Rodríguez Zapatero tiene que estar muy arrepentido de no haber convocado elecciones este mes de octubre. No las convocó porque creía que las podía perder y porque necesitaba poner tiempo de por medio a su fracasada negociación con los terroristas. En esos seis meses Zapatero se proponía reiniciar la legislatura cambiando radicalmente sus prioridades al tiempo que sometía al electorado a una sistemática campaña de propaganda. Pero por difícil que pudiera parecer a priori, la mini-legislatura que ZP quiso abrir tras la ruptura de la supuesta tregua de ETA está resultando aún más desastrosa de lo que fueron sus primeros tres años en el poder.
El panorama económico presenta nubes cada vez más negras para el Gobierno. Zapatero, como la cigarra del cuento, no ha hecho las reformas necesarias en los tiempos de bonanza y ahora que llega el crudo invierno todos nos arrepentiremos de su falta de previsión. Es una evidencia, por muchas cifras macroeconómicas que quiera exhibir el Gobierno, que gran parte de los ciudadanos tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. Unas familias más endeudadas que nunca deben hacer frente a las subidas constantes de las hipotecas y a un encarecimiento de los productos de primera necesidad. El paro vuelve a crecer en nuestro país y el consumo interno se retrae. El sector de la construcción, motor de la economía en estos años, ha entrado en crisis y el turismo se estanca. El consumo interno se retrae y nuestra balanza exterior, la diferencia entre los que vendemos y los que compramos, se deteriora. El neo-intervencionismo del Gobierno en la economía ha hecho que la Comisión Europea nos haya sacado los colores en casos como el de la OPA de Endesa y ha servido para retraer la inversión extranjera. El superávit presupuestario se lo ha merendado Zapatero apenas iniciada la precampaña.
La situación política es aún peor. Los nacionalistas han lanzado una gran ofensiva separatista ante la debilidad del actual Gobierno cuya cabeza de playa es el referéndum secesionista que pretende convocar el lehendakari Ibarretxe, pero que tiene en Cataluña otro frente en creciente ebullición. El Poder Judicial vive una peligrosa crisis por los intentos del Gobierno de someter todas las instituciones a sus intereses de partido, cuyo último y lamentable episodio se vive estos días en el Tribunal Constitucional. La Ley de la Memoria Histórica ha terminado por finiquitar el espíritu de concordia que protagonizó nuestra Transición Democrática. Se han roto todos los grandes consensos constitucionales sobre los que se asentaba nuestra convivencia, desde el modelo territorial a la lucha contra el terrorismo pasando por la política exterior. ETA ha vuelto a las instituciones democráticas gracias a la pasividad, cuando no la complicidad del Gobierno, al tiempo que amenaza de muerte al conjunto de los españoles.
Mientras el Gobierno se dedicaba a crear problemas que no existían, la gestión de la realidad no puede haber sido peor. Las obras del AVE en Barcelona son el mejor exponente de la incompetencia mezclada con la arrogancia que ha caracterizado a este Gobierno. Pero en general, las grandes infraestructuras iniciadas por los gobiernos del Partido Popular han sufrido importantes retrasos, cuando no se han paralizado por completo como en el caso del Plan Hidrológico Nacional. Ahora todo son promesas para los próximos años, pero el balance de gestión realizada no puede ser más negativo.
Tampoco en el campo exterior puede el Gobierno esperar buenas noticias. Zapatero se ha convertido en un convidado de piedra en los Consejos de la Unión Europea en los que se juegan los intereses españoles, como se puso de manifiesto en la pasada cumbre de Lisboa donde España volvió a perder posiciones. Por otro lado, las reformas de la política agraria común no dejan de dar malas noticias para nuestros agricultores y ganaderos ante la complacencia del Gobierno español. En Estados Unidos no se perdona a Zapatero su pasada deslealtad y se tienen serias dudas sobre su fiabilidad como aliado. Incluso los supuestos amigos de ZP en Iberoamérica no dudan en perjudicar nuestros intereses empresariales ante la comprensión de nuestro Gobierno.
Todo apunta por tanto a que la situación económica y política de nuestro país puede deteriorarse aún más de aquí a la próxima cita electoral de marzo. Pero nadie debe pensar que los errores del Gobierno darán por sí solos la victoria al Partido Popular. Este progresivo deterioro de la situación sólo debe servir al PP para reforzar su compromiso con la sociedad española. Lo único evidente es que cuatro años más de Zapatero podrían causar un daño irreversible a España. Mariano Rajoy asume hoy la enorme responsabilidad histórica de evitarlo.
