueben, adelante.
Paso dos: mientras llega ese momento, que, salvo golpe de estado, puede retrasarse muchos, muchos años, los gobiernos españoles desde hoy hasta entonces tienen que ponerse manos a la obra para desactivar legal e ideológicamente el nacionalismo, cosa que no se ha hecho en cuatro décadas de régimen.
De la desactivación ideológica mejor no hablar, pues se trata de conceptos desconocidos para nuestros gobernantes, especialmente para los de la supuesta derecha, esos marxistas vulgares (que, evidentemente, no tienen ni idea de quién fue Gramsci) totalmente incapaces de concebir que el gobierno de una nación va algo más allá de cuadrar las cuentas de la economía nacional.
Respecto a la dimensión legal del asunto, el flagrante, constante e insultante incumplimento de leyes y sentencias por parte de los nacionalistas ha crecido hasta convertirse en un clamor contra todos los gobiernos anteriores y especialmente contra el de Rajoy por empeñarse en destruir el Estado mediante el sencillo procedimiento de no aplicar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
El más alto representante del Estado en Cataluña, Artur Mas, se ha reído con razón de nuestro falso Estado de Derecho cuando ha recordado a sus complacidos seguidores que saltarse las leyes españolas no tiene consecuencias y que España es un Estado fallido. Efectivamente, como aquí saltarse las leyes a la torera es deporte nacional, la bola de nieve ha crecido mucho, por lo que sorprende que haya quienes todavía se sorprenden de que el rebaño separatista, debidamente dirigido por sus pastores vara en mano, presione a los jueces catalanes para que dicten una sentencia nacionalistamente correcta sobre el mesías cuya imputación se concibe, hoy con el sedicioso Mas igual que ayer con el estafador Pujol, como un ataque contra Cataluña.
Pero no parece que la cosa vaya a cambiar. Pues el presidente del gobierno declara constantemente su voluntad de negociar con quienes aspiran a desguazar la nación que él preside y de hacer la vista gorda a graves incumplimientos de la ley que en cualquier país serio hace ya mucho que habrían provocado el procesamiento de los gobernantes nacionalistas, entre otros muchos delitos, por traición y sedición. Incluso ha llegado a declarar su deseo de que los tribunales no decidan la inhabilitación de Artur Mas y de que no se apliquen los artículos constitucionales pertinentes, en concreto el 155. Es decir, el presidente del gobierno de un Estado de Derecho ¡desea que ese Estado de Derecho no funcione como tal para así poder echar una manita a delincuentes que pretenden destruirlo! ¡Un presidente del gobierno desea que la arbitrariedad se imponga a la ley y que los ciudadanos no estén sujetos a ella, empezando por quienes, por su condición de gobernantes, deberían dar ejemplo! ¡Y para colmo sostiene que semejante aberración jurídica "vendría a demostrar la grandeza del imperio de la ley"! Es imposible concebir mayor degradación política. Cuando un Estado de Derecho deja de serlo, pierde todo derecho a existir. Además, si Rajoy y los suyos no acaban de comprender que la actual hegemonía nacionalista se debe en buena medida a la inobservancia de la ley, al menos deberían ser capaces de comprender sus propios intereses partidistas: pues el motivo del tremendo despoblamiento de su electorado es, precisamente, su hartzago por la inobservancia de la ley.
Mientras tanto los nacionalistas, esos consumados estadistas que, cuando sopesan sus decisiones políticas, no lo hacen pensando en las siguientes elecciones sino en las siguientes generaciones, siguen dedicándose a lo suyo con la profesionalidad y constancia que les caracteriza. Y lo suyo consiste en construir su dominio totalitario de la sociedad sin prestar atención a obstáculos morales, legales o constitucionales que, al fin y al cabo, les consta que son papel mojado porque así lo demuestra el propio presidente del gobierno que tendría que activarlos.
Su análisis es certero y no se han preocupado por ocultarlo: si esta vez no han podido conseguir sus objetivos, otra vez será. Al fin y al cabo la perversa lógica autodeterminista consiste en que el camino es sólo de ida: el número de votaciones es infinito hasta que se consigue el resultado deseado, momento en el que ya no se vota más. Según los estudios de la Generalidad, el voto antiseparatista se ha concentrado en las personas de más edad, mientras que el retrato del votante separatista es el de una persona joven, en concreto menor de treinta años. ¿Milagro? ¿Imperativo biológico? ¿Mutación genética? ¿A qué se deberá el curioso fenómeno de que las generaciones que vivieron el horrorosamente horroroso genocidio cultural y lingüístico sufrido por Cataluña bajo el franquismo son las que votan a favor de la permanencia en España y las nacidas ya en democracia, bajo la Constitución promovida por CiU y en el Estado de las Autonomías diseñado a imagen y semejanza de los deseos de CiU, son las que votan por la secesión? ¿Qué ha sucedido en estas cuatro últimas décadas en Cataluña para que la sociedad, en concreto los catalanes que han pasado por las aulas, haya experimentado un cambio de opinión y sentimiento tan contundente?
No insultaremos al lector dando la respuesta. Simplemente señalaremos un hecho muy sencillo: ¿por qué será que los recién llegados separatistas valencianos se han apresurado a controlar las consejerías de Política lingüística y Educación? La explicación nos la da Vicent Marzà, nuevo consejero de Educación: "En diez o quince años, el País Valencià será parte de los Països Catalans".
No se puede ser más claro.