Muchos millones de españoles tenemos la convicción de que el Gobierno de Rodriguez Zapatero está poniendo en peligro los dos valores políticos que nos parecen más esenciales para garantizar nuestra convivencia democrática: nuestra Nación y nuestra Libertad. Esos millones de españoles estamos dispuestos a dar la batalla no sólo política, sino también intelectual y social, para tratar de evitarlo. Emplearemos para ello todos los medios legítimos y legales que la Constitución nos otorga, ejerciendo en plenitud nuestros derechos ciudadanos de forma pacífica y democrática. Esos millones de ciudadanos apoyaremos por tanto con nuestra firma la propuesta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que se dé la palabra al pueblo español sobre esta trascendental cuestión, algo que prevé nuestro ordenamiento constitucional.
Al firmar esta petición estaremos defendiendo la existencia de España como una Nación de ciudadanos iguales en derechos y deberes. Pero estaremos en realidad haciendo algo aún más importante: defenderemos nuestra libertad, el valor más sagrado que atesora el ser humano. España es un país libre y todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, a expresar lo que nos parezca y firmar lo que estimemos conveniente, siempre con el límite que nos impone el Estado de Derecho. Ante la campaña de insultos y descalificaciones que se han desatado por esta iniciativa, firmar la petición del Partido Popular se ha convertido de hecho en un símbolo de rebeldía democrática.
El Partido Popular no ha convocado manifestaciones violentas en defensa de la Nación española que degeneren en enfrentamientos con la Policía y en asaltos a comercios en el centro de nuestras ciudades. El PP tampoco ha hecho llamamientos ni ha organizado ataques a las sedes del partido en el Gobierno. Tampoco se ha producido ninguna agresión por parte de sus militantes contra dirigentes de otros partidos, salvo aquellas inventadas en función de la conveniencia política. No sólo no hace nada de eso, sino que siempre ha condenado este tipo de conductas manifiestamente antidemocráticas, algo que lamentablemente otros no han hecho.
El PP se ha limitado a hacer un llamamiento a los ciudadanos libres para que apoyen la continuidad de una Nación de ciudadanos iguales, algo que queda seriamente cuestionado por lo que conocemos del Estatuto secreto pactado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Cataluña.
Habrá quién piense que este proyecto de Estatuto no atenta en realidad contra nuestra Nación ni contra el principio de igualdad. Sin embargo, en la medida en que el texto reconoce la existencia de una nación catalana y establece un sistema de financiación que imposibilita la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, es muy difícil negar la evidencia, por mucha campaña de ocultación y confusión que genere el Gobierno.
Esta iniciativa ha despertado la ira de un nacionalismo catalán que quiere ver en ella una agresión a Cataluña, cosa que no existe por mucho que uno quiera leer torticeramente la frase que se subscribe, porque defender a España no es agredir a Cataluña, sino todo lo contrario. Pero la iniciativa ha desatado también la ira de un Partido Socialista que en este punto sabe que cuenta con la oposición de la mayoría de la sociedad española e incluso de su propio electorado.
