Resulta indignante que una izquierda que llegó al poder aupada en la movilización ciudadana en contra de la guerra de Irak se rasgue ahora sus escasas vestiduras democráticas cada vez que los ciudadanos salen masivamente a la calle para oponerse a un proceso de negociación con ETA que cada día más se percibe como una claudicación del presidente del Gobierno ante las exigencias de los terroristas. Las manifestaciones contra Aznar, que derivaron en muchas ocasiones en acciones violentas, eran para la izquierda que las promovía una expresión de democracia en estado puro, un sano ejercicio de ciudadanía y un ejemplo del compromiso cívico con la paz. Por el contrario, las movilizaciones contra Zapatero constituyen una peligrosa amenaza contra la democracia, un resurgir del franquismo y una inquietante derechización extrema del país. Es difícil encontrar un ejemplo más acabado de cinismo, hipocresía, desvergüenza e incoherencia política como el protagonizado por la izquierda española durante los tres años de Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Lo cierto es que la creciente movilización social que se opone al pacto con los terroristas está provocando un profundo desconcierto en el Gobierno. El PSOE piensa, o al menos le interesa decir, que esta movilización es una conspiración del Partido Popular para expulsarles del poder por medios antidemocráticos. La izquierda en su conjunto considera además que los millones ciudadanos que se echan masivamente a la calle en defensa de la Constitución del 78, de su libertad y de su Nación, son en realidad una mezcla de nostálgicos del franquismo y nuevos radicales de extrema derecha. Por último, el Gobierno reitera que las víctimas del terrorismo, como vanguardia de esta movilización, están siendo burdamente manipuladas por extraños intereses que sólo buscan hacerse con el poder.
Es un profundo error creer que el Partido Popular es el único o ni siquiera el principal responsable de la movilización ciudadana frente a la claudicación del Gobierno. Cualquiera que escuchara el pasado viernes a Fernando Savater, acompañado de un nutrido grupo de intelectuales, en su alegato frente al Ministerio del Interior, debería entender que este movimiento trasciende con mucho a unas siglas políticas o a unos meros intereses de partido. A diferencia del PSOE, el Partido Popular jamás ha sido un partido revolucionario. El PP nunca ha creído en otra forma de acceder al poder que no fuera su trabajo en las instituciones democráticas y su comparecencia en las urnas. Y su actual líder, Mariano Rajoy, enarbolando la bandera de la sensatez y el sentido común, tendría de hecho muy escaso futuro como líder de cualquier revolución pendiente. La diferencia es que frente a un Partido Socialista al que el poder le distancia cada vez más de la sociedad, el Partido Popular se encuentra en estos momentos más próximo a ella que nunca.
El segundo error del Gobierno es identificar estas movilizaciones con la extrema derecha. Muchos millones de ciudadanos, la mayoría social que hoy se opone a decisiones como la excarcelación de un asesino como De Juana Chaos o a la impunidad judicial de un terrorista como Otegi, se siente insultada por un Gobierno que identifica permanentemente esas opiniones con la extrema derecha o con posiciones antidemocráticas. Muchos millones de españoles, la mayoría que sigue sintiendo a España como su Nación, se consideran agredidos por una izquierda que considera que llevar una bandera de España es símbolo de ser un fascista. Muchos millones de españoles, que se han manifestado reiteradamente de forma pacífica y democrática para expresar su oposición a la claudicación del Gobierno ante los terroristas, se sienten amenazados por un Gobierno que los considera violentos antidemócratas que incluso pueden ser detenidos de forma ilegal por la policía. Es más, hay muchos socialistas sensatos y decentes, poco sospechosos de militar en la derecha extrema, que no sólo se manifiestan sino que incluso están liderando esta rebelión cívica en contra de las cesiones a ETA. El Gobierno, si no quiere escuchar, haría bien al menos en no descalificar a estos millones de ciudadanos que son cada vez una mayoría social más amplia en nuestro país.
Pero lo que me parece más cobarde, más ruin y más moralmente condenable de la reacción del Gobierno son sus ataques a las víctimas del terrorismo. Por mucho que hayan sufrido, las victimas no son unas enajenadas mentales incapacitadas para poder tener criterio en la lucha contra el terror; por el contrario, las víctimas han sido y deben seguir siendo nuestra referencia moral y la vanguardia en nuestro esfuerzo colectivo por derrotar a sus verdugos. Las víctimas del terrorismo no son tampoco marionetas manipuladas por ningún interés de partido, sino aquellos ciudadanos que tienen más derecho que nadie a exigir justicia y dignidad para quienes sufrieron en propia carne el zarpazo del terror. Si Zapatero ha pecado políticamente de temerario al iniciar su negociación con los terroristas sin un mínimo consenso político que lo sustente, moralmente está cayendo en la más absoluta ignominia por perseverar en este proceso pisoteando la dignidad de las víctimas.
Tengo el convencimiento de que sólo la rebelión cívica que se ha desatado en toda España podrá parar la cadena de claudicaciones irreparables de Zapatero ante los terroristas hasta el momento en que los españoles tengamos la oportunidad de cambiar en las urnas a este Gobierno. En un momento en el que los terroristas exigen poder presentarse a las próximas elecciones de mayo, resulta especialmente necesario intensificar esa oposición democrática para impedir que los terroristas vuelvan a ocupar las instituciones en el País Vasco y puedan financiarse con el dinero público para imponer sus fines totalitarios y seguir financiando sus métodos criminales. Nunca en su historia España ha vivido una rebelión más pacífica, más democrática ni más necesaria que la que se ha levantado ahora contra la claudicación de este Gobierno ante el terror.
