Ocultar la verdad es una estrategia suicida. Las actas de la negociación con ETA existen y los españoles tenemos derecho a saber que negoció en nuestro nombre el Gobierno con una banda de asesinos. Lo más triste es que la verdad que hoy se obceca en ocultar nuestro presidente del Gobierno la conoceremos tarde o temprano por filtraciones interesadas de otros. El único objetivo de Zapatero es mantener el engaño unos pocos meses porque para él todo podrá justificarse si mantiene el poder.
Rodríguez Zapatero perdió su última oportunidad de ofrecer una imprescindible explicación a los españoles sobre el fracaso de su negociación con ETA. En el debate sobre el estado de la Nación no sólo no aportó un solo dato, sino que ni siquiera se dignó contestar las reiteradas peticiones del líder de la oposición exigiendo que entregara las actas de esa negociación. Toda su defensa fue un desesperado ataque a la oposición por no haberle apoyado en su aventura de negociación con los terroristas. Pero ni siquiera nos dice exactamente en qué deberíamos haberle apoyado.
Nada nos interesa de lo que dijo ETA en la mesa de negociación. Conocemos de sobra cuáles son sus intenciones, que para nuestra desgracia nada han cambiado en sus cuarenta años de historia sangrienta. Nada de lo que digan los terroristas podrá ofendernos más que sus múltiples crímenes; ninguna de sus palabras podrá tampoco causarnos más dolor.
Lo que queremos es despejar toda sospecha de que nuestro Gobierno haya traicionado en la mesa de negociación nuestra voluntad democrática. Que el Gobierno haya accedido a hablar con los asesinos de cuestiones políticas sobre las que ningún gobierno democrático puede negociar sin quebrar nuestra dignidad democrática.
Queremos saber también si el Gobierno constató en esas conversaciones una voluntad inequívoca de la banda terrorista por abandonar su actividad criminal o más bien si fue nuestro gobierno el que sucumbió al chantaje terrorista al acceder a negociar pese a la persistencia de la amenaza, incumpliendo así el mandato parlamentario que habilitaba al Gobierno para iniciar el diálogo.
Queremos y tenemos derecho a saber si en esa mesa de negociación nuestro gobierno asumió algún compromiso de impunidad con los terroristas que atentara o dejara en suspenso la propia vigencia de nuestro Estado de Derecho.
Queremos saber si el contenido de las declaraciones del presidente del Gobierno habían sido previamente autorizadas por la organización terrorista y si la perversión del lenguaje a la que llegamos durante el proceso, convirtiendo, por ejemplo, atentados mortales en meros accidentes, fue consecuencia también de un indigno acuerdo con los asesinos o de meros deslices semánticos del jefe del Ejecutivo.
Queremos saber si la excarcelación de un asesino como De Juana Chaos o el retirar los cargos a un delincuente como Arnaldo Otegui fueron fruto de la negociación con los terroristas o se trataba de razones humanitarias o legales como en su día afirmó el Gobierno.
Queremos saber si existieron contactos con la banda terrorista tras la ruptura efectiva de su pretendido alto el fuego con el atentado de la T-4 en Barajas y tras el posterior anuncio del presidente del Gobierno de cese de todo diálogo con la organización terrorista.
Mientras Zapatero se niegue a desvelar las actas de su negociación con ETA nos asiste toda la razón moral y política para mantener que el Gobierno nos ha mentido, que el Gobierno ha negociado políticamente con los terroristas, que el Gobierno ha asumido en el marco de esa negociación compromisos contrarios a nuestro Estado de Derecho y que el Gobierno ha hecho concesiones indignas a los asesinos. Para Zapatero sería tan sencillo rebatir todas esas acusaciones como hacer públicas las actas de su negociación. El problema es que esas actas son en realidad las actas de la vergüenza.
