Los políticos de Podemos, con el apoyo socialista, han comenzado a hablar de que la deuda de los ayuntamientos que gobiernan es, según ellos, ilegítima. Al parecer, ellos mismos van a decidir lo que se paga y lo que no. La capital madrileña se ha puesto en la primera línea de este nuevo conato revolucionario de la extrema izquierda española.
Las deudas se pagan. El Ayuntamiento de Madrid tendrá que seguir devolviendo el dinero que el Ayuntamiento de Madrid tomó a préstamo. ¿Quién se cree con derecho a privar de su propiedad a los millones de accionistas de los bancos que han prestado sus fondos a condición de que se les devuelvan en el plazo pactado? Todos esos ayuntamientos de los que ahora se hablan eran y son corporaciones legítimamente constituidas, que pidieron préstamos dentro de la legalidad. Aquí no hay nada ilegítimo, excepto la pretensión de Podemos y su aliado socialista de quedarse con dinero que no es suyo. Y en el caso de Madrid menos aún, ya que Ana Botella hizo un esfuerzo injustamente poco comprendido, pero muy destacable, por reducir la deuda heredada de Ruiz-Gallardón: la bajó de 7.764 millones de euros en 2012 a 5.758 millones en este 2015.
Pero no es eso de lo que quisiera tratar en este artículo, sino de la increíble incompatibilidad entre los argumentos de la extrema izquierda y la política que propugna esa misma extrema izquierda. La izquierda de Podemos y PSOE quiere mucho más gasto público, luego también quiere que haya más deuda pública. O sea, no les gusta la deuda, excepto la que ellos mismos se disponen a multiplicar hasta asfixiar a los ciudadanos que pagan impuestos.
¿Han oído la expresión "austericidio"? Es una de esas palabras que la izquierda inventa para que sus políticos gasten mucho más aún. Si una política no es austera genera fuertes gastos. Si los gastos están por encima de los ingresos se genera déficit. Y el déficit de cada año es deuda para los años posteriores, porque de alguna manera se tiene que financiar ese gasto para el cual no existen fondos disponibles.
La deuda no es buena. El Premio Nobel James Buchanan decía con razón que no se debería permitir a ningún gobernante que tomara deuda a un plazo superior al de su mandato. La deuda que conocemos, y que ahora es equivalente casi al 100% del PIB, es dinero que se gasta ahora para satisfacer demandas de ahora, pero que pagarán las generaciones futuras. Aznar dejó la deuda pública española en el 51,5% del PIB, después de bajarla más de 12 puntos en ocho años. El PSOE de Zapatero, antecedente del actual Podemos, decía que eso era "antisocial", e hizo la muy social tarea de aumentar la deuda en 600.000 millones de euros desde 2008.
Toda esa ingente deuda con la que los españoles del futuro pagarán los disparates de estos años es legítima. Toda ella habrá que pagarla. Pero más nos valdría no tener gobernantes que irresponsablemente se gasten el dinero de los que ahora son unos niños. Así que ahora, cuando en campaña electoral escuchen a un político prometer que va a hacer todavía más gasto en la sanidad o en la educación, piense en sus hijos y no lo aplauda.