La unidad de los partidos democráticos es un valor esencial en la lucha contra el terrorismo. Por un lado, esa unidad hace perder a los terroristas toda esperanza de que un cambio de Gobierno pueda suponer una ventaja para sus intereses criminales. Por otro, el Gobierno de turno puede mantenerse firme contra el terror sin temor a que su rival vaya a utilizar los efectos de posibles atentados como arma electoral. Esa deseable unidad de las fuerzas políticas tiene sin embargo tres límites que cualquier Gobierno no puede traspasar sin arriesgarse a romper el necesario consenso democrático. Esos límites son el Estado de Derecho, la legitimidad democrática y la dignidad de las victimas.
El primer principio sobre el que debe sustentarse toda política antiterrorista es el de legalidad. La lucha contra el terror debe establecerse siempre dentro del más estricto respeto al Estado de Derecho. Toda acción de un gobierno al margen de la Ley no solo supone una degradación moral de la política antiterrorista, sino que constituye un grave error estratégico que fortalece y legitima la actuación de los asesinos. La triste experiencia del GAL en nuestro país pone de manifiesto hasta qué punto la acción ilegal del Estado resulta contraproducente para derrotar al terror. Si un gobierno decide vulnerar el Estado de Derecho, la oposición no solo está legitimada a no respaldarle, sino que tiene la obligación política y moral de denunciarlo.
El segundo límite es el principio de legitimidad. Una norma esencial de toda democracia es que nadie pueda imponer su voluntad a los demás mediante el uso de la violencia, el chantaje y la extorsión. Por eso los terroristas no pueden obtener jamás ventaja política ni por la acción de sus atentados ni por el hecho de que dejen de cometerlos. Los terroristas no son depositarios de la más mínima legitimidad democrática y por tanto en ningún caso cabe entablar un dialogo o una negociación política con ellos. Cuando un Gobierno abre por tanto una negociación política con una organización terrorista no es exigible a ningún partido democrático que ampare esa negociación y sí le es exigible que se oponga a la misma con la máxima contundencia.
El último principio que resulta imprescindible salvaguardar en la lucha contra el terror es la dignidad de las victimas. A diferencia de los conflictos armados, en el terrorismo no existen dos bandos enfrentados susceptibles de reconciliarse. En el caso del terrorismo son sólo unos pocos los que matan, secuestran y amenazan a una mayoría que soporta con estoicismo democrático la acción criminal, con la única esperanza de que el Gobierno les proteja y los tribunales hagan justicia. En caso de que una banda terrorista decida abandonar su actividad criminal puede invocarse el perdón, pero esa es una potestad que corresponde a las victimas, porque cuando ese perdón se ejerce arbitrariamente por un Gobierno se traduce en impunidad y en injusticia. Si un Gobierno ofende la dignidad de las victimas ofreciendo medidas de gracia sin contar con ellas, la oposición debe colocarse siempre al lado de las victimas y no de ese Gobierno.
El proceso de dialogo y negociación con ETA abierto por Zapatero traspasa en mi opinión dos de los límites que resultan más esenciales en cualquier política antiterrorista: la legitimidad democrática y el respeto a la dignidad de las víctimas. Zapatero rompe la legitimidad de nuestra democracia al consentir el regreso de ETA a las instituciones políticas como primer pago político para que los terroristas dejen de matar. La rompe además haciendo concesiones políticas a los terroristas, aunque intente esconder esas concesiones debajo de una mesa de dialogo entre partidos que en todo caso incluya al partido del terror.
Zapatero ofende la dignidad de las victimas cuando plantea a los terroristas medidas de gracia a las que las victimas del terrorismo se oponen frontalmente. Hace ya demasiado tiempo que pasó la oportunidad de que ETA merezca nuestra clemencia por el mero hecho de detener ahora su maquina asesina. Se ha vertido demasiada sangre inocente, se ha generado excesivo dolor, hay demasiadas viudas y huérfanos y padres desgarrados como para olvidar tan pronto, como para que tengamos que pedir perdón a los asesinos, como para que demos un último sentido a su lucha.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular.
