La polémica generada por el ayuntamiento de Vic con su intención de no empadronar inmigrantes irregulares en su municipio ha puesto al descubierto las miserias de la política de inmigración socialista. Zapatero ha ejecutado en estos seis años en el poder una política de inmigración caótica e incompetente que puede terminar inoculando en la sociedad española, hasta ahora una de las más tolerantes de Europa, la enfermedad del racismo y la xenofobia.
La política de inmigración de los gobiernos de Zapatero se ha movido entre la consigna del "papeles para todos" de Caldera a las detenciones masivas e indiscriminadas de extranjeros ordenadas por Rubalcaba. Primero se generó un "efecto llamada" que convirtió a España, con gran diferencia, en el país europeo con más inmigración clandestina y después se ha practicado la caza al inmigrante estableciendo cupos de detenciones de extranjeros que las comisarías de policía estaban obligadas a realizar. No cabe mayor contradicción en un mismo Gobierno.
Ese caos ha provocado un serio problema de inmigración ilegal del que el Gobierno no quiere enterarse. Nada es más contraproducente para la integración de un inmigrante que su entrada ilegal en el país de acogida. En España el 90% de los inmigrantes que han llegado en los últimos seis años lo han hecho de forma ilegal. Ahora este flujo migratorio se ha ralentizado como consecuencia de la profunda crisis económica que sufrimos, pero son muy escasos los inmigrantes que deciden regresar a sus países de origen, aunque se encuentren en paro en el nuestro, y la situación que se vive en muchos países africanos y en otras partes de este mundo cada vez más global seguirá empujando en el futuro a miles, sino millones de sus habitantes a intentar desesperadamente acceder al territorio de la Unión Europea.
A esta política incoherente e indefinida de inmigración, se une la habitual incompetencia del Gobierno de Zapatero en toda su gestión pública. Así, un deficiente control de nuestras fronteras hace que se cuelen cada año de forma clandestina cientos de miles de inmigrantes ilegales a nuestro territorio. Una vez en España, muchos de ellos serán detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero sólo una pequeña proporción serán expulsados a sus países de origen, mientras que la gran mayoría se queda en una especie de limbo jurídico con una orden de expulsión en el bolsillo pero residiendo de forma indefinida en nuestro país.
El problema se lo traspasa entonces el Gobierno a nuestros ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Los municipios están obligados a empadronar a esos inmigrantes aunque se encuentren en situación ilegal y las administraciones autonómicas tendrán que sufragar los gastos de educación, sanidad y atención social de todos ellos sin recibir a cambio compensación alguna por parte del Gobierno central, que es quien tiene la responsabilidad de haberlos dejado entrar. Sería urgente que el Gobierno dictase una normativa común en materia de empadronamiento que evitara el fraude, pero al que al mismo tiempo garantizara la igualdad de derechos de todas las personas en todos los municipios.
Vic es sólo un primer aviso, pero en los próximos meses vamos a tener un debate cada vez más agrio sobre inmigración. Hasta ahora los inmigrantes habían accedido principalmente a aquellos puestos de trabajo que los nacionales rechazaban, pero con más de cuatro millones de parados la competencia por esos empleos no cualificados será cada vez mayor. Por otro lado, la disminución de ingresos de las administraciones públicas someterá a una creciente tensión los servicios básicos que prestan a los ciudadanos. La ausencia de una verdadera política de inmigración y la incompetencia del Gobierno para gestionar el problema puede provocar que aumente en nuestra sociedad el rechazo al inmigrante. En realidad, de la izquierda buenista a la izquierda xenófoba hay tan sólo un paso: el de su interés electoral.