Zapatero ha planteado la lucha contra el terrorismo como un falso dilema entre paz y libertad. El presidente está dispuesto a sacrificar la libertad, dejando que los terroristas secuestren nuestra voluntad democrática en una mesa de negociaciones, pensando que así podremos alcanzar el fin de la violencia terrorista. La realidad es que, como ha demostrado una vez más el brutal atentado de Barajas, renunciar a la libertad no trae como consecuencia la paz, sino la servidumbre, el terror y la muerte.
Tras el estrepitoso fracaso de su política antiterrorista, Rodriguez Zapatero ha decidido cambiar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo por un nuevo Pacto por la Negociación con el Terrorismo y contra el PP. Para el presidente del Gobierno el mortal atentado de Barajas no debe supone el final de su proceso de negociación con los terroristas, sino todo lo contrario. Zapatero no sólo pretende perseverar en su fracasada política antiterrorista, sino que quiere incluso acelerar e intensificar su proceso de negociación con los asesinos. Al parecer, ningún “accidente”, por doloroso que sea, podrá torcer la voluntad negociadora de nuestro presidente.
Para poder continuar por la senda de la negociación, como le exige ETA, Zapatero necesita dos cosas. En primer lugar, un entierro solemne del ya fallecido Pacto contra el Terrorismo suscrito con el PP. En segundo término, el presidente requiere el padrinazgo para el nacimiento de su nuevo Pacto de aquellos que desde siempre consideraron que la política de derrota del terrorismo ejecutada por Aznar, pactada por Zapatero y amparada en el Pacto por las Libertades era contraria a sus intereses políticos. Rodriguez Zapatero no sólo enterrará así definitivamente cualquier vestigio de la anterior política de firmeza contra el terror, que se había mostrado como la más eficaz en la lucha contra el terror de toda nuestra historia democrática pero que hoy resulta incompatible con su voluntad de negociación, sino que reforzará el hoy debilitado, por sus muchas traiciones, frente anti-PP, utilizando para ello el terrorismo de la forma más partidista posible.
La pérdida que supondrá el nuevo Pacto para la democracia española es doble. En primer lugar, mantener la voluntad de negociación con los terroristas mientras estos ponen muertos encima de la mesa para dinamizar el proceso constituye algo moralmente inaceptable, democráticamente aberrante y estratégicamente contraproducente. Mantener la voluntad de negociación con los asesinos, obviando no sólo los muertos sino la amenaza de nuevos atentados, constituye una inmoralidad absoluta porque implica traicionar a todas las victimas causadas por la banda terrorista ETA a lo largo de larga historia criminal, cuyas muertes serían finalmente no sólo absurdas, sino útiles para los fines por las que fueron asesinadas. Mantener el diálogo con los terroristas es además una aberración democrática porque supone asumir el asesinato como un instrumento eficaz para lograr fines políticos. La idea misma de abrir una negociación política con una banda criminal es por último un inmenso error estratégico, porque no sólo justifica las muertes del pasado, sino que incentiva el uso futuro del terror como un elemento eficaz para alcanzar los objetivos totalitarios de cualquier organización terrorista.
El nuevo Pacto con el que Zapatero pretende ocultar su fracaso provocará además, está provocando ya de hecho, una mayor división y enfrentamiento entre los demócratas para la lucha contra ETA. Pese al eslogan de todos contra uno que repite el PSOE machaconamente estos días, la verdad es que el Pacto aún no nato va a contar con mucho menor respaldo parlamentario y social que el que se pretende destruir. Casi la mitad de los españoles, diez millones de votantes, se verán excluidos de un Pacto que no pueden apoyar no por desgastar a Zapatero, como calumniosamente reiteran los socialistas, sino porque discrepan radicalmente de su objetivo central: dar cobertura al dialogo y la negociación con los terroristas.
El nuevo Pacto por la Negociación con los Terroristas y contra el PP tendrá por último un efecto destructivo para nuestra democracia. El veto levantado por sus potenciales firmantes para impedir debatir las propuestas de la oposición en el Congreso de los Diputados atenta de forma flagrante contra los principios más elementales de una democracia parlamentaria. Los esfuerzos por mantener oculta la negociación con los terroristas, incluso convirtiendo en semiclandestinas las reuniones institucionales entre un presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno vasco, tampoco es compatible con la transparencia obligada en un país libre para sus poderes públicos. Pretender condicionar la actuación del Poder Judicial en función de la política de negociación del Gobierno con los terroristas dinamita la seguridad jurídica que caracteriza a toda democracia moderna. El Pacto por la Negociación con los Terroristas y contra el PP será así no sólo un paso atrás en la lucha contra el terror, sino una amenaza en si mismo para nuestro propio sistema de libertades.
