Este domingo se vota en Cataluña su nuevo Estatuto. Mi previsión es que la participación será baja, porque el abismo entre unos políticos catalanes exclusivamente preocupados por copar el poder y las preocupaciones reales de los ciudadanos son cada vez mayores. Mi intuición es que habrá también un voto negativo considerable, mayor del que auguran las encuestas, porque existe un movimiento de rebeldía cada vez mayor en la sociedad catalana contra un nacionalismo obligatorio que amenaza con asfixiar su propia libertad.
En todo caso, la previsión oficial es que gane el sí, aunque sea con escaso entusiasmo y por un margen mucho más estrecho de lo que desearía Rodriguez Zapatero, que es al final el principal responsable de este desaguisado. Pero hoy lo único seguro es que el nuevo Estatuto, de ser efectivamente aprobado, nacerá con un consenso mucho menor que el que está vigente y pretende sustituir. Justo lo contrario de lo que pretendía Zapatero.
El sí habría ganado además haciendo trampas. Por un lado, el gobierno catalán ha movilizado todos los resortes, legales y no legales, para obligar a la sociedad a un voto positivo. Por otro, grupos de nacionalistas violentos se han dedicado a sembrar el miedo entre los que no piensan como ellos, boicoteando sus actos y amenazando y agrediendo a sus representantes con la complacencia, cuando no el aliento, de los partidos mayoritarios.
El uso que han hecho los partidarios del sí de las instituciones para provocar el voto afirmativo ha sobrepasado todos los límites éticos y legales de la acción política. El Presidente de la Generalitat comenzó mandando una carta a todos los ciudadanos de Cataluña antes incluso de que el proyecto de Estatuto fuera aprobado en el parlamento español. La campaña diseñada por la Generalitat tuvo que ser después suspendida por la Junta Electoral porque vulneraba todos los preceptos de neutralidad institucional. Finalmente, el discurso institucional de Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat ha sido de hecho el último mitin de su partido a favor del sí, algo que merecerá sin duda una nueva reprobación de la Junta Electoral. Intentaron incluso ampliar el periodo de votación para ganar alguna décima de participación, un intento que se vio frustrado por ser ilegal.
Pero si el uso partidista de las instituciones ha sido inaceptable a favor de una de las opciones del referéndum, aún más preocupante resulta la utilización de la violencia durante toda la campaña para intimidar a los partidarios de la otra opción. Así, los actos de los partidarios del no en esta campaña han sido sistemáticamente boicoteados por grupos de jóvenes que proferían todo tipo de insultos y amenazas y que han llegado incluso a la agresión física, ante la excesiva pasividad de la policía.
Lo grave, en todo caso, no es que haya grupos minoritarios de violentos que pretendan coaccionar a aquellos que no piensan como ellos. Lo más inquietante, en el caso Catalán, es que por parte de los partidos mayoritarios se haya justificado y en ocasiones alentado esas actitudes antidemocráticas por parte de esas minorías violentas. En un país como España deberíamos haber aprendido que la violencia es un cáncer para la democracia que debe ser condenado y extirpado de la sociedad antes de que se extienda. Alentar o justificar las actitudes violentas cuando estas favorecen nuestros intereses partiditas a corto plazo o cuando se dirigen contra nuestros adversarios políticos, es el peor error que se puede cometer desde un punto de vista democrático.
Es posible que el sí gane en Cataluña. Lo haría en todo caso frente a la oposición o la indiferencia de una gran mayoría de los ciudadanos catalanes. El sí habría ganado además haciendo trampas, abusando del poder para imponer su decisión y recurriendo incluso a la violencia para obligar a una determinada forma de pensar. Sería por tanto una victoria del miedo que debe impulsar a aquellos que creemos en España, en la libertad y en Cataluña a intensificar nuestra resistencia democrática por seguir defendiendo una patria común de ciudadanos libres.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
