Es difícil saber que ocurre en la negociación emprendida por Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. El Gobierno ha decidido mantener esos contactos en total oscuridad, negando incluso al Parlamento la información que se había comprometido a dar. La impresión, sin embargo, es que estamos ante un chalaneo indecente en la que los terroristas ponen sobre la mesa la muerte de inocentes mientras el Gobierno juega con principios que resultan irrenunciables para cualquier democracia. Es lógico que el Gobierno quiera mantener en secreto todo este entre-maneje con los asesinos. Si la sociedad española conociera la verdad sobre esta negociación, es muy probable que Zapatero debiera salir corriendo de La Moncloa.
ETA y Batasuna no dejan de repetir que el proceso está en crisis porque el Gobierno no está cumpliendo los compromisos que había adquirido para que los terroristas decretaran el alto el fuego. El Gobierno niega esos compromisos del mismo modo que negó en su momento la existencia de los contactos que dieron lugar a esos compromisos. En todo caso, Zapatero considera que el proceso marcha según lo previsto y su ministro del Interior afirma incluso que las cosas van mucho mejor que hace seis meses, aunque el PSOE a coro repita machaconamente que será un proceso largo, duro y difícil para enfriar las expectativas que ellos mismos crean.
Pero por encima de las palabras están los hechos. Y la realidad es que ETA intensifica cada vez más el terrorismo callejero mientas que el Gobierno rebaja cada vez más sus exigencias para poder alcanzar un acuerdo. Así, lo más grave del momento actual es que Zapatero haya renunciado a exigir el fin de la violencia terrorista como un requisito imprescindible para poder mantener el dialogo político con los terroristas, como le exige la propia autorización del Congreso de los Diputados en la que se amparó para emprender tales conversaciones.
Pero el presidente del Gobierno pretende ahora hacer una segunda concesión trascendente a ETA. Se trata de rehabilitar políticamente a Batasuna sin necesidad de que cese la violencia, sin que este partido condene la violencia y otorgándoles total impunidad respecto a hechos pasados. Lo único que se les pide es que cambien de nombre. ¿Por qué Batasuna no acepta esta plena reincorporación a la vida política, que resulta vital para su supervivencia, a tan bajo coste? Hay varias razones relativamente simples para ello. La primera es que Batasuna cree que el alto el fuego de ETA es ya un pago suficiente, y que por tanto ellos no deben hacer ninguna concesión más, por leve que sea. La segunda, es porque consideran que Zapatero se ha colocado en una situación de debilidad tal que es sólo cuestión de tiempo que acceda a todas y cada una de sus condiciones. La tercera es porque interpretan que la rehabilitación de Batasuna es un compromiso previo de Zapatero y que por tanto a él le corresponde encontrar la fórmula para cumplirlo. La última es porque ETA siempre ha concebido la negociación como una imposición y nunca como un proceso de concesiones por ambas partes. ETA quiere una victoria total que, entre otras cosas, les permita justificar sus cuarenta años de crímenes. Esa victoria exige antes que nada que jamás puedan renegar de su pasado.
Pero la rehabilitación de Batasuna, siendo importante, no es lo más trascendente para ETA en este proceso. Tampoco lo es la impunidad para sus presos, algo que consideran caerá como fruta madura en la medida en que el proceso político se ponga en marcha. Lo esencial para ETA en este momento es arrancar al Gobierno un compromiso formal de que la Mesa de Partidos abordará las exigencias de los terroristas sobre la autodeterminación del País Vasco y sobre la anexión de Navarra. El compromiso de Zapatero de que respetará los acuerdos de esa Mesa la tienen ya garantizada.
Nadie debería albergar dudas a estas alturas del proceso sobre la voluntad de Rodriguez Zapatero de llegar a un pacto con los terroristas sea cual sea el precio que éstos le exijan. La duda es si el presidente del Gobierno está en condiciones de convencer a la sociedad española para que pague ese precio y de poder violentar la Constitución hasta el extremo que le exigen los terroristas. ¿Está en condiciones Zapatero de condicionar al Tribunal Supremo para que asuma la legalización de facto de Batasuna? ¿Aceptarán los ciudadanos entregar Navarra a ETA a cambio de que no haya más muertes? ¿Estamos dispuestos el conjunto de los españoles a traicionar a esa mitad de los vascos que quieren seguir siendo parte de España? Y lo que es más importante ¿está la sociedad española en disposición de renunciar a su libertad para poder alcanzar una supuesta paz? En las respuestas a estas preguntas no sólo está el desenlace del oscuro proceso en el que nos encontramos, sino nuestra propia pervivencia como una nación democrática.
