El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se marcó un gol mediático al aprobar hace un año el Estatuto del Cooperante que regula los derechos y deberes de los hombres y mujeres españoles que acuden a los lugares más recónditos del planeta para dar lo mejor de sí mismos. Para Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación, aquello supuso un reconocimiento oficial para estos "mensajeros de la solidaridad española". Lo que ocultaba el gabinete socialista es que este imprescindible reconocimiento se iba a limitar exclusivamente al millar y medio de "profesionales" de las oenegés registrados a través de los distintos organismos ligados a las diferentes administraciones públicas u organizaciones, pero que excluía, por voluntad expresa de ZP, a los 15.000 misioneros de la Iglesia católica.
El ramalazo sectario y anticatólico del presidente y de su Gobierno perjudica así gravemente, de un plumazo y sin justificación alguna, al más importante colectivo de la cooperación al desarrollo al que niega los derechos profesionales como cualquier otro trabajador. Es decir, por obra y grazia de Zetapé, todos los cooperantes, salvo los misioneros católicos, tienen derecho a la Seguridad Social o a un seguro colectivo para que, en caso de que ocurra un hecho grave, pueda acudir algún familiar. Por negarles se les niega hasta la cobertura sanitaria, y cuando los misioneros regresan a España son atendidos por los centros sanitarios "por caridad, no por justicia", como ha denunciado el sacerdote Anastasio Gil.
¿Qué miseria moral invade a nuestros gobernantes capaces de tamaña discriminación? ¿Será acaso porque las Leires, los Moratinos y los Zetapés piensan que en esos caladeros de auténtica cooperación no pescan votos como en las pasarelas Mobutu y en esas estructuras aledañas, cargadas ideológicamente de demagogia gubernamental, receptoras de ese maná, el erario, que no es de nadie, como dijo la ministra pixi dixit?
Si Teresa de Calcuta hubiera sido española el Gobierno la hubiera dejado morir en la indigencia, como hace cuando excluye del sistema sanitario y de la Seguridad Social a los 15.000 misioneros que entregan sus vidas a ayudar a los demás y predicar la fe cristiana en los lugares más inhóspitos donde sólo habita la miseria y la enfermedad. Claro, que un PSOE capaz de ratificarse en el Congreso y conseguir pertinazmente que salga adelante el articulado que permitirá a los familiares de una treintena de terroristas de ETA beneficiarse de la Ley de Memoria Histórica con el cobro de indemnizaciones millonarias es un partido con una tara profunda: la del odio. Una tara que le hace estar ciego ante la injusticias más flagrantes y que provoca profundo rechazo incluso entre su propio electorado no prosélito del rencor.
Entre tanto, sirvan estas escuetas líneas de pequeño homenaje a todos aquellos hombres y mujeres –misioneros o no, católicos, protestantes o ateos–, que se dedican ejemplarmente a los más desfavorecidos, víctimas de la Injusticia con mayúscula. A todos ellos, a pesar de la arbitraria, partidista e intolerante exclusión zapateril, gracias, y misión cumplida.
