Rodríguez Zapatero hizo de la reforma territorial y de la negociación con ETA los dos ejes políticos de toda su acción de Gobierno. Como mínimo fue un error, pero a estas alturas de Legislatura es demasiado tarde para rectificar. Ahora, a menos de dos meses de unas elecciones municipales y autonómicas en las que esas dos cuestiones lastran las expectativas de muchos candidatos socialistas, el Gobierno pretende que no hablemos más de ello. Les resulta especialmente molesto que hablemos de ETA, porque después de meses de haber alimentado falsas expectativas de paz y de un presidente abducido por su propio proceso, ahora dice que hablar sobre terrorismo es crispar a la sociedad y dar bazas a los terroristas. Lo cierto es que hoy hablaríamos mucho menos de una ETA que en 2004 estaba al borde de su derrota si el Gobierno socialista no la hubiera resucitado políticamente con su insensato proceso de negociación.
Por otro lado, el buque insignia de la nueva arquitectura territorial, el Estatuto de Cataluña, espera sentencia del Tribunal Constitucional después de una tramitación repleta de sobresaltos, cambios de pareja y chalaneo político sin el más mínimo respeto ni a las reglas ni a la coherencia. Si finalmente el Alto Tribunal estimara inconstitucionales partes fundamentales del nuevo Estatuto, España podría recuperar parte de la tranquilidad perdida. El Gobierno, eso sí, se apuntaría un rotundo y estruendoso fracaso.
El nuevo pacto autonómico propugnado por Zapatero y que iba a traer décadas de estabilidad territorial a nuestro país, y que sólo ha traído intranquilidad y desconfianza, no habría durado, por suerte para todos, ni dos años. Las constantes amenazas de los nacionalistas catalanes de que si el Estatuto no cabe en la Constitución entonces Cataluña no cabe en España, son muy reveladoras sobre la naturaleza de los socios con los que pacta el Gobierno socialista. Vemos como el malabarismo político de Rodríguez Zapatero ha dado impulso a unos independentistas catalanes que hasta ahora eran estrictamente marginales.
Ante estos dos grandes fracasos, que suponen en su conjunto una Legislatura fallida, el Gobierno pretende imponer ahora el silencio sobre ambas cuestiones con la excusa de evitar la crispación. Es cierto que sobre la cuestión territorial existe un gran hartazgo por parte del conjunto de la sociedad, como ha puesto en evidencia el propio referéndum estatutario en Cataluña y de forma aún más dramática la consulta en Andalucía. Por tanto, a la espera de un posicionamiento del Tribunal Constitucional, la cuestión territorial ha desaparecido de la agenda política, con la excepción de las tramitaciones parlamentarias de las reformas mucho más moderadas promovidas por el resto de las comunidades.
Pero será difícil que ETA desaparezca de las portadas de los periódicos, del debate parlamentario o de los análisis políticos, por mucho que esto incomode al Gobierno. Una vez que Zapatero decidió colocar el terrorismo en el centro del debate no será tan fácil retirarlo de la escena. El gran debate preelectoral en estos momentos es si ETA podrá concurrir a las próximas elecciones en cualquiera de sus fórmulas, un debate que no tendría lugar si el Gobierno hubiera iniciado ya la ilegalización de un Partido Comunista de las Tierras Vascas cuyo sometimiento a los terroristas es cada vez más nítido. Tampoco habrían existido manifestaciones masivas de rechazo a la política del Gobierno en esta materia si Zapatero no hubiera excarcelado a un asesino múltiple tan deleznable como De Juana Chaos o si la fiscalía no hubiera evitado que Arnaldo Otegui fuera juzgado por la Audiencia Nacional.
Será difícil que ETA desaparezca de la escena política mientras operaciones como la última de la Guardia Civil demuestren que mientras el Gobierno negociaba con los terroristas éstos preparaban nuevos asesinatos contra aquéllos que democráticamente se oponían a toda concesión a los terroristas.
La gran excusa para el Gobierno es que hablar de ETA en estos momentos crispa y divide a los ciudadanos. Zapatero debería haberlo pensado antes de iniciar un proceso de negociación con los terroristas que no contaba con el necesario consenso político, ni con suficiente respaldo social y que generaba una oposición muy mayoritaria de las víctimas del terrorismo. Ahora se llega a afirmar desde el PSOE que quiénes propugnamos la derrota de ETA actuamos en connivencia con los terroristas, lo cuál demuestra cómo entienden los socialistas el significado de recomponer el necesario consenso y serenar los ánimos.
Pero más allá de los intereses del Gobierno, hay también ciudadanos que consideran que ETA consume hoy excesiva atención en detrimento de problemas que son más importantes. Respeto estas opiniones, pero discrepo de ellas. El terrorismo es, por su naturaleza, más allá del mal que causa a sus víctimas, un verdadero cáncer para la democracia. Y la movilización social es sin duda el arma más eficaz que tenemos para su derrota.
Muchos socialistas se quejan de que el debate territorial, y de forma especial la negociación con los terroristas, ensombrece los pretendidos logros sociales de su propio Gobierno. Es más que discutible que esos logros sociales realmente existan, pero pueden tener cierta razón cuando denuncian que el terrorismo parece haber monopolizado el debate político en la España actual. Sin embargo, el principal responsable de este hecho es su propio líder y presidente del Gobierno, que optó por hacer de la negociación con ETA el objetivo supremo de esta Legislatura. Quizá lo hizo movido por su optimismo antropológico, en el convencimiento de que ese sería el gran éxito de su mandato. En realidad, ha constituido su máximo fracaso.
