Rodriguez Zapatero está encontrando creciente resistencia a su voluntad de entregar España a los independentistas y rendir el Estado a los terroristas. Por un lado, el sentimiento de la Nación española tiene entre los ciudadanos mucha más fuerza de lo que Zapatero y sus aliados habían calculado. Sólo así se explica el fuerte deterioro electoral que viene experimentando el PSOE en las últimas encuestas y la creciente movilización social en contra de las decisiones más negativas para nuestra convivencia del actual Gobierno. Por otro, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho está situando el imperio de la Ley por encima de la voluntad de claudicación del Gobierno.Los españoles son cada vez más conscientes del riesgo de desmembración de España que supone este Gobierno. No es ya la incapacidad de Rodriguez Zapatero para contener las ansias independentistas y expoliadoras de sus socios parlamentarios, es que el tandem Zapatero-Maragall se ha convertido en sí mismo en el motor principal de un proceso que puede abocar en la desaparición de nuestra Nación y en el desmantelamiento de nuestro Estado. Incluso dentro del propio PSOE muchos dirigentes empiezan a sentir vértigo ante el precipicio al que Rodriguez Zapatero camina con paso decidido.
La firmeza del Partido Popular en la defensa de la idea de España y en la oposición a toda concesión a los independentistas o a los terroristas constituye el mejor freno político a este suicido constitucional al que nos quiere conducir el actual Gobierno. No serán los militares los que salvarán a la Patria del desastre, como sugiere Bono que desearíamos algunos, sino los millones de ciudadanos que a través de la fuerza de las urnas convertiremos pronto a Rodriguez Zapatero en una triste anécdota en nuestra ya larga historia como Nación.
La gravedad y la trascendencia de algunas de las claudicaciones de Zapatero, como la definición inconstitucional de Cataluña como nación o la pretendida negociación con los terroristas, exigen además de una firme oposición política una fuerte movilización social. Esta movilización debe tener un doble objetivo. Por un lado, tratar de impedir decisiones que generan situaciones de hecho extremadamente peligrosas de muy difícil retroversión. En segundo término, mostrar al Gobierno que hay una mayoría social que se opone frontalmente a esas concesiones. Sólo una eficaz movilización social nos puede permitir frenar a tiempo las iniciativas más letales para nuestro futuro común impuestas al Gobierno por una minoría de radicales.
Un tercer elemento de contención es la vigencia del Estado de Derecho y, en particular, la encomiable labor que nuestros Tribunales de Justicia están haciendo para garantizar el cumplimiento de la Ley por encima de los intereses políticos del Ejecutivo. En este sentido, esta misma semana hemos conocido tres actuaciones judiciales de extraordinaria relevancia que han reafirmado la confianza de muchos ciudadanos en la capacidad de nuestro Estado para sobrevivir a este Gobierno.
En primer lugar, al mandato de la Audiencia Nacional para que no se celebrase el Congreso de Batasuna en Bilbao, en contra de la posición del presidente del Gobierno, que sorprendentemente había abogado por su celebración. Será difícil que Rodriguez Zapatero pueda avanzar en un proceso de paz con ETA que políticamente no se atreve a declarar, jurídicamente es ilegal y socialmente despierta un rechazo mayoritario. Pero la falta de liderzazo del presidente en la lucha contra ETA y la falta de voluntad del Gobierno para enfrentarse a los terroristas tendrá como efecto inmediato el fortalecimiento estratégico de la banda terrorista y el crecimiento político y social del totalitarismo nacionalista.
Una segunda decisión sumamente relevante es la suspensión momentánea del traslado de los papeles del Archivo de Salamanca a Cataluña. El lamentable espectáculo organizado por la ministra de Cultura, no sólo expoliando un patrimonio que los salmantinos y los castellanos y leoneses sentíamos como propio, sino destruyendo un archivo nacional que simboliza mejor que ningún otro hecho el proceso de desmembración de nuestra memoria colectiva y de España. A ello se suma finalmente la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León sobre esta misma cuestión.