La desastrosa gestión realizada por el Gobierno de Zapatero de la crisis del Alakrana, que se ha culminado con la implicación del Estado en el pago de un rescate, la impunidad de los piratas y la humillación infligida a nuestras Fuerzas Armadas, ha obligado al Partido Popular a pedir en el Congreso la reprobación de la vicepresidenta primera del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro de Justicia por la descoordinación, la incompetencia y los errores cometidos por todos ellos a lo largo de estos 47 días de secuestro. Pero esta crisis ha dejado al descubierto un problema aún más grave y más de fondo, la incapacidad política de nuestro actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para ejercer el mando de nuestras Fuerzas Armadas que constitucionalmente le corresponde.
La Ley vigente de Defensa Nacional asigna directamente al presidente del Gobierno "la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza". El Jefe del Ejecutivo se constituye así en el mando superior de las Fuerzas Armadas con "autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo". Es más, según esta Ley Orgánica, es el presidente y no el Gobierno, el único con potestad para "ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas". El problema es que el actual inquilino de La Moncloa, un pacifista convencido y confeso incapaz de ordenar el uso de la fuerza militar aún cuando estén en juego intereses vitales de nuestra nación o incluso en riesgo la vida de nuestros ciudadanos, ha demostrado que está inhabilitado ideológicamente para ejercer ese mando.
Rodríguez Zapatero no puede, por tanto, esconderse detrás de una vicepresidenta primera del Gobierno a la que otorgó una responsabilidad en este secuestro que es personal e intransferible del propio presidente, ni en una ministra de Defensa a la que legalmente le corresponde "asistir al presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares" pero en ningún caso puede suplantarle. El responsable último y principal del lamentable espectáculo ofrecido en esta crisis y de la imagen de impotencia exhibida por nuestras Fuerzas Armadas para detener o castigar a los secuestradores es, así, el propio Zapatero.
Es por tanto el presidente del Gobierno quien debe acudir cuanto antes al Congreso de los Diputados a informar sobre la gestión de una crisis que ha generado lógica indignación en los ciudadanos y asumir su responsabilidad política por los errores cometidos. Zapatero debería aclarar además si el Gobierno sigue empecinado en negar a nuestros pescadores la protección directa de las Fuerzas Armadas ante el peligro inminente que corren, si mantiene la restricción a nuestra Armada para poder utilizar la fuerza en la lucha contra la piratería o si considera lícito y adecuado la implicación del Estado en el pago de rescates a secuestradores.
La reprobación de los ministros implicados en esta crisis es sin duda imprescindible por su nefasta gestión individual y colectiva del secuestro, pero la exigencia de responsabilidades políticas debe centrarse en última instancia en un presidente del Gobierno que tiene según nuestro ordenamiento jurídico algunas competencias intransferibles. La incapacidad política de Rodríguez Zapatero para asumir esa responsabilidad coloca a España en una situación de extrema vulnerabilidad no sólo ante los piratas, sino ante cualquiera de nuestros enemigos.