Zapatero inicia esta nueva Legislatura en un estado de clamorosa soledad. Su foto en la cumbre de la OTAN, aislado de todo el resto de líderes occidentales, es la expresión más gráfica de a dónde ha conducido la política exterior practicada durante la pasada legislatura. Por otro lado, la imagen previsible de un Zapatero rechazado en primera vuelta para presidir nuevamente el gobierno será el fiel reflejo de la soledad parlamentaria en la que actualmente se encuentra el PSOE dentro de España.
El problema de nuestra política exterior trasciende con mucho la incapacidad de Zapatero para comunicarse con sus homólogos europeos y norteamericanos. El problema de fondo es que España ha desaparecido de todos los foros donde se toman decisiones relevantes. El propósito inicial de renunciar a nuestra dimensión trasatlántica para centrarnos exclusivamente en la europea se ha transformado con el tiempo en una creciente irrelevancia en el seno de la Unión y en un persistente distanciamiento con Estados Unidos que el Gobierno no sabe cómo subsanar.
Hay, sin embargo, algo peor que la irrelevancia. Zapatero parece sentir una creciente incomodidad cuando se encuentra entre los grandes líderes democráticos de las principales potencias mundiales mientras que parece estar más a gusto cuando se reúne con líderes autoritarios de países muchas veces irrelevantes. La política exterior socialista ni ha sabido defender con eficacia nuestros intereses nacionales en Europa ni en el mundo, ni se ha comprometido de forma clara con los principios que deben inspirar la acción exterior de una sociedad democrática. Su complicidad con un régimen totalitario como el de Cuba o su amistad con el autoritarismo de Chávez en Venezuela son ejemplos que requieren una rectificación inmediata.
El aislamiento político con el que Zapatero inicia la nueva legislatura dentro de España no es menos significativo. El PSOE parece que ya no es capaz de lograr apoyos ni siquiera a base de nuevas y onerosas concesiones a sus socios potenciales. Así, la cesión de puestos en las mesas del Congreso y del Senado a los partidos nacionalistas no ha servido en esta ocasión para que su anticipado candidato a presidir el Congreso, José Bono, fuera elegido presidente de las Cortes en primera votación, convirtiéndose así en el primer presidente de la Cámara de Diputados de nuestra reciente historia democrática que no ha sido elegido por mayoría absoluta.
Aún más sangrante es que el mismo día en que el PSOE cede al PNV una secretaría en la mesa del Congreso y acuerda prestarle seis senadores para que pueda constituir Grupo Parlamentario propio en la Cámara Alta, violentando de esta forma el reglamento de la Cámara, los nacionalistas vascos voten a la misma hora en contra de una moción de censura de los socialistas para desalojar a la alcaldesa de Mondragón, quien se niega a condenar el reciente asesinato de un ex concejal socialista en esa localidad.
Las dificultades de Zapatero no se limitan a su incapacidad para recabar nuevo apoyos, sino que puede tener incluso problemas para retener los propios. El inicio de la Legislatura ha venido acompañado de una agria polémica con su franquicia catalana por el pretendido trasvase que el Gobierno de la Generalitat pretendía hacer desde la cabecera del Segre hacia Barcelona. Ya es llamativo que el mismo partido que ha hecho de la oposición a cualquier trasvase una de sus banderas electorales se encuentre ahora inmerso en un debate de estas características. Pero el problema de fondo es que el PSC, que se considera el gran artífice de la victoria de Zapatero, está dispuesto a poner en valor su fuerza aunque por el momento sea dentro del propio grupo socialista. No es descartable, por tanto, que Zapatero pueda tener mayores dificultades para mantener la cohesión de su propio grupo a lo largo de la presente legislatura.
En estas circunstancias, la prudencia aconsejaría que Zapatero no dejara caer en saco roto el ofrecimiento reiterado por Mariano Rajoy para acordar aquellas cuestiones de Estado que como el modelo territorial, la lucha antiterrorista, la política exterior o la justicia deberían ser consensuadas entre las dos grandes fuerzas políticas españolas. El riesgo es que Zapatero interprete su insuficiente triunfo electoral como un aval de la sociedad española para llevar a cabo su proyecto de forma excluyente. Esa sería la peor interpretación que podría hacer de los resultados del 9-M.
