El Gobierno parece decidido a librar batalla contra los molinos de viento. Rodriguez Zapatero, cual desquiciado Alonso Quijano, cree ver a su adversario político detrás de cada institución social que se cruza en su camino. Por eso el Gobierno arremete con saña contra las victimas del terrorismo cuando legítimamente se oponen a una negociación con sus verdugos, descalifica a los padres de los alumnos cuando critican su reforma educativa o ataca sin cesar a la Iglesia católica porque cree ver en ella un mero apéndice del Partido Popular.
No hay mayor error político que equivocarse de adversario. Uno no puede gobernar en contra de la sociedad a la que representa. La confrontación democrática debe establecerse entre Gobierno y oposición, pero no entre Estado y sociedad civil. Pensar que detrás de cada organización social está la mano negra del Partido Popular es caer en una especie de paranoia política. La gente no se manifiesta porque lo ordene Mariano Rajoy, en todo caso es el PP el que en varias ocasiones se ha sentido arrastrado por la propia sociedad a salir a la calle.
Los socialistas han encontrado una sociedad civil más viva de lo que calcularon. Los ocho años de Gobierno de José María Aznar sirvieron también para fortalecer el protagonismo de la sociedad en la vida del país. La nuestra es por fortuna una sociedad dinámica y próspera en la que no son tantos los que viven del clientelismo político. Es también una sociedad más estructurada y más vertebrada que nunca en su historia. La gente se asocia para defender sus intereses y sus principios. Lo han hecho cada vez con más intensidad las victimas del terrorismo, lo hacen las familias, los agricultores, los padres de alumnos y miles de colectivos más. Ya no se trata sólo de los sindicatos tradicionales, sino que todo el mundo se asocia para defender sus derechos o sus ideas.
La estrategia del Gobierno es tratar de dividir y confrontar ese tejido social cada vez más potente. El caso más paradigmático es el de las victimas del terrorismo. El Gobierno ha tratado por todos los medios no sólo de enfrentar a las distintas asociaciones entre sí, en ocasiones otorgando trato de favor a las afines y marginando a las críticas, sino de dividir internamente a aquellas que no se pliegan a su voluntad. Es triste ver al supuesto Alto Comisionado para las Victimas del Terrorismo venir al Parlamento no a responder de sus propias responsabilidades, sino a tratar de meter cizaña dentro de la asociación mayoritaria.
Este principio del "divide y vencerás" se intenta aplicar también frente a las asociaciones de padres que han liderado la oposición a la nueva Ley de Educación. Primero se les descalifica y se les insulta y luego se pretende aparentar un dialogo y una negociación. El objetivo de todo ello es desactivarles, pero no escuchar una sola de sus reivindicaciones.
El chantaje al que pretende someterse a la Iglesia católica es aún más deleznable. Cada vez que la Iglesia se posiciona en contra de una reforma del Gobierno, no sólo se la insulta con desprecio llamándola casposa, retrograda o mentirosa, sino que sistemáticamente se le amenaza con retirarla toda subvención pública. En mi opinión, la financiación pública de la Iglesia está más que justificada por la impresionante labor social que realiza esta institución, pero si se quiere cambiar el modelo de financiación de la misma, que se haga por convicción, no por una mera represalia.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
