La gravedad de la amenaza de la banda terrorista ETA, puesta en evidencia tras su último atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Durango, exige al Gobierno una respuesta política rápida y contundente. Antes que nada es necesario pasar página definitivamente a la política de dialogo y negociación propugnada por Zapatero para impulsar con firmeza una política de derrota del terrorismo sin paliativos y sin vuelta atrás. En segundo término, es imprescindible quitar a ETA las ventajas que ha obtenido durante el proceso de negociación con el Gobierno, comenzando por cercenar su representación política, ahora encarnada en ANV. En tercer lugar, es urgente revitalizar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que representa la mejor expresión del necesario consenso político en la lucha contra el terror. Por último, pero no menos importante, es imprescindible recuperar la determinación de toda la sociedad vasca y española para la derrota de ETA encarnada en el denominado Espíritu de Ermua.
La ruptura del proceso de negociación con ETA no puede ser un mero paréntesis hasta que la banda plantee un nuevo alto el fuego ficticio. Zapatero debería sacar de su fracaso dos conclusiones claras. Primero, que los terroristas no están dispuestos a abandonar su actividad criminal si no es a cambio de concesiones políticas y morales que resultan inaceptables para una sociedad democrática. La segunda es que todo proceso negociador no sólo es aprovechado por ETA para recomponer su maltrecha infraestructura, sino que otorga un sentido estratégico al uso de la violencia como medio para obtener fines políticos.
Por el contrario, Zapatero no ha realizado hasta la fecha el más mínimo reconocimiento de su error, no ha hecho ninguna declaración pública que cercene definidamente la opción negociadora, no ha revocado la invitación solemne del Parlamento a ETA para buscar un final dialogado ni ha desautorizado a los que desde su propio partido en el País Vasco siguen propugnando aún hoy la negociación con los asesinos como la única salida al problema del terrorismo. Es más, tras el anuncio formal del alto el fuego, y de forma especial tras este último atentado de la banda, el silencio del presidente resulta clamoroso.
El segundo paso que el Gobierno debe dar de inmediato es instar a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, un partido que al negarse a condenar este último atentado se ha revelado como lo que realmente es: un necesario cómplice político de los terroristas. Esta indecencia, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, debe tener efectos políticos y jurídicos inmediatos, como los debe tener el anuncio del ministro del Interior de que un atentado de ETA tendría consecuencias muy negativas para una organización terrorista como Batasuna a la que el Gobierno ha consentido un estatus legal de facto durante el proceso negociador y a la que llegó a considerar como un interlocutor político necesario. Es esencial negar a los terroristas toda presencia en las instituciones democráticas porque la actividad criminal nunca debe ser compatible con el ejercicio de la política. Y no se trata sólo de una cuestión vital para la eficacia en la lucha contra el terror, sino de un principio moral infranqueable sean cual sean las circunstancias.
Una tercera consecuencia política de este atentado debe ser la vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo como mejor respuesta a la demanda de unidad democrática que hoy exige de forma unánime la sociedad española. No habría mejor muestra de la voluntad del Gobierno de recomponer el consenso político en la lucha contra el terror que restaurar a todos los efectos un Pacto que mostró una extraordinaria eficacia en la lucha contra el terrorismo y con el que se sentían identificados la gran mayoría de los españoles. El esfuerzo en estos momentos de recrudecimiento de la amenaza debería centrarse en ampliar ese Pacto al resto de las fuerzas políticas minoritarias y no tratar de desvirtuar el contenido esencial del mismo con el fin de excluir de él a casi la mitad de los españoles representados por el Partido Popular.
Por último, resulta imprescindible restaurar en la sociedad española su determinación absoluta por derrotar el terror. Es urgente que el Gobierno, además de recomponer el consenso político resucite la unidad social en la respuesta al terror. Frente a la anestesia social que el Gobierno aplicó para que los españoles pudieran asumir episodios tan dolorosos durante el proceso de negociación como la excarcelación del asesino De Juana, es necesario recuperar el espíritu de rebeldía cívica que protagonizó hace ahora diez años la sociedad española tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Para recomponer este imprescindible consenso social lo más urgente es que el Gobierno inicie un proceso de reconciliación con las victimas del terrorismo a las que tanto ha ofendido en los últimos años.
