El nacionalismo en España siempre estuvo marcado por ETA. De hecho, el problema radica en que el catalán ha disfrutado de venia gracias a una inventada condición no violenta –se ha matado y secuestrado en nombre de la estelada– frente al terrorismo nacionalista vasco. Hasta en eso han disfrutado los separatistas catalanes de un "hecho diferencial" por la maldita manía de no considerar un problema en su conjunto.
Albert Boadella fue claro cuando denunció que en Cataluña no hacían falta muertos porque se rentabilizaban los del País Vasco en la causa común. La prueba más atroz de aquella durísima verdad fue el pacto de Carod Rovira con los etarras para que no mataran en Cataluña. La veda se firmó en Perpiñán y Carod Rovira, que actuaba como presidente de la Generalidad en funciones y viajó en coche oficial con banderín protocolario, salió indemne.
Nunca han faltado claros avisos de que la secesión vendría antes por el Mediterráneo que por el Cantábrico pero era lógico que la sociedad temiera más al que más muertos dejaba. Ahora sucede al revés y caeremos en el mismo error: el País Vasco no tardará en hacer un pedido de urnas mientras se marea la perdiz en Cataluña. El caso es que los culpables del gran problema de España han sido y son acreedores del poder central, pues sin ellos ni PP ni PSOE se habrían hecho con el ansiado poder en varias ocasiones. Y ese poder no ha hecho sino perpetuar –casi ya legalizar– las pretensiones del nacionalismo.
Lamentablemente la actualidad nos trae un nuevo ejemplo de esta perversión. Me refiero a la crónica en la que Pablo Montesinos da cuenta del enfado de barones como Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera por la hipoteca de los Presupuestos en forma de cupo vasco. Es muy grave la respuesta de La Moncloa: "no hay agravio comparativo". Pero es todavía peor el argumento que conduce a esa respuesta: hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos, según la época y su servicio al poder. Dicen que "el debate es el pacto con la Euskadi moderada frente al rupturismo" y que por eso han "premiado" –de premio– la moderación.
Es bueno y moderado pues, el nacionalismo de Estella que pactó con ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquel con el que no se podía pactar bajo ningún concepto, como rezaba el Preámbulo del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2001. Y es malo el nacionalismo que antes era bueno porque no era violento pese a que lo era y pese a lo que dijo Boadella, entre otros. El nacionalismo otrora dialogante que encarnó el bueno de Jordi Pujol que, sin embargo, sigue siendo incompatible con la cárcel y que merece, pese a su terrible maldad, puente aéreo o AVE semanal de la vicepresidenta del Gobierno español.
Estos lodos, es bien sabido, proceden de la Transición pero no son un mal achacable en exclusiva a aquel proceso pues también se brindaron los instrumentos que hacían posible corregir vicios propios de un periodo tan delicado para España tras cuarenta años de dictadura. El milagro no podía ser completo entonces pero la inacción –y, sobre todo, la perversión– posterior han conseguido minar el origen de nuestro último periodo democrático y abocarnos a contemplar su revisión en términos de venganza.
Siempre que se ha hablado de reformar la Constitución –lógicamente imperfecta si casi no se ha tocado desde que se pactó– ha sido para dar más poder a los nacionalismos y dotarla de mecanismos de autodestrucción. Tanto es así, que nombrar el artículo 155 es como hacer una viñeta de Mahoma. El PSOE –con ayuda de la saliente UCD– se cargó la LOAPA, que no era sino el desarrollo lógico del 155, una protección de la Constitución frente a los previsibles, muy previsibles, abusos de nacionalistas vascos y catalanes.
Después llegó la "gobernabilidad", propiciada desde Cataluña por un político –Jordi Pujol– que hoy puede resistirse a entrar en prisión pese a la pública exposición de los maletines del trinque y, desde el País Vasco, por el partido protector de ETA. Las mayorías que PP y PSOE firmaron con el nacionalismo sí que fueron hipotecas con cláusulas.
Hoy, cuarenta años después, ya podemos contar la abdicación de un rey, el hundimiento de un partido que tuvo doscientos escaños y miles de escándalos, los equilibrios con la Justicia de otro que disfrutó de dos mayorías absolutas y, por último, un partido con cinco millones de votos que quiere volver a 1936 y que el PP parece necesitar como antítesis para justificar su existencia.
Además, hoy también parece que todo el mundo admite que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado conlleva una partida destinada a la compra de dicha aprobación. En el caso del cupo vasco, del todo ilegal por mucha costumbre que le preceda. En la subasta, además del dinero, se concede patente de corso a la mejor oferta. Argumentos, como vemos, no faltarán para defenderla por parte del comprador.
Quizá la clave esté en que Mariano Rajoy piense que a veces –¿a veces?– hay que saber "mirar a otro lado". Y mirando para otro lado, paradigma del disimulo, nos quieren decir que los del referéndum ilegal no se van aunque ahora sean malos y que los del cupo –también ilegal pero más oficial– se quedan porque son buenos aunque no tarden en pedir presos etarras y urnas. Resulta que el turnismo de los separatistas con el Poder consistía en comprar a quién le toca ser moderado y a quién salvaje. Hasta la siguiente mayoría.
Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.