Tengo algo más que la sospecha de que el pacto presupuestario del Gobierno socialista con el PNV tiene una parte oculta. El contenido público de ese acuerdo es la transferencia al Gobierno vasco de determinadas competencias de empleo, con una generosa dotación de 270 millones de euros que pagaremos todos los españoles para que Zapatero pueda seguir un año más en La Moncloa. Pero la parte oculta tiene que ver con el reparto del poder en el País Vasco y con la política antiterrorista. Es evidente que el objetivo final de los nacionalistas vascos es debilitar el pacto constitucionalista entre el PP y los socialistas vascos que le desplazó del poder. Accediendo a ello, Zapatero no sólo traiciona a sus propios compañeros del PSE, sino que condiciona el cambio histórico que se había iniciado en el País Vasco y pone en cuestión la política de derrota de ETA.
Más allá de las concesiones económicas y competenciales conocidas, hay varios datos que inclinan a pensar que el pacto entre el PSOE y el PNV incluye también una agenda secreta. En primer lugar, resulta cuando menos sospechoso que uno de los grandes protagonistas de la negociación haya sido el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que poco tiene que decir en materia presupuestaria ni sobre cuestiones de empleo. Por otro lado, ha trascendido que en la reunión entre Zapatero y el presidente del Buru Batzar, Iñigo Urkullu, para sellar lo pactado, no solo se habló de ETA, sino que el líder nacionalista tuvo visto bueno para iniciar un debate entre todos los partidos vascos para abordar la "pacificación". Finalmente, el portavoz del PNV en la Cámara Vasca aclaró en el debate sobre política general celebrado esta pasada semana en Vitoria cuál será el contenido de ese acuerdo para "la pacificación y la normalización": "Si Zapatero necesita estabilidad, este país también y tendrá que dar sus pasos hacia el cambio de marco jurídico, en base al reconocimiento de la identidad vasca y al derecho a decidir, así como el de libertad de relación con otros territorios de Euskal Herria". Más claro, agua.
Con este acuerdo Zapatero incorpora al PNV al proceso de resolución del conflicto reabierto por los terroristas y sus cómplices políticos a través de mediadores internacionales. Los nacionalistas vascos, desalojados de Aujuria Enea y autoexcluidos del polo que lidera Batasuna, habían quedado al margen del diálogo impulsado por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren. El pacto con Zapatero les permite volver a tener protagonismo en un proceso que esperan conduzca al fin del terrorismo. Son los "ajustes políticos" a los que se refería Rubalcaba necesarios tras el fin de ETA.
Con dicho acuerdo, los nacionalistas vascos obtienen además garantías de que podrán seguir manteniendo el poder local, especialmente las potentes diputaciones forales vascas, tras las próximas elecciones municipales. El pacto con el PP se limitará así al ámbito del Gobierno vasco y adquiere un carácter de excepcionalidad que puede ser corregida cuando haya una coyuntura más favorable.
Resulta evidente que Zapatero está dispuesto a vender cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. El problema es que para salvar sus presupuestos ha puesto sobre la mesa algo más que un puñado de millones de euros e incluso más que la ruptura con un principio de igualdad entre todos los españoles que constituye un elemento esencial para toda Nación que quiera definirse como tal. Lo que Zapatero parece haber ofrecido al PNV es participar en un proceso para un final dialogado del terrorismo al que siempre han aspirado los nacionalistas vascos. Ambos esperan una declaración de ETA anunciando el abandono definitivo de las armas para poder sacar a la luz el secreto.