La estrategia de apaciguamiento diseñada por Zapatero está generando justo el efecto contrario al esperado por el presidente. El sector más duro de ETA, aquel partidario de seguir a toda costa con la actividad terrorista, ha sido fortalecido por la política de debilidad del Gobierno español, hasta el punto de permitirse expulsar a aquellos miembros de la organización que expresaron sus dudas sobre la viabilidad y la oportunidad de continuar con la actividad terrorista.
Por su parte, las voces que dentro de Batasuna reclamaban de forma discreta la necesidad de debilitar el frente terrorista para poder mantener el frente político, ante los devastadores efectos de la Ley de Partidos y del difunto Pacto por las Libertades, han sido también silenciadas y sometidas. Zapatero les ha venido a decir que es posible retornar a la vida política, a través del PCTV, sin necesidad de renunciar previamente a la violencia, como pedían algunos.
La firmeza del Estado democrático había conducido a muchos dentro de ETA a la desesperanza. Podían seguir matando inocentes, pero era seguro que no obtendrían la más mínima concesión de la democracia española. La eficacia del Estado de Derecho había conducido a su vez a muchos dentro de ETA a la desesperación. El terrorismo sólo servía para condenar a un grupo cada vez más numeroso de jóvenes vascos a consumir la mayor parte de su existencia entre rejas.
No es extraño que en esas circunstancias se elevaran autorizadas voces dentro del colectivo pidiendo el fin de la violencia terrorista y apostando por la vía política. Tampoco fue casualidad que dentro de Batasuna se escindieran aquellos que, compartiendo su ideario político, renegaran de la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos.
La decisión de Zapatero de iniciar el dialogo con los terroristas ha venido a quitar la razón a quienes defendían dentro de ETA el abandono de la lucha armada. Si ETA hubiera renunciado de forma previa y gratuita a la violencia terrorista hubiera perdido una baza fundamental con la que acudir ahora a la mesa de negociación a la que ha sido invitada por Zapatero. Algunos dentro de ETA podrían haberse creído abocados a la rendición incondicional, pero ahora la mayoría cree que se dan las condiciones para exigir determinadas contraprestaciones para cesar en su acción criminal.
La cuestión es saber si este recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA responde a una estrategia de elevar el precio ante la perspectiva de un futuro acuerdo con el Gobierno o si por el contrario estamos ante un triunfo más a largo plazo de las tesis de los pistoleros dentro de la organización. Mi impresión es que cuanto mayor sea la debilidad mostrada por el Estado más se prolongará la opción terrorista.
Una segunda cuestión es cuál sería el coste para Zapatero de un fracaso en este proceso de negociación. Frente a los que creen que el presidente ha dado este salto amparado por una tupida red de complicidad con la sociedad, creo que ZP pagaría un alto coste por este fracaso. Primero, porque en política no hay nada más peligroso que crear expectativas y luego frustrarlas. Segundo, porque en política los errores se pagan. Tercero, porque lo que ha movido a Zapatero a esta negociación no es tanto su ansia infinita de paz sino su ansia infinita de poder.
Existe también un escenario, quizá el más probable, de éxito parcial de la iniciativa. Así, Zapatero podría en última instancia lograr un acuerdo con aquella parte de ETA más partidaria del abandono de la violencia a cambio de generosas contraprestaciones. Quizá este sea el escenario más negativo para la sociedad española. Estaríamos pagando un elevado precio por una paz falsa. Sin embargo, este acuerdo parcial podría salvar la cara políticamente a Zapatero y podría suponer incluso un impulso político para al PSE en el País Vasco.
Ignacio Cosidó es senador del PP.
