El consenso no es un fin en sí mismo sino un mero instrumento para alcanzar fines políticos. Un instrumento que no debe ser sacralizado, que en ocasiones resulta sólo conveniente, pero que a veces es imprescindible para alcanzar determinados objetivos colectivos. Cualquier democracia consolidada se sustenta en un consenso básico de los partidos representativos sobre las reglas del juego. Ese consenso fundacional tiene su reflejo en la Constitución, que establece los principios y las instituciones sobre las que se sustenta la convivencia democrática. Como prolongación de ese pacto constitucional, en las democracias avanzadas se produce también un consenso sobre las denominadas “cuestiones de Estado”. Un acuerdo entre quienes se alternan en el poder que da continuidad, por ejemplo, a la defensa de los intereses nacionales en el exterior o al modelo educativo, cuestiones que no pueden estar sometidas al vaivén propio de la alternancia democrática.
La lucha contra el terrorismo forma parte de ese núcleo duro de políticas de Estado en el que el consenso resulta esencial para garantizar la victoria del Estado democrático y de Derecho sobre el terror. Primero, porque el terrorismo constituye en sí mismo un desafío al Estado que trata de doblegar a través del miedo la voluntad democrática de los ciudadanos. Segundo, porque resulta fundamental que los terroristas pierdan toda esperanza de poder alcanzar jamás los objetivos por los que matan, independientemente de cuál sea el partido en el poder. Tercero, porque los terroristas tratan siempre de dividir a la sociedad a través de su acción criminal para debilitar su capacidad de resistencia. Y también porque ese consenso fortalece la acción del Estado para derrotar a los terroristas.
Por todas estas razones, y algunas más que podríamos añadir, es necesario recomponer en esta Legislatura que ahora comienza el consenso sobre política antiterrorista que el Gobierno anterior rompió con su política unilateral de negociación política con los terroristas. El pacto debe tener como único objetivo la derrota de ETA, porque ése es el fin, y el consenso tan sólo el medio para poder alcanzarlo. Si el Gobierno lo que pretende es un pacto para dar cobertura a su historial de negociaciones con ETA y, si puede, a cualquier nuevo contacto con la banda, puede estar seguro de que no sólo no contará nunca con el apoyo del Partido Popular, sino que tendrá además la más firme y enérgica oposición del PP.
Para recomponer ese consenso en política antiterrorista no es necesario inventar un nuevo pacto, sino volver al pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el PSOE y el PP en diciembre de 2001. Es cierto que Zapatero quebró ese pacto al iniciar su aventura de negociación con los terroristas, incluso a la vez que lo firmaba, pero el Pacto no ha sido formalmente denunciado por ninguna de las partes y puede, por tanto, ser reactivado. Ese Pacto es la mejor expresión de nuestra voluntad democrática de derrotar al terror y ya ha probado además su eficacia en la lucha contra el terrorismo, inspirando la política que condujo a ETA al momento de su máxima debilidad histórica.
El reto del nuevo Gobierno debe ser intentar atraer a otras fuerzas minoritarias a ese Pacto por las Libertades, pero lo que el Partido Popular no va a consentir en ningún caso es que ese Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que representa a la inmensa mayoría de los españoles, pueda ser desvirtuado o devaluado con el pretexto de atraer a fuerzas cuya representación es sumamente minoritaria en nuestra sociedad, y que, además, ven con muy buenos ojos los diálogos y las negociaciones con los terroristas. Si el nuevo Gobierno no logra alcanzar la unanimidad que pretende, Zapatero debe entender que siempre será mejor un consenso de más del 80 por ciento de los españoles para derrotar a ETA que un acuerdo de menos del 50 por ciento para pactar con ETA.
Zapatero ha ensayado en el debate de investidura un nuevo discurso de firmeza frente a ETA y búsqueda de acuerdo con el Partido Popular. Pero el PSOE tiene un serio déficit de credibilidad tras un fracasado proceso de negociación que ha estado plagado de ocultaciones y mentiras. Por ello, es necesario que el Gobierno demuestre ahora con hechos esa voluntad de derrota de ETA. En ese camino lo más urgente es expulsar a los terroristas y sus cómplices políticos de las instituciones democráticas a las que el propio Gobierno dejó entrar. Ésa será la primera prueba para comprobar cuál es la fiabilidad del nuevo Gobierno en esta materia.
La derrota de ETA constituye para el Partido Popular una cuestión de principios que se sitúa por encima de cualquier táctica o estrategia política. Creemos en el consenso como un instrumento esencial para derrotar a ETA, trabajaremos lealmente para fortalecer y ampliar ese consenso y seguiremos apoyando sin condiciones, como siempre hemos hecho, cualquier acción que se emprenda en el marco del Estado de Derecho para derrotar a los terroristas. Lo que jamás vamos a hacer es dar amparo político, ni siquiera con un silencio cómplice, a cualquier nuevo intento de negociación o diálogo político con los terroristas. No lo haremos aunque en esa defensa de nuestros principios nos quedemos tan solos como Zapatero en su investidura.
