El presidente de mi partido me invita a cerrar la boca. Con declaraciones así me dan ganas de volver a la primera línea de la vida política. Espero resistir la tentación. Pero si hice mutis por el foro del Congreso no fue para perder mi condición de ciudadano libre. El derecho a discrepar está en la base del sistema democrático. Así que no me callo.
Un partido político tiene derecho a exigir de sus afiliados acatamiento a los acuerdos adoptados por sus órganos de dirección. Faltaría más. Pero si lo acordado vulnera los estatutos del partido, sus principios ideológicos o los compromisos jurídicos del partido la discrepancia no sólo es un derecho sino un deber.
Esto es aplicable al controvertido asunto del voto de los dos diputados de UPN-PP sobre los presupuestos. Resulta que el pacto de colaboración "estable y permanente" entre ambas formaciones políticas forma parte de los estatutos de UPN. Luego su cumplimiento obliga, por tanto, a sus órganos de dirección.
Cuando se llegó al pacto de 1991 por el que el PP aceptó su disolución en Navarra se dejó constancia del porqué de una decisión tan traumática para un partido nacional: la total afinidad de principios ideológicos, la defensa de Navarra y el objetivo de configurar en España una opción de gobierno de centro-derecha. El artículo primero del pacto dice además que "la presencia del PP en Navarra está garantizada en la acción política y electoral de UPN". Por supuesto, se respeta la soberanía de UPN en la toma de decisiones que afecten a Navarra. Más aún, el PP se compromete a defender en Madrid el criterio de UPN acerca de los derechos e intereses generales de nuestra comunidad.
En contrapartida, UPN se compromete a prestar su apoyo a la política y objetivos del PP en las instituciones nacionales y europeas. Por este motivo se integran sus diputados y senadores en los grupos parlamentarios del PP y se comprometen a no desmarcarse de las decisiones de sus órganos de gobierno.
En el acuerdo de constitución de la coalición electoral UPN-PP para las elecciones de 2008 se incluyó una cláusula por la que "para situaciones especiales que afecten al interés general de Navarra y a la gobernabilidad de la Comunidad Foral, y siempre y cuando este interés no colisione con el interés general de España ni con los principios ideológicos de este acuerdo, ni con los recogidos en el pacto de colaboración institucional firmado en el año 1991 entre UPN y el PP, los diputados de UPN fijarán su posición de voto priorizando aquellos sobre los de carácter partidista y estratégico".
No creo que nadie discuta que los presupuestos son un asunto capital en el que está en juego el interés general de España. Su aprobación corresponde a las Cortes. En consecuencia, la decisión de apoyarlos o rechazarlos entra de lleno en la competencia del grupo popular en el Congreso por afectar al interés general de España y al pacto de 1991. Por otra parte, es dudoso que se pueda sostener que el interés general de Navarra justifica apoyar unos presupuestos contrarios al interés general de España. Navarra no es un islote inmune a lo que pase fuera de ella. Si los presupuestos son malos para España también lo son para Navarra. Y como para llegar a esa conclusión es preciso hacer un juicio de valor subjetivo es claro que, en caso de disparidad de criterio, ha de prevalecer el criterio del PP por ser un asunto que afecta de lleno a la política nacional. De la misma forma que UPN define qué ha de entenderse por interés general de Navarra, la misma legitimidad asiste al PP para fijar en cada caso lo que, a su juicio, conviene al interés general de España.
En 2007 votamos en contra de los presupuestos del Estado y no pasó nada. En esta ocasión, el PSN exige un cambio de cromos. Yo te apoyo aquí, tú me apoyas allí. Se ha llegado a insinuar que de no hacerlo así nuestra comunidad, incluida la familia socialista navarra, será castigada con la pérdida del AVE. Resulta que era un farol porque el otro día en el Congreso Zapatero dijo que nada tenía que ver una cosa con la otra pues lo del tren ya estaba comprometido. Nos podríamos haber ahorrado todo este incidente si los protagonistas, de uno y otro lado, antes de tirarse a la piscina, hubieran comprobado que había agua. Además, mal se puede exigir a otro lo que no puede dar.
En suma, los diputados de UPN están personalmente obligados a cumplir las reglas de juego pactadas con el PP. Si recibieran una orden ilegal e ilegítima de romperlas, adoptada por un órgano competente –el presidente, por sí y ante sí, no lo es en este caso– tendrían derecho a responder como lo hacían nuestros antepasados cuando se las tenían tiesas con el poder real si éste se salía de madre: "Se obedece, pero no se cumple".